España se enfrenta a una semana clave en la crisis por el independentismo en Cataluña

El independentismo catalán inició este lunes una semana decisiva en su enfrentamiento con el gobierno de Mariano Rajoy con llamamientos a la desobediencia y a declarar la secesión, después de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para controlar la región, que serán debatidas en el Senado el viernes ante los reclamos de algunos sectores de que la región proclame ya la secesión.

Después del rechazo durante el fin de semana a esas medidas -que incluyen el cese del presidente (Carles Puigdemont), el vicepresidente (Oriol Junqueras) y de los consejeros del gobierno regional (la Generalitat)- al amparo de un artículo de la Constitución que no se había utilizado nunca, la semana comienza con más tensión.

Un partido independentista de extrema izquierda en Cataluña hizo un llamado el lunes a una "desobediencia civil masiva" en la región tras la decisión sin precedentes del gobierno de España de activar el artículo 155 de la Constitución que permite al ejecutivo central intervenir en el funcionamiento de la región.

En su anuncio, la CUP (Candidatura de Unidad Popular), que es un aliado clave en el parlamento regional para la coalición gobernante minoritaria, de tendencia secesionista, describió la acción del Ejecutivo, como la "mayor agresión contra los derechos civiles, individuales y colectivos del pueblo catalán", desde la dictadura de Francisco Franco, que murió en 1975.

"La CUP-CC quiere poner de manifiesto, en esta semana crucial" que "la declaración de la república está plenamente legitimada" y "apostamos porque el Parlamento la haga cuanto antes", afirmó el partido de extrema izquierda en un comunicado.

La formación señaló que la iniciativa de Madrid será respondida con desobediencia civil como una forma de resistencia no violenta y dijo que más tarde en la semana ofrecerá más detalles sobre el tipo de acciones a llevar a cabo.

Reunión clave

Los partidos independentistas en Cataluña propusieron este lunes un pleno parlamentario el jueves para "analizar la agresión institucional" que según ellos supondría la intervención de la autonomía regional que prepara el gobierno español, informó el portavoz de la mayoría parlamentaria.

"El pleno, que es soberano, determinará qué respuesta como país tenemos que dar a esta decisión del gobierno", dijo Lluis Corominas, en declaraciones recogidas por AFP.

En esta sesión los diputados catalanes podrían declarar la independencia, apoyándose en los resultados del polémico referéndum celebrado el 1 de octubre, que fue declarado inconstitucional y según datos del gobierno regional participaron 2.2 millones de personas (el censo es de 5.3 millones), de las cuales el 90% se mostró partidaria de la independencia.

El presidente de la región, Carles Puigdemont, pidió el sábado a la cámara que convocara un debate y se vote sobre cómo responder al plan del ejecutivo central de tomar control directo sobre la región.

Su discurso fue visto como una amenaza velada de formalizar la ambigua declaración que hizo a principios de mes en el parlamento regional sobre la independencia que, según dijo, quedó en suspenso para dar tiempo a negociaciones con el Ejecutivo.

Sin embargo, el gobierno de Rajoy considera que el diálogo no es posible siempre que la independencia siga sobre la mesa. (El Ejecutivo español ha recibido el respaldo de la Unión Europea, ante el temor de que despierten otros movimientos similares en otros países, pero también llamados a que se produzca esa negociación).

El gobierno central pretende dirigir de forma temporal la región desde Madrid para "reestablecer la legalidad" y convocar elecciones regionales en un plazo de seis meses. Esto podría incluir toma de control de la policía catalana, los medios de comunicación públicos y todos los departamentos de la administración regional, lo que ha despertado rechazo en la región.

El tiempo juega en contra pero todavía hay espacio esta semana de llegar a una solución antes de que se apliquen las medidas.

En declaraciones a la prensa el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo este lunes que "se podrían cambiar las medidas que el Gobierno ha solicitado a la vista de los cambios que se pudieran producir en las circunstancias actuales", señaló instando a las autoridades locales a renunciar al proceso independentista.