CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado martes por la noche autoridades mexicanas rescataron a 14 trabajadores de la salud que fueron secuestrados en la Ciudad de México luego de hospedarse en dos hoteles como parte de un programa que aloja a trabajadores sanitarios que luchan contra el covid-19. Pese a que las víctimas se encuentran a salvo, los hechos han encendido las alarmas sobre los delitos, agresiones y discriminación de los que han sido víctimas los miembros de este sector durante la pandemia de coronavirus.
Discriminación, insultos y agresiones físicas: lo que enfrentan los trabajadores sanitarios que luchan contra el coronavirus en México
El caso de los médicos secuestrados ha sido el último de una larga lista de agresiones contra trabajadores sanitarios documentadas por las autoridades desde el inicio de la pandemia en México. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido 159 quejas relacionadas con el covid-19.


El caso de estos médicos ha sido el último de una larga lista de agresiones que han sido documentadas por medios de comunicación y autoridades desde el inicio de la pandemia en México, a finales de febrero pasado.
Los ataques van desde negarles el acceso al transporte público, centros de alimentos y vivienda, hasta agresones físicas contra trabajadores sanitarios. Además, han sufrido señalamientos como “eres un foco de infección”, “estás contaminado” o “eres el covid”.
Hasta el 27 de abril se registraron en México al menos 47 ataques contra trabajadores sanitarios, particularmente enfermeras, pero también médicos y de intedencia, según las últimas cifras oficiales difundidas por el gobierno, pero las propias autoridades han reconocido que el problema es mucho mayor que los casos reportados ya que hay muchos incidentes que no son denunciados.
El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación ha recibido 159 quejas relacionadas con covid-19, dentro de estas, destacan personal médico, personal de limpieza y personas diagnosticadas con SARS-CoV2.
De acuerdo con el informe “ El costo de curar: Los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el covid-19 y más allá”, realizado por Amnistía Internacional y que hace un análisis de la situación en el continente, alerta sobre la “estigmatización, ataques físicos, amenazas de muerte y denegación de uso de transporte público en México.
Una de esas agresiones no reportadas ante las autoridades fue la que sufrió Gabriela Corona, una residente de 25 años que labora en el Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, de la Ciudad de México, quien se quedó sin hogar debido a que la propietaria de la casa donde rentaba, le pidió no regresar más al enterarse que trabajaba en un lugar donde atienden a pacientes con covid-19.
“Cuando la señora se enteró de que en el hospital donde trabajo ya se atendía a pacientes con covid-19, me dijo que por favor ya no fuera a la casa. Le dije qe no tenía otro lugar a donde ir porque yo soy del estado de Oaxaca (en el sur de México). Pidió que me fuera unos días”, relató Corona.
Luego de que la doctora estuvo dos semanas fuera de su hogar, llamó a la dueña de la casa para preguntar si podía regresar, pero le dijo que no podía volver más y que “de preferencia ni siquiera fuera por sus cosas”.
“Me dijo, por favor ya no quiero que vengas, mejor manda a alguien por tus cosas. Y le dije que en el hospital teníamos muchos protocolos, pero me pidió que me fuera. Al final accedió a que fuera por mis cosas, pero en cuanto salí le dijo a sus trabajadores que cerraran el cuarto y echaran algún líquido. Yo le dije a los trabajadores que no tenía nada. A las otras chicas que viven ahí, y que son mis amigas, les prohibió que salieran a verme”, relató.
Corona tardó varias semanas en encontrar una casa donde rentar e incluso, según señala, desarrolló cierto miedo a decir que era médico para evitar ser rechazada. Dice que en uno de los lugares en renta que visitó, una persona le preguntó “¿qué tanto riesgo de infección tienes?”. Al final logró encontrar un cuarto en un inmueble donde la dueña es enfermera.
Lina Larios, bióloga que trabaja desde hace 35 años en el departamento de microbiología clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), señaló que existe mucha presión al trabajar dentro de un ambiente en el que solo se atienden pacientes con covid-19, la mayoría de ellos intubados a un respirador artificial. Y, aunado a ellos, también ha escuchado historias de personas que tienen "incidentes” fuera del hospital.
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“En mi experiencia, una ocasión cuando fui a visitar a mi hija, tiene una vecina que sabe que trabajo en el INER, cuando la señora me vio, se hizo para atrás, se asombró y trató de no pasar por donde estaba. Mi hija tuvo que decirle que no se preocupara, que yo tomo todos los protocolos necesarios para no contagiar a nadie”, contó Larios.
El análisis Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por covid-19, publicado por la Secretaría de Gobernación de México, documentó que el 80% de las agresiones se dirigen a personal de enfermería, y la mayoría son mujeres, con el 70% de las agresiones registradas.
El documento señala que el patrón común es rociar a la persona con algún líquido de limpieza (frecuentemente cloro), así como negar acceso a unidades de transporte público o comercios. Las más graves, aunque puntuales, incluyen amenazas de muerte, una de ellas con arma de fuego.
Sin embargo, solo en tres de los eventos denunciados los responsables ha sido detenidos y vinculados a proceso.
Las autoridades locales en distintos estados mexicanos han comenzado a establecer sanciones y multas que van de penas de hasta ocho años de cárcel a multas por 26,064 pesos (1,120 dólares). Entre los estados que han anunciado medidas se encuentra Jalisco, Tlaxcala, Colima, Oaxaca y Yucatán.
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