¿Se irá LUMA Energy? Gobierno de Puerto Rico documenta incumplimientos y agravamiento de apagones

El gobierno activó un proceso legal que podría terminar con la salida definitiva de LUMA Energy del sistema eléctrico. En el último trimestre del año fiscal 2024-2025, aumentaron en 12% la duración de apagones.

Por:
Univision
A esta hora menos del 20% de los clientes en Puerto Rico ha recuperado el servicio de energía tras los apagones masivos. De acuerdo con Luma Energy, se espera que entre las próximas 48 a 72 horas el 100% de las personas en la isla recupere la energía eléctrica. No dejes de ver: En un minuto: Masivo apagón en Puerto Rico vuelve a dejar la isla sin electricidad.
Video Estas son las posibles razones que causaron el apagón masivo en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico.- El gobierno de Puerto Rico dio lo que podría ser el primer paso formal para cancelar el contrato con LUMA Energy, la empresa a cargo de la transmisión y distribución eléctrica en la isla, por presuntas violaciones a sus obligaciones contractuales. Así lo notificó el lunes Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas ( AAPP), mediante una comunicación dirigida a la empresa.

En la misiva de 81 páginas enviada al presidente de LUMA, Juan Saca, Colón detalló seis áreas críticas en las que, según el gobierno, la empresa ha incumplido. Entre ellas se encuentran el manejo inadecuado de fondos federales destinados a la reconstrucción, deficiencias en el mantenimiento de vegetación cerca de líneas eléctricas, lo que se vincula con apagones masivos de años recientes, y la falta de información clave para completar auditorías financieras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

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También se le imputa a LUMA no garantizar ingresos suficientes para la operación sostenible del sistema eléctrico, no realizar cobros por el uso de postes por parte de compañías de telecomunicaciones y un incremento en la duración de las interrupciones del servicio eléctrico, que en el último trimestre del año fiscal 2024-2025 subieron un 12%.

El gobierno de Puerto Rico no subsidiará más la incompetencia o la resistencia. Los puertorriqueños merecen un operador que mantenga las luces encendidas, respete los fondos públicos y obedezca el contrato que firmó”, sentenció Colón en su comunicación.

¿Qué sigue en el proceso de terminación de contrato con LUMA Energy?

Este proceso se enmarca en el Artículo 15 del Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA), que regula la relación entre la AAPP y LUMA. Según este mecanismo, se abre un período de 30 días de negociación entre las partes. Si no se alcanza un acuerdo, el conflicto debe ser evaluado por un “experto técnico”, cuyo dictamen se emitirá entre 60 y 120 días y será considerado final y vinculante.

La AAPP ha advertido que, si LUMA no corrige cada una de las violaciones señaladas, está lista para ejercer el “último remedio”: la terminación anticipada del contrato. En ese escenario, la AAPP organizaría una transición financiada por LUMA hacia un operador sustituto calificado, con el objetivo de proteger el interés público y restaurar la rendición de cuentas en el sistema energético.

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Cabe destacar que la cancelación definitiva del contrato requiere, en la mayoría de los casos, la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal y del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Solo se podría prescindir de este paso en situaciones excepcionales, como una declaración de bancarrota por parte de LUMA o sus matrices, o la comisión de violaciones al Código Anticorrupción.

Hasta el momento, LUMA no ha emitido una reacción oficial al anuncio. La empresa presentó el lunes su más reciente informe operativo ante el NEPR, en el cual no se mencionaron las acusaciones detalladas por la AAPP.

La cancelación del contrato con LUMA fue una de las principales promesas de campaña de la gobernadora Jenniffer González, quien ha sido crítica del desempeño del consorcio desde su llegada al poder.

¿Cuál es la historia de LUMA Energy?

LUMA Energy es un consorcio privado formado por las empresas Quanta Services (EE. UU.) y ATCO (Canadá), con el respaldo de IEM (Innovative Emergency Management, empresa de gestión de emergencias y recuperación de desastres), creado específicamente para administrar el sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico. La

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), conocida como PREPA en inglés, enfrentó una crisis financiera con una deuda de $9,000 millones y problemas operativos agravados tras el huracán María en 2017, que dejó a la isla sin electricidad durante meses. En respuesta, el gobierno de Puerto Rico, bajo la presión de la Junta de Control Fiscal y tras la aprobación de la Ley 120-2018, permitió la privatización de los activos y servicios de la AEE.

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El 22 de junio de 2020, tras un proceso de licitación en el que participaron cinco empresas (cuatro presentaron propuestas), LUMA Energy fue seleccionada para operar la red eléctrica bajo un contrato de 15 años valorado en $1,500 millones, financiado con fondos federales. La transición operativa comenzó el 1 de junio de 2021, mediante una Asociación Público-Privada (APP) con la AEE y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3A).

LUMA asumió la gestión de la transmisión, distribución, facturación y servicio al cliente, mientras que la AEE mantuvo el control de la generación de energía. La empresa se registró formalmente en Puerto Rico en enero de 2020 como LUMA Energy ManageCo, LLC, y fue renombrada como LUMA Energy, LLC en junio de 2020.

El Gobierno de Puerto Rico, liderado por la gobernadora Jenniffer González Colón, ha prometido revocar la concesión de distribución eléctrica a LUMA Energy en al menos dos ocasiones clave en 2024, reflejando el descontento generalizado con el desempeño de la empresa, caracterizado por apagones frecuentes, altos costos y falta de progreso en la modernización del sistema eléctrico.

Según datos del Negociado de Energía de Puerto Rico, han aumentado los minutos sin energía (1,268 minutos en el primer año de LUMA frente a 1,243 bajo la AEE). Además, el contrato de LUMA ha sido cuestionado por su opacidad y falta de penalizaciones, y en octubre de 2024, el Colegio de Abogados recomendó su anulación.

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