SAN JUAN, Puerto Rico.- El director ejecutivo de la junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico, Robert Mujica Jr., declaró que es “imposible” que el territorio pague los $8,500 millones que exigen los acreedores en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Según Mujica, el gobierno solo puede ofrecer $2,600 millones, un monto significativamente menor al reclamado por los bonistas.
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La AEE enfrenta una crisis financiera y eléctrica, con una deuda de $9,000 millones y una infraestructura deteriorada que requiere inversión urgente. El nuevo plan fiscal de la junta de control no contempla por el momento aumentos en las tarifas eléctricas, pero las negociaciones con los acreedores siguen sin resolverse.
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UnivisionRicardo Ramos deja su cargo luego de varios cuestionamientos a su labor durante la emergencia por el paso del huracán María, entre ellos la contratación de la empresa Whitefish por 300 millones de dólares para reparar el servicio eléctrico.
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La declaración se dio en el marco de la presentación de un nuevo plan fiscal solicitado por un juez federal. Este plan no contempla aumentos en las tarifas de electricidad para reducir la deuda de más de $9 mil millones de la AEE, aunque proyecta gastos superiores a los del plan fiscal previo.
El caso de quiebra de la AEE es el último pendiente desde que Puerto Rico declaró en 2015 su incapacidad de pagar más de $70,000 millones en deuda pública, lo que llevó a la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos en 2017. Según economistas, la falta de resolución ha afectado el desarrollo económico de la isla y desalentado a posibles inversionistas.
Mujica enfatizó que es fundamental cerrar este caso. “Esto ha durado demasiado tiempo”, señaló. “Es importante salir de esta situación”.
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Una infraestructura eléctrica colapsada
El sistema eléctrico de Puerto Rico atraviesa una crisis prolongada con apagones constantes, problema que se agravó tras el paso del huracán María en 2017. Sin embargo, la red ya estaba en condiciones precarias debido a años de falta de inversión y mantenimiento.
Mujica señaló que cualquier ingreso debería dirigirse a mejorar la infraestructura en lugar de pagar a los acreedores. “ El sistema necesita inversión. Los puertorriqueños merecen una red confiable”, subrayó.
El funcionario advirtió que, si el gobierno aceptara las demandas de los bonistas, la tarifa eléctrica podría aumentar hasta ocho centavos por kilovatio-hora, algo que considera inviable dada la carga financiera que ya enfrentan los consumidores.
El ofrecimiento de $2,600 millones, que supone una reducción del 80% de la deuda de la AEE, ha sido aceptado por el 44% de los acreedores y un tercio de los bonistas. No obstante, todavía queda un largo camino en las negociaciones.
Por otro lado, Luma Energy, la compañía encargada de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, estima que se requieren $25,000 millones en fondos federales hasta el año fiscal 2034 para restaurar la red eléctrica. De los $17,000 millones prometidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), solo se han desembolsado $3,200 millones.
Mujica alertó que la red se está deteriorando más rápido de lo que se está invirtiendo en su reparación. Mientras las negociaciones con los acreedores continúan, la incertidumbre sobre el futuro del sistema eléctrico y su financiamiento sigue siendo una preocupación clave para Puerto Rico.
Con información de AP.
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