Una acción judicial avanza contra la Junta de Supervisores del condado de Orange, alegando que los supervisores violan la Constitución al restringir los comentarios públicos que se hacen en el panel.
Demanda contra Junta de Supervisores de Orange alega presunta censura de comentarios públicos
Una jueza permitió seguir con una acción judicial contra los supervisores del condado por supuestamente no dar el mismo tiempo de comentario público a las críticas que a los respaldos.
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En su nuevo fallo, en un caso actualizado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la jueza de la Corte Superior, Sheila B. Fell, encontró que los demandantes " alegaron hechos suficientes" para demostrar que las restricciones al discurso en las reuniones de los supervisores deben "ser razonables y neutrales.“
“La falta de orientación o norma para que el presidente decida si concede el permiso (a hablar ante la junta) hace que la regla sea irrazonable y, como tal, inconstitucional", dijo la jueza.
El caso fue presentado por la ACLU en nombre de un grupo de defensores de desamparados, el Grupo de Trabajo para Personas sin Hogar, en donde se asevera que los supervisores imponen los límites de tiempo de palabra más estrictamente contra las personas que los critican.
¿Qué pasó en la Junta?
En una reunión en 2017, la supervisora Michelle Steel, en su primera reunión como presidenta de la junta directiva, recibió críticas por dejar que algunos ejecutivos de corporaciones hablen durante aproximadamente el doble de tiempo que el que permitió a los defensores de los desamparados y los trabajadores del condado.
El año pasado la jueza Fell dijo que la Junta probablemente estaba violando la ley con una norma que prohíbe a la gente que hace comentarios dirigir preguntas a los supervisores del condado o dirigirse a los supervisores por su nombre a menos que tengan permiso.
La jueza también dijo que había pruebas demostrando que la Junta concedió permiso a los comentaristas públicos para dirigirse a supervisores individuales solo si los estaban felicitando, mientras que se denegó el permiso a los comentaristas críticos con la junta. “ Eso es probablemente inconstitucional,” escribió Fell.
La actual página de internet todavía dice que los miembros del público no pueden dirigir sus comentarios al personal o a un miembro específico de la junta, a pesar del fallo.
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