Organizaciones piden ayuda económica para trabajadores indocumentados en Texas

Los trabajadores indocumentados de Texas, el 8% del total de la fuerza laboral del estado, están en una contradicción. Su trabajo, mayoritariamente en la construcción, limpieza y agricultura, es considerado “esencial” por el gobierno estatal en plena pandemia: el mismo estatus de un congresista. Pero no recibirán ni un centavo de la histórica ayuda que el Congreso de EEUU ha destinado para atender la emergencia del coronavirus.

Cerca de 1.6 millones de indocumentados trabajan en Texas, de acuerdo con el Migration Policy Institute y el Pew Research Center. El 8.2% de la fuerza laboral del estado no tiene documentos legales para trabajar en EEUU, casi el doble de la media nacional (un 4.8%).

Muchos de los negocios que el gobierno estatal considera esenciales en medio de la emergencia, como la construcción, los restaurantes, la agricultura y los servicios de limpieza, se valen de la mano de obra indocumentada para salir adelante.

Abusos contra indocumentados

Esto impacta en la salud de trabajadores latinos que se ven obligados a dejar sus hogares sin acceso a salud pública ni ayuda federal por no contar con documentos que acrediten su estancia legal en Estados Unidos.

Organizaciones que apoyan a los trabajadores sin papeles han advertido del incremento de denuncias por las condiciones en que muchos empleados sin documentos están siendo obligados a ir a sus centros de empleo.

Fernando Garcia, director ejecutivo de la organización Border Network for Human Rights, con sede en El Paso, dijo al Texas Tribune que su oficina ha recibido un número inédito de denuncias a raíz de la pandemia.

“Es todo muy confuso. [Los trabajadores indocumentados] no solo tienen miedo de enfermar por el coronavirus, sino que también enfrentan una terrible e incierta situación financiera”, comentó.

La situación es igual de incierta para las familias donde conviven miembros que residen legalmente en EEUU y personas que no tienen los documentos necesarios. Unos 2.7 millones de texanos tienen al menos un familiar sin papeles, de acuerdo con cifras del Center for American Progress.

Una familia con miembros de distinto estatus migratorio que envíe una declaración de impuestos conjunta no puede aspirar a recibir la ayuda federal, de acuerdo con datos de la firma Texas Rio Grande Legal Aid, que auxilia de forma gratuita a trabajadores indocumentados.

Un objetivo difícil

Legisladores demócratas del congreso estatal y organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes en el estado han pedido que se incluya a los inmigrantes indocumentados en las ayudas.

El sindicato Service Employees International Union (SEIU), que agrupa a dos millones de personas, lanzó el programa Protect All Immigrants (Protejan a todos los inmigrantes) la semana pasada. El objetivo es “asegurar la salud y seguridad financiera de los trabajadores inmigrantes durante la pandemia del coronavirus”, según el comunicado.

En El Paso, las organizaciones locales han comenzado a aumentar la presión sobre el gobierno estatal. La Border Network for Human Rights, junto con la diócesis de de esa ciudad, han pedido a los líderes locales que busquen la forma de dar ayuda financiera a los trabajadores sin documentos, cuyo trabajo esencial por las autoridades.

Pero que Texas repita una medida como la que impuso California, donde el gobernador demócrata Gavin Newsom anunció la creación de un fondo de $125 millones de dólares para los trabajadores indocumentados, se ve difícil.

El gobierno texano, controlado por los republicanos, ha promovido el endurecimiento de las leyes que castigan a los indocumentados y el fortalecimiento de la frontera con México para prevenir la llegada ilegal de inmigrantes.