Los residentes de California votarán el 3 de noviembre la iniciativa (SB10) para decidir si se revoca la ley que cambió el modelo de libertad bajo fianza por un sistema que evalúa los riesgos de fuga de los detenidos.
Por qué las compañías de fianzas en California buscan revocar una ley que beneficia a los sospechosos en espera de juicio
En Estados Unidos los montos de las fianzas varían según el estado y el condado, pero se estima que las más altas superan los 10,000 dólares para delitos graves y 2,000 dólares para delitos menores. Sin embargo en la mayoría de los casos las personas con bajos recursos no está en condiciones ni de pagar las "más económicas".

La medida de evaluación de riesgos fue promovida por Jerry Brown, quien fue dos veces gobernador de California. Esta se consolidó en el último año de su segundo mandato (que duró de 2011 a 2019) y fue impulsada con el argumento de que las personas más pobres están en desventaja de salir de la cárcel mientras se resuelven sus acusaciones.
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Los más afectados por esta modificación fueron los agentes de fianzas, quienes se opusieron en su momento y actualmente han vuelto a impulsar la votación contra el sistema vigente. Estos empresarios suelen financiar el pago del monto requerido por las autoridades para liberar a las personas y a cambio cobran un interés que puede ser de un 10% de la fianza.
Por motivos diversos, grupos de derechos civiles como Human Rights Watch también se oponen al sistema de evaluación de riesgos, pues argumentan que el sistema deja a discreción de los jueces quién merece estar en libertad y quién no y que la pobreza puede ser un factor que influya en contra de las personas que cometieron un delito.
A nivel nacional, los montos de las fianzas varían, pero se estima que las más altas superan los 10,000 dólares para delitos graves y 2,000 dólares para delitos menores, pero en la mayoría de los casos las personas no está en condiciones de pagar ni siquiera los montos más bajos.
Según un reporte de Prison Policy Iniciative (PPI), un organismo que estudia y publica información sobre asuntos penitenciarios, en los estados donde aún está vigente la libertad bajo fianza, las personas que tienen recursos económicos pueden abandonar la prisión en cuestión de días u horas, sin embargo, quienes no la tienen pueden quedarse tras las rejas hasta el día de su juicio.
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Adicionalmente, las personas que viven en pobreza son más propensas a reincidir y su permanencia en la prisión suele empeorar su situación, indicó.
“Al menos 1 de cada 4 personas que van a la cárcel serán arrestadas nuevamente dentro del mismo año, a menudo aquellas que se enfrentan a la pobreza, enfermedades mentales y trastornos por consumo de sustancias, cuyos problemas solo empeoran con el encarcelamiento”, refirió PPI en un informe del 2020.











