Abogados de inmigración temen “represalias” del gobierno por defender a los inmigrantes en corte

La falta de equidad en el debido proceso migratorio tiene alarmados a los abogados de inmigración. Por una parte, advierten que el gobierno tiene poderes ilimitados para juzgar su trabajo sin que ellos puedan refutar señalamientos. Por otra, temen que al cuestionar el desempeño de un juez durante un juicio, puedan sufrir represalias que dañen sus carreras.

Los temores fueron expresados en una carta que el director de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), Ben Johnson, le envió el viernes —a nombre de los más de 15,000 miembros de la entidad— al director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), James McHenry.

Johnson advierte que AILA siente una “grave preocupación por el desequilibrio continuo en la evaluación y trato” a los abogados por parte de la EOIR.

El Departamento de Justicia (DOJ) justifica sus evaluaciones a los abogados en un memorando fechado el 18 de diciembre del año pasado y que se titula "Informe interno de la posible asistencia ineficaz de asesoramiento y mala conducta profesional".

AILA afirma que la política dictada por el gobierno está dirigida solo a cuestionar al abogado de inmigraci´ón, pero no contempla la posibilidad de que los defensores e incluso los fiscales refuten el desempeño de los demás actores dentro del debido proceso migratorio, sobre todo cuando existen argumentos legales para defender a un cliente.

La asociación “considera que es una parte integral de nuestro propósito velar contra el comportamiento no ético, asistencia ineficaz y conducta poco profesional”, dice Johnson en la misiva. Y subraya que la entidad permanentemente ofrece a los abogados afiliados "cientos de horas de educación legal, tutorías, recursos éticos y orientación", para prepararlos tanto en su rol de defensores de clientes como de funcionarios en la corte.

Equidad judicial

En otra parte de la misiva, Johnson señala que “compartimos su creencia de que los profesionales legales deben mantener los más altos estándares éticos, pero en un tribunal eficiente los procedimientos no pueden existir si solo se responsabiliza a un solo lado de la sala del tribunal y no se lleva a cabo ningún proceso significativo”. Lo dice porque actualmente no existe un lugar para presentar quejas contra los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Johnson le recordó al director de la EOIR que el 19 de marzo de ese año, dos meses después de la publicación de las reglas de evaluación, AILA manifestó su preocupación por "la falta de paridad" en el tratamiento de la mala conducta de los abogados privados versus los del gobierno, que son los fiscales: “Si bien el reglamento establece un elaborado esquema disciplinario con estándares de conducta muy específicos para los profesionales privados, el problema de la mala conducta de los abogados del gobierno se encuentra relegado”, indicó.

“Ciertamente creemos que la gran mayoría de los abogados del gobierno son competentes y actúan de manera justa y profesional. Sin embargo, también es cierto que hay ocasiones en que los abogados del gobierno muestran una conducta ofensiva o de otra manera desagradable, además de que algunos abogados del gobierno, en ocasiones, se han comprometido en un comportamiento frívolo”, señala la misiva.

La asociación reitera que, si el gobierno justifica la evaluación de los abogados privados bajo las normas de conducta vigentes anteriormente, las del 20 de enero de 1998, “ciertamente” también debería estar garantizado el mismo proceso para los abogados del gobierno.

Quejas vigentes

Johnson escribe en la carta que AILA confía en que los estándares de conducta de la Oficina de Responsabilidad Profesional sean equitativos para todas las partes del proceso, porque de lo contrario colocan a la defensa y sus clientes "en un juego desigual e inclinan la balanza incorrectamente, socavando la justa administración de justicia".

"A menos de que haya otra nota equivalente sobre la disciplina de los abogados del DHS que no se haya hecho pública, esto parece ser un ejemplo de sesgo dentro del sistema judicial", puntualizó Johnson. "Además, el proceso por el cual un juez de inmigración puede presentar una queja contra un profesional ignora la posibilidad de represalias", advierte.

AILA precisa que aunque actualmente un abogado puede presentar una queja contra un juez de inmigración, el proceso disciplinario "sigue siendo confuso, secreto, informal y consiste únicamente en una revisión interna de la agencia, libre del escrutinio público". Por eso consideran que si no hay transparencia en el proceso de reclamos ante el comportamiento de un juez de migración, existe el riesgo de que los abogados sean reprendidos por haberse quejado.

Cuando las reglas de evaluaciones se promulgaron inicialmente y se revisaron en 2008, la vaga naturaleza de muchos de los motivos enumerados para disciplinar, dificultaba que los abogados conocieran los límites impuestos por el tribunal y facilitaba que los jueces usaran esa vaguedad para su ventaja en la corte, indica Johnson.

“Uno de esos motivos vagos prohíbe a un abogado involucrarse en un comportamiento frívolo para causar demoras innecesarias, incluso presentar argumentos o mociones”, especifica la carta. AILA teme que dentro del sistema vigente el gobierno utilice las acciones legales emprendidas por un abogado para acusarlo de tener un “propósito impropio” y con ello limitar las posibilidades de ayudar a los clientes en la batalla por permanecer legalmente en el país.

Johnson también se pregunta si bajo los cambios ordenados por el exfiscal general, Jeff Sessions (despedido en noviembre del año pasado por el presidente Donald Trump), que un abogado solicite a la corte la cancelación administrativa de un caso puede llevar a un abogado a juicio “por cometer un acto frívolo y por tanto un comportamiento poco ético”.

El mismo Johnson se responde: “Es una preocupación válida, ya que gran parte de este memo puede leerse como una amenaza legal para los abogados que luchan con entusiasmo por defender a sus clientes en una corte”. Y agrega: “Es totalmente inapropiado emitir este memo de un solo lado a la luz del desequilibrio estructural creado para disciplinar a los abogados privados, mientras guardan silencio sobre los abusos de los abogados litigantes del DHS”.

Lluvia de preocupaciones

La asociación dice que también preocupa el sistema de cuotas impuesto el año pasado por el gobierno a los jueces de inmigración, debido a que “estas reglas pueden ser utilizadas para intimidar a los abogados (privados) que están representando celosamente a sus clientes”.

En abril de 2018, el Departamento de Justicia comunicó a los jueces de inmigración que debían resolver un mínimo de 700 casos al año para recibir evaluaciones satisfactorias. Con esta decisión, el gobierno de Donald Trump buscaba descongestionar los tribunales de inmigración. AILA alegó en diciembre que esto afectaría el debido proceso para los inmigrantes.

“Luego de eliminar la autoridad de los jueces de inmigración para continuar, cerrar, terminar o desestimar los casos a través de una serie de decisiones que sentaron precedentes, el fiscal general implementa una política que obligará a los jueces a elegir entre garantizar la justicia o perder sus empleos”, dijo Anastasia Tonello, presidenta en turno de AILA, el día en que entró en vigor el sistema de cuotas.

“Con un reloj que constantemente pasa sobre sus cabezas, los jueces no pueden emitir decisiones bien razonadas que ponderen cuidadosamente los hechos y la ley aplicable en el caso de cada persona”, agregó.

La totalidad de los cambios ordenados por Sessions forman parte de la política de 'tolerancia cero' que el presidente Donald Trump prometió a sus electores durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca. "Esta política socava aún más el debido proceso y el principio de independencia judicial, y someterá a los inmigrantes que acudan a la corte esperando la imparcialidad, a un sistema similar a una línea de montaje", precisó AILA.

La entidad también dijo que cientos, quizás miles de casos que habían sido cerrados administrativamente y ahora abiertos por orden del gobierno, están siendo cambiados de fecha para volver a juzgarlos, esta vez con el propósito de concluirlos con una orden final de deportación.