Cuidado con las estafas si calificas para cerrar o terminar un caso de deportación

El poder temporal extraordinario otorgado por el gobierno a los abogados (fiscales) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para cerrar administrativamente casos de deportación o terminarlos, e incluso reabrir casos para luego proceder a cerrarlos o cancelarlos, “no está ajeno a las estafas” cometidas por notarios o gestores, advierten abogados consultados por Univision Noticias.

“No debería existir mucha estafa porque el trámite se tiene que hacer directamente con la Fiscalía d ICE”, dice José Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Pero como no todos lo saben, muchos pueden ser víctimas y caer en manos de gente que no está, ni autorizada, ni tiene conocimiento acerca de cómo es el proceso”.

Barrón dice además que, una vez revisado el expediente de un inmigrante y concluir que tiene base para solicitar a la fiscalía un cierre administrativo o terminar un caso de deportación, “debe haber un abogado que sepa como negociar con ICE".

Quiénes son elegibles

Con fecha 3 de abril de 2022, Kerry Doyle, Asesora Legal Principal de la Oficina Legal Principal de ICE (OPLA), envió un memorando a los abogados (fiscales) bajo su mando “para hacer ciertas decisiones relacionadas con ciertos casos de deportación que están ante la Corte de Inmigración (EOIR)”, explica Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que durante 15 años fungió como Fiscal de Inmigración para el Departamento de Justicia (DOJ).

En el documento “Doyle instruye a los fiscales de ICE a actuar favorablemente en los casos de inmigrantes que el gobierno no considera una prioridad para la aplicación de la ley de inmigración”, añade.

Esta actuación se conoce como discreción procesal, un componente importante de cualquier trabajo de aplicación de la ley.

“La idea es sencilla”, dice Sánchez-Roig. “El hecho de que el gobierno pueda castigar a alguien por infringir una ley no significa que deba hacerlo. Los policías estatales generalmente no gastan tiempo o recursos multando a las personas por conducir a 5 o 10 millas por hora por encima del límite de velocidad".

Los favorecidos

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la discreción procesal otorgada a los fiscales de ICE beneficiará a unos 700,000 de los 1.7 millones de casos (40%) acumulados a hasta finales de marzo en la Corte de Inmigración (EOIR) que no representan una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza de Estados Unidos.

Y no se trata de una estrategia nueva. “El mismo principio ha sido utilizado durante mucho tiempo a la aplicación de la ley de inmigración, tanto bajo las administraciones republicanas como demócratas”, dice Sánchez-Roig.

La abogada de inmigración, quien ejerce en Miami, Florida, dice además que “sin embargo, algunos estados han demandado para bloquear las prioridades de aplicación del gobierno anunciadas el año pasado” y cita el fallo de un tribunal federal en Ohio que limitó cuándo ICE puede usar la discrecionalidad para determinar si debe liberar a ciertas personas sujetas a detención obligatoria.

A mediados de abril, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 6to Circuito anuló el fallo de Ohio y dio luz verde al gobierno para seguir implementando sus prioridades, las mismas que a partir de este lunes utilizan los fiscales de ICE para cancelar administrativamente, terminar o reabrir casos de deportación de personas que no representan una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.

Una manera de hacer justicia

El objetivo de el memorando Doyle “es garantizar que ICE enfoque sus recursos limitados de manera efectiva y persiga resultados justos”, señala Sánchez. “Al alentar a los fiscales a buscar la desestimación de los casos de tribunales de inmigración que no son prioritarios, ICE espera reducir el enorme y creciente retraso en los tribunales de inmigración.

El documento (política temporal de OPLA) explica y amplía las prioridades de aplicación emitidas por el secretario del DHS a finales de septiembre del año pasado. Habla de cómo los abogados de ICE deben ahora implementar esas prioridades en la Corte de Inmigración.

De acuerdo con el memorando de Mayorkas, las tres categorías de prioridad de deportación se enfocan en:

1. Cualquier persona acusada o sospechosa de participar en terrorismo o espionaje. Y elk memorando Doyle agrega a personas que han cometido o se sospecha que ha cometido, violaciones graves de los derechos humanos, quienes también pueden representar un peligro para la seguridad nacional.
2. Cualquier persona que tenga una conducta delictiva. El Memorándum Doyle enfatiza que no se requiere una condena penal para ser considerada una amenaza a la seguridad pública. Pero destaca que la participación en pandillas puede convertir a una persona en una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, advierte errores en las bases de datos.
3. Cualquier persona detenida en la frontera o puerto de entrada mientras intenta ingresar ilegalmente a EEUU o fue detenido después de ingresar ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020

Las nuevas funciones

En cuando a las nuevas funciones o discreción otorgada, el memorando Doyle ordena a los fiscales de OPLA que revisen sus casos en busca de indicios de que el expediente se encuentra dentro de una de las tres prioridades de aplicación.

Para los casos no prioritarios, el Memorándum de Doyle enfatiza su preferencia, “sobre todas las demás formas de discreción, por no presentar una Notificación de Comparecencia (NTA) o desestimar de inmediato los casos en los que ya se ha presentado una NTA para excluir de manera eficiente aquellos casos no prioritarios del expediente por completo”, indica Sánchez-Roig.

El memorándum Doyle también incluye factores agravantes y atenuantes adicionales a considerar. Los nuevos factores atenuantes incluyen si la persona es titular de una tarjeta verde (green card) y si hubo un motivo discriminatorio en el arresto de la persona.

Sánchez-Roig también menciona que bajo el memorándum Doyle, los fiscales de ICE han recibido la dirección y las herramientas para ejercer la discreción procesal para aquellas personas que consideran que no son una prioridad de ejecución.

Se destacan dos vías:

1. Para los casos que aún no se encuentran en la corte de inmigración, los fiscales de ICE pueden optar por no iniciar los procedimientos de deportación; y
2. Para los casos que ya están en la corte de inmigración, los fiscales de ICE pueden optar por presentar una moción para desestimar el caso, independientemente de si la persona quiere que se desestime su caso.

Sánchez dijo que su oficina “ya hemos presentado solicitudes por escrito de discreción procesal a OPLA. Esas solicitudes abordan cada una de las prioridades establecidas en el memorándum de Mayorkas, evidencian que nuestros clientes no son un caso prioritario. Y que tienen beneficios de inmigración disponibles fuera de los procedimientos judiciales de inmigración, es decir, a través de USCIS o tienen un nuevo beneficio disponible a través de la corte de inmigración o, en ciertos casos, el demandado ya no es deportable debido a cambios sustitutivos en la ley”, apuntó.