Corte Suprema rechaza suspender temporalmente la nueva regla de carga pública por la pandemia

En una decisión dividida de 5-4, la Corte Suprema de Justicia rechazó el viernes una petición para suspender temporalmente la nueva regla de carga pública. La moción fue presentada para evitar que, en el futuro, a los inmigrantes que acudan a los hospitales para curarse del covid-19 sean castigados, y con ello alejar los temores y se quedan en sus casas y no busquen ayuda médica.

La regla entró en vigor el 24 de febrero luego de que el máximo tribunal de justicia le diera luz verde con una decisión 5-4 emitida el 27 de enero, tras revisar la legalidad de la norma a petición del gobierno.

La decisión permitió que el gobierno superara el bloqueo a la aplicación de la regla que habían establecido cortes inferiores. Los cuatro magistrados considerados liberales votaron en contra y los conservadores a favor, al igual que la decisión del viernes de suspenderla temporalmente mientras dure la emergencia de salud pública.

La petición

A mediados de abril una coalición de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes pidió a la Corte Suprema que temporalmente deje sin efecto la nueva regla de carga pública que el gobierno implemento en febrero.

La petición fue fecha para mitigar el devastador impacto que deja la pandemia de coronavirus en el país, principalmente en la población inmigrante.

La Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, presentó ante el tribunal un recurso a nombre de los estados de Connecticut, Nueva York y Vermont para levantar, modificar o suspender temporalmente la implementación de la norma hasta que finalice la emergencia.

En la demanda (Make the Road New York v. Cuccinelli), organizaciones legales y de defensa sin fines de lucro, entre ellas ‘Se Hace Camino Nueva York’ y el ‘Catholic Charities Community Services de Nueva York’, advirtieron acerca del devastador impacto que la nueva regla tiene en una comunidad que, presa del miedo y la confusión, no acude en ayuda para salvar sus vidas.

Pocas palabras

La decisión de la Corte entregada el viernes fue breve “y ningún juez señaló desacuerdo”, reporto The Associated Press.

En la demanda también participó el Centro de Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) y el bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

Los demandantes indicaron que, “en medio de esta crisis de salud global, es fundamental que todos, independientemente del estado de inmigración, tengan acceso completo a los servicios y beneficios de salud y gubernamentales para los que son elegibles”.

“Al hacer que las personas tengan miedo de acceder a la asistencia sanitaria y al apoyo alimenticio, la norma de carga pública aumenta el sufrimiento de las comunidades de inmigrantes, incluso cuando sus miembros, muchos de los cuales son trabajadores esenciales, se encuentran entre los más afectados por la enfermedad”, indicaron.

Precisaron que, mientras la nueva regla de carga pública siga vigente, “los inmigrantes y sus familias, incluidos los ciudadanos estadounidenses, se verán disuadidos de buscar pruebas o tratamiento para covid-19 y otros tipos de atención médica y beneficios vitales”.

“Esto impide los esfuerzos para detener la propagación del coronavirus y pone en peligro a inmigrantes y no inmigrantes por igual”, precisaron.

La nueva regla

La nueva regla de carga pública entró en vigor el 24 de febrero. La medida, basada en la política de tolerancia cero del gobierno, vincula el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para que un inmigrante pueda recibir, por ejemplo, la residencia legal permanente o la extensión de una visa.

La regla final, que se publicó el 14 de agosto del año pasado en el Registro Federal modifica las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y prescribe la manera en cómo esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.

Pero no todos los extranjeros se verán afectados, ha advertido el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas "U" y "T", asilados, refugiados y otras categorías”.

A mediados de marzo, poco antes de la declaratoria de pandemia, el servicio de inmigración anunció que el tratamiento o los servicios preventivos que requieran las personas infectadas o expuestas al coronavirus, “no afectarán negativamente a ningún extranjero como parte de un análisis futuro de carga pública”.

A su vez, dijo que “alienta a todos, incluidos los extranjeros con síntomas que se asemejan a la enfermedad de Coronavirus 2019 (covid-19, como fiebre, tos y dificultad para respirar), a buscar el tratamiento médico o los servicios preventivos necesarios”.