Denuncian que el gobierno rechaza a niños no acompañados que piden asilo en la frontera

Menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) están siendo rechazados por las autoridades migratorias estadounidenses en la frontera con México, “exponiéndolos al peligro de regresar a los países de los que huyen”, denunció el lunes la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

El grupo dijo que “agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) denegaron la entrada a niños no acompañados que solicitaron asilo en la frontera, exponiéndolos al peligro de regresar a los países de los que huyen”.

La estrategia de rechazos por parte del gobierno de Donald Trump ocurre en pasos autorizados o permitidos, donde los inmigrantes no deberían tener dificultad o ser rechazados cuando piden la protección del gobierno estadounidense.

El reporte agrega que desde el pasado verano, los funcionarios estadounidenses de inmigración en los puestos fronterizos ubicados entre Tijuana y San Diego, y otros lugares, “han estado “midiendo” a los solicitantes de asilo, una práctica que surgió durante el gobierno de (Barack) Obama y que consiste en permitir la entrada de un número limitado de inmigrantes cada día”.

“Entrar en la lista de espera es un proceso incierto y generalmente requiere un documento de identificación con foto, algo que muchos niños no acompañados carecen”, agrega la denuncia.

Clima de confusión

El jueves de la semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva política que tiene como objetivo regresar a los solicitantes de asilo a México mientras se procesan sus casos en Estados Unidos.

La norma, anunciada por la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, señala que México recibirá a los migrantes de terceros países sean devueltos o aguarden la resolución de sus trámites de pedido de asilo en Estados Unidos.

México, sin embargo, luego de reconocer el acuerdo con el gobierno de Trump y tras fuertes críticas internas, aclaró aseguró que procederá en "ejercicio pleno" de su soberanía, asegurando además que mantendrá sus “principios de defensa y de respeto a los derechos humanos de los migrantes".

A su vez, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que su país "tomará las medidas pertinentes en el ejercicio pleno de nuestra soberanía y en apego a nuestro marco jurídico".Y añadió que"por lo anterior, el Gobierno de México solicitará –a la brevedad posible– a las autoridades estadounidenses mayor información sobre su propuesta de retorno de personas con un citatorio para comparecer en una corte de los Estados Unidos de una manera ordenada y segura".

Ebrard dijo además que, "México no ha aceptado en ninguna condición, ni de jure ni de facto, el estatus de Tercer País Seguro para personas que ingresen a nuestro territorio" con el fin de pedir asilo en Estados Unidos, y que “un acuerdo de Tercer País Seguro es un compromiso internacional con carácter vinculante suscrito por medio de un tratado bilateral. México no acepta ni aceptará firmar un tratado que lo ponga en esas circunstancias".

Mar de dudas

A pesar de las aclaraciones hechas por México en los últimos cinco días, Human Rights Watch dice que tanto la nueva política anunciada por el DHS como la respuesta del gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador “suscita serias preocupaciones sobre si los adultos y las familias solicitantes de asilo podrán acceder a procedimientos justos y oportunos, y esperar de manera segura en México”.

Las preocupaciones se basan principalmente en que, en el anuncio hecho por Nielsen al Congreso, los niños no acompañados (UAC) “no estarán sujetos a esta nueva política”.

La organización añade que “la espera en México conlleva sus propios riesgos. Los niños enfrentan un riesgo real de ser deportados de México –incluso a situaciones de persecución y violencia– por funcionarios de inmigración mexicanos”.

Las preocupaciones se elevaron a causa de los “riesgos potenciales para la seguridad de los migrantes en el norte de México”, dijo HRW. “Dos niños hondureños fueron asesinados en Tijuana el sábado mientras estaban en el proceso de trasladarse de un refugio para migrantes a otro, según informes noticiosos”, reporta el grupo en su denuncia.

“Los niños que solicitan asilo en la frontera entre México y Estados Unidos afrontan una situación imposible, en la que el gobierno les dice que no crucen fuera de los puertos de entrada oficiales, pero luego devolviéndolos desde estos cruces fronterizos oficiales”, dijo Michael García Bochenek, asesor jurídico principal de la división de derechos del niño de HRW.

Casos de rechazo

Bochenek dijo que “en un caso reciente, los agentes rechazaron a ocho niños, siete de Honduras y uno de México, que habían caminado desde su refugio hasta el puesto fronterizo de Otay Mesa, otro de los cruces entre Tijuana y San Diego, para pedir asilo el 4 de diciembre de 2018. Ambos llevaban en Tijuana aproximadamente dos meses, incluidas varias semanas en un campamento (ubicado en el estadio Benito Juárez), mientras trataban de determinar cómo podían solicitar asilo en Estados Unidos, según contaron tres de los menores”.

Según la denuncia de HRW, los menores fueron asistidos por un equipo de abogados voluntarios del grupo Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro basada en Tijuana que ayuda a solicitantes de asilo. “Cuando llegaron al cruce fronterizo, los agentes hicieron que el grupo retrocediera y que todos se alinearan contra la pared. Los menores pensaron que estaban esperando a que llegara un agente de inmigración de EEUU de mayor rango, pero después de aproximadamente una hora llegaron unos funcionarios de inmigración mexicanos que les amenazaron con deportarlos a todos, denunciaron los migrantes.

Anna Joseph, una de las abogadas que acompañaban al grupo, aseguró a HRW que algunos de los chicos estaban de pie en el lado estadounidense de la frontera cuando les dijeron a los agentes de la CBP que querían solicitar asilo. Pero los agentes fronterizos estadounidenses les ordenaron regresar al territorio mexicano.

“Después de una prolongada negociación, la CBP permitió que el niño mexicano entrara y pidiera asilo”, dijo HRW. Los otros siete menores, todos ellos de nacionalidad hondureña, regresaron a su refugio en Tijuana escoltados por las autoridades mexicanas.

Procedimientos bajo la lupa

HRW dijo además que la sido testigo cómo los agentes fronterizos estadounidenses en los puntos de cruce en el Valle del Río Grande detienen a todos los peatones en el punto medio de los puentes internacionales “para verificar su identificación” y presenciar “cómo rechazan a los que no tenían tarjetas de movilidad fronteriza, visas o pasaportes estadounidenses”.

Añade que “algunas familias con niños y menores no acompañados entrevistados entre los meses de junio, julio, septiembre y octubre, denunciaron que, “fueron rechazados en los cruces fronterizos oficiales cuando solicitaron asilo”.

A su vez, equipos de monitoreo legal de la organización no gubernamental Human Rights First detectaron devoluciones y “cuellos de botella orquestados” en muchos cruces fronterizos de EEUU en noviembre y diciembre.

El 9 de noviembre, Trump promulgó una proclama que, durante un período de 90 días, negaba asilo a los migrantes que interesaran a Estados Unidos por zonas, lugares no autorizados. Once días más tarde, un juez federal bloqueó la prohibición de Trump argumentando que la medida “entra en conflicto irreconciliable con la ley de inmigración y la intención expresa del Congreso".

El 21 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia, atendiendo un recurso enviado por el Departamento de Justicia para que revisara lo actuado por los tribunales, rechazó con una votación de 5-4 que el gobierno reactive el rechazo de asilo en la frontera por zonas o lugares no permitidos por el gobierno de Trump.

Defensores de derechos humanos indican que los agentes fronterizos de EEUU “a veces” han permitido que los niños y otras personas vulnerables soliciten asilo en los puntos oficiales de entrada en la frontera sin necesidad de que estuvieran en la lista de espera, pero sólo si están acompañados por un abogado u otro activista.

Advierten, sin embargo, que las devoluciones en los cruces fronterizos oficiales han coincidido con un aumento en las entradas irregulares, por ejemplo, vadeando el río o escalando por encima de las vallas de las fronteras, situación que eleva los niveles de riesgo la entrada al país y la seguridad de los migrantes.

A finales de julio, Univision Noticias advirtió que, debido a la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump en la frontera, las esperas en los puertos fronterizos para pedir asilo y la incertidumbre respecto a si aceptarán o no sus peticiones de refugio, obliga a muchos migrantes a utilizar cada vez rutas más alejadas y peligrosas para ingresar al país, situación que eleva los riesgos de seguridad y la vida de las personas que huyen de sus países en busca de mejores oportunidades.

El protocolo de Trump

De acuerdo con el protocolo anunciado por Nielsen la semana pasada, el CBP, el gobierno de Trump modificó los procedimientos de entrada al país “invocando” una parte de la Sección 235 de la Ley de Inmigración, relacionada con la inspección y autorización de entrada al país de ciudadanos extranjeros después de haber sido interceptados cuando intentaban ingresar sin documentos adecuados.

Nielsen dijo que los extranjeros “que intentan utilizar el sistema para ingresar ilegalmente a nuestro país (…) esperarán una decisión de la corte de inmigración mientras estén en México”. Y que la aplicación de esta norma se hará de manera “coherente con todas las obligaciones legales nacionales e internacionales, incluidos nuestros compromisos humanitarios”, pero no aportó detalles.

Luego agregó que “hemos notificado al gobierno mexicano de nuestras acciones previstas”, y en respuesta "México ha tomado la determinación independiente de comprometerse a implementar medidas esenciales en su lado de la frontera”, pero cuatro días más tarde el gobierno de López Obrador aclaró que no existe ningún tipo de acuerdo bilateral con Washington sobre este tema.

El protocolo anunciado por Nielsen no especifica ni aclara el procedimiento que utilizará el CBP con los menores no acompañados (UAC) que llegan a la frontera en busca de asilo, tampoco explica los pasos que dará el gobierno de Trump para garantizar el cumplimiento de la Ley TVPTRA de 2008, que prohíbe la deportación acelerada de menores de países no fronterizos y ordena que sea un juez de inmigración quien resuelva sus permanencias en Estados Unidos.