EEUU obligará a solicitantes de asilo en la frontera esperar en México a partir de este viernes
La nueva regla se conoce en mitad del cierre del 25% del gobierno federal a causa de la negativa de Trump de aceptar una ley de presupuesto que no incluye $5,700 millones para construir un muro en la frontera, una de sus principales promesas de campaña.
Por:
Jorge Cancino.
De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, desde este viernes los extranjeros que entraron a EEUU de manera ilegal desde México y que solicitaron asilo comenzarán a ser regresados a Tijuana para que esperen ahí a que una corte decida su futuro. Fuentes del gobierno mexicano dicen que están en alerta ante la decisión, pero que por el momento no han recibido un anuncio oficial de EEUU sobre el inicio del plan.
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El gobierno de Donald Trump comenzará a partir de este viernes la implementación de una nueva política en la frontera, al obligar a los solicitantes de asilo esperar en territorio mexicano mientras se procesan sus solicitudes.
Citando fuentes tanto de México como de Estados Unidos, medios locales y agencias reportan este jueves que la medida será implementada a partir de mañana.
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Fuentes consultadas por Univision Noticias aseguraron que este viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dará a conocer detalles sobre la nueva regla, que impactará a todos los solicitantes de asilo en la frontera.
La estrategia fue finalizada el jueves y forma parte de la política de tolerancia cero del gobierno de Trump.
La medida representa una nueva escalada de represión contra los migrantes que están llegando a la frontera, principalmente centroamericanos, quienes huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza y buscan refugio en Estados Unidos.
“Es increíble que lo vayan a hacer”, dijo a Univision Noticias Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California y que trabaja con varios casos de asilo. “Muchas de las personas que se verán afectadas huyen de sus países para salvar sus vidas. Y ahora deberán esperar en un lugar donde la seguridad no está garantizada. Es otro sufrimiento innecesario, inhumano”, agregó.
“Ahora bien, en cuanto a las esperas, ese es otro enorme problema. Un caso de asilo puede demorar hasta 8 años. Eso significa que estas personas que vienen en busca de asilo, serán obligados a esperar hasta 8 años para que un juez decida sus casos. Es una sentencia de muerte, esto es inhumano”, indicó.
De acuerdo con las informaciones filtradas hasta ahora, los agentes de la Patrulla Fronteriza comenzarán a detener y regresar a los peticionarios una vez presenten sus pedidos de asilo.
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“Si comienzan a enviar a México a los solicitantes de asilo para que esperen en ese país la resolución de sus casos, va a cambiar la representación legal de estas personas”, dijo Gálvez. “Eso será apelado en las cortes”, anticipó.
Univision Noticias preguntó vía correo electrónico al DHS, ICE y el CBP si la regla entrará en vigor este viernes. Las tres dependencias respondieron que "todos los oficiales de asuntos públicos están fuera de la oficina debido al cierre del gobierno. No podemos responder a las preguntas de los medios de comunicación durante este período porque la ley nos prohíbe trabajar. Si aún necesita una respuesta, vuelva a enviar su consulta cuando reabra el gobierno".
La nueva orden será implementada primero en la Garita de San Ysidro, fronteriza entre Tijuana (México) y San Diego (California). Tijuana es una de las ciudades más peligrosas del mundo.
Desde noviembre en esa ciudad hay miles de migrantes centroamericanos, provenientes principalmente del denominado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) que aguardan una oportunidad para entrar a Estados Unidos por un lugar autorizado y así entregarse a las autoridades para pedir asilo.
La espera en México de los peticionarios de asilo fue anunciada el pasado 20 de diciembre por la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. Según dijo la funcionaria en esa oportunidad, México había acordado con el gobierno de Washington que los migrantes de terceros países sean devueltos o aguarden la resolución de sus trámites de pedido de asilo en su territorio.
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Ese mismo día México confirmó la existencia de un acuerdo, pero dijo que "autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de EEUU que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas en lugares entre los puertos de entrada, que hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país, y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio".
Alejandro Alday, asesor jurídico de Secretaría de Relaciones Exteriores mexicano, aclaró en aquella oportunidad que México podrá decidir a quiénes acepta. “México reafirma su derecho soberano de aceptar o rechazar a inmigrantes que piden asilo en Estados Unidos”, y México es un estado "respetuoso del cumplimiento de políticas en materia migratoria", indicó.
El 24 de diciembre, la cancillería mexicana emitió un comunicado ampliando los detalles del procedimiento, indicando que la decisión del gobierno de Estados Unidos de implementar la sección 235(b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, “es un asunto interno de ese país” y que “el Gobierno de México tomará las medidas pertinentes en el ejercicio pleno de nuestra soberanía y en apego a nuestro marco jurídico al respecto”.
Agrega que “México no ha aceptado en ninguna condición, ni de jure ni de facto, el estatus de Tercer País Seguro para personas que ingresen a nuestro territorio buscando acceder al de los Estados Unidos de América”, y que “un acuerdo de Tercer País Seguro es un compromiso internacional con carácter vinculante suscrito por medio de un tratado bilateral".
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"México no acepta ni aceptará firmar un tratado que lo ponga en esas circunstancias”.
La nueva regla se conoce en mitad del cierre del 25% del gobierno federal a causa de la negativa de Trump de aceptar una ley de prepuesto que no incluye $5,700 millones para construir un muro en la frontera, una de las principales promesas de campaña del presidente.
El cierre, que inició el 22 de diciembre, tiene a más de $800,000 empleados federales sin salario.
El plan demócrata, por el que votaron seis senadores republicanos, proponía reabrir el gobierno inmediatamente hasta el 8 de febrero, y durante ese tiempo debatir la seguridad nacional.
El plan republicano, que incluía los $5,700 millones exigidos por Trump, agregaba severos cambios a la ley de inmigración, entre ellos fuertes restricciones a la política de asilo, principalmente para menores de edad. El proyecto solo fue votado por senadores republicanos.
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