El gobierno publica nueva regla final que endurece requisitos para obtener asilo en EEUU
Entre los cambios, una infracción de tránsito o haber sido acusado de un delito sin recibir condena, pueden ser motivos suficientes para que el gobierno niegue una petición de asilo y un juez emita una orden de deportación.
Por:
Jorge Cancino.
Angelina Estrada vive un nuevo drama: tras cruzar la frontera sur de EEUU huyendo de la persecución en Venezuela, fue internada junto a su pequeño hijo en un centro de detención. Luego de reencontrarse con su hermana en Florida, sufrió en carne propia el covid-19, y ahora se ha enterado que tendrá que esperar un año más para aspirar a un estatus.
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El gobierno de Donald Trump anunció una nueva regla final de asilo que restringe aún más este beneficio legal creado por el Congreso en 1980, y que en los últimos 4 años ha sufrido una serie de limitaciones.
La norma, publicada en el Registro Federal por los Departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS), restringe la elegibilidad de asilo a personas que hayan sido acusadas/o condenadas de ciertos delitos que los margina automáticamente.
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La nueva regla final “modifica las respectivas regulaciones para evitar que ciertas categorías de extranjeros criminales obtengan asilo en los Estados Unidos”, se lee en un comunicado publicado el martes. “La regla entrará en vigencia 30 días después de su publicación”, añade.
El nuevo reglamento se suma a una larga lista de cambios a la política de asilo que el gobierno de Trump viene implementando desde que asumió el control de la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.
Las modificaciones arrancaron el 25 de enero de ese año con la firma de dos órdenes ejecutivas, una sobre el muro en la frontera con México y otra relacionada con las jurisdicciones santuario. En ambos documentos el mandatario fustigó la política vigente y decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
En meses y años posteriores el gobierno, entre otras medidas, puso fin a la política del ‘catch and release’, eliminó el derecho a fianza, aumentó la capacidad de detención, quitó a los jueces la discreción para cerrar casos administrativamente, aceleró deportaciones, aumentó los requisitos e impuso los denominados Protocolos de Protección al Migrante (MPP), que ha regresado a México a más de 70,000 personas a esperar la resolución de sus casos de asilo que puede demorar años.
Con la nueva regla, tanto el DOJ como el DHS advierten que el asilo “se trata de un beneficio discrecional” que generalmente pueden solicitar los extranjeros elegibles “que están físicamente presentes o que llegan a Estados Unidos, independientemente de su estado” (con o sin papeles).
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Sin embargo, agrega, la ley de inmigración (INA, aprobada por el Congreso) “prohíbe que ciertas categorías de extranjeros reciban asilo”, una vía que el gobierno se ha encargado de ir extendiendo a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas.
Ambos ministerios basan la nueva regla en que el legislativo delegó en el Fiscal General y el secretario del DHS “la autoridad para establecer, mediante reglamentación, prohibiciones adicionales sobre la elegibilidad en la medida en que sean compatibles con el estatuto de asilo”.
El gobierno también se atribuye establecer "cualquier otra condición o limitaciones” en la consideración de una solicitud de asilo que sean consistentes con la INA.
La lista de nuevos requisitos para la elegibilidad de asilo deja fuera a extranjeros que hayan sido condenados por:
Un delito grave según la ley federal o estatal;
Una ofensa por tráfico, contrabando o alojamiento de extranjeros (no detalla si la medida impacta o afecta, por ejemplo, los matrimonios mixtos);
Reingreso ilegal después de una deportación (reentry);
Un crimen federal, estatal, tribal o local que involucre actividades criminales de pandillas;
Ciertos delitos federales, estatales, tribales o locales relacionados con manejar un vehículo bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI);
Un delito de violencia doméstica federal, estatal, tribal o local, o que un adjudicador determine que ha participado en actos de agresión o crueldad extrema en un contexto doméstico, incluso si no se produjo una condena;
Ciertos delitos menores bajo la ley federal o estatal por delitos relacionados con identificación falsa, recepción ilegal de beneficios públicos de una entidad federal, estatal, tribal o local o la posesión o tráfico de una sustancia controlada o parafernalia de sustancias controladas.
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La norma advierte que los extranjeros que hayan cometido ciertos delitos de violencia doméstica, incluso si no han sido condenados, también serán excluidos del asilo.
Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que la nueva regla se suma a otra serie de políticas que han estrechado el camino del asilo en Estados Unidos.
“Lo están quitando poco a poco”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida.) “Si incluyen estas faltas o crímenes, casi nadie podrá calificar”, indicó.
Guerrero dijo además que la mayoría de las nuevas faltas incluidas en la regla final se trata de “delitos menores que anteriormente no eran considerados para una obtención de asilo. Están limitando drásticamente la posibilidad de refugio”.
Para la abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego, la norma cambia radicalmente la regla de adjudicación que se viene implementando.
“Ya teníamos nosotros un protocolo de que una felonía (delito grave) federal descalificaba a la persona para obtener asilo en Estados Unidos. Pero ahora la base de descalificación baja a las faltas estatales e incluso tribales”, indicó.
Velásquez dijo además que “al ampliar la inelegibilidad para obtener asilo coloca a más personas elegibles para este beneficio a las puertas de la deportación”.
“Están quitando poco a poco todos los derechos de las personas”, apuntó. “¿Acaso por tener un ticket de tránsito a una persona le negarán el derecho de pedir asilo?”, preguntó. Ella misma respondió: “es exagerada la manera en que están obstruyendo el camino de los refugiados, es una pesadilla lo que están haciendo”.
Negar asilo a personas que incluso hayan sido acusadas de una falta y no han sido condenados por ese delito “es un atentado a la presunción de inocencia, va en contra del sistema de justicia de Estados Unidos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).
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“Si la persona no ha sido condenada, se debe dar la presunción de inocencia hasta que se encuentre culpable del crimen por el que se le acusa. El servicio de inmigración no puede utilizar los cargos como delitos para negar un beneficio legal disponible”, indicó.
Gálvez dijo además que, con esta nueva regla final, el gobierno le está dando a los cargos de arresto el mismo pedo de un delito y eso es contrario al sistema de justicia”.
“A pi parecer se trata de una señal de desesperación en momentos previo a una elección y se les olvida que el asilo es un beneficio humanitario para salvaguardar la vida de personas que huyen”, dijo.
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Después del caso de los mexicanos
Margarito Silva y Concepción Barrios que fueron detenidos en una base militar en donde fueron a visitar a su yerno y a su hija el 4 de julio como solían hacerlo todos los años, el abogado de inmigración Jaime Barron advierte tajante: “Si están en condición irregular en EEUU no se acerquen a una propiedad federal o del estado en donde pueda ser cuestionada su legalidad”.
