Estos son los inmigrantes que no se verán afectados por la propuesta de limitar visas y residencias a quienes pidan ayuda pública
La lista de inmigrantes a quienes no les afectará que hayan solicitado ayudas públicas incluye asilados, refugiados, cubanos amparados por la Ley de Ajuste, víctimas de tráfico humano y víctimas de crímenes que colaboran con las autoridades, entre otros.
Por:
Jorge Cancino.
Según un borrador obtenido por el diario The Washington Post, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca que se considere como un factor negativo el uso de beneficios públicos por parte de solicitantes de visas o de la residencia legal permanente ('green card').
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El nuevo reglamento de ‘carga pública’ anunciado por el gobierno de Donald Trump el sábado y que deberá ser publicado en el Registro Federal para recibir comentario publico durante 60 días antes de entrar en vigor, afectará los pedidos de visas y residencias legales permanentes (green card o tarjeta verde), pero no a todos los inmigrantes como indicaban filtraciones conocidas a comienzos de septiembre.
“El Congreso ha eximido específicamente a ciertos grupos desde el terreno de inadmisibilidad de ‘carga pública’, y regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permiten exenciones para ciertos grupos” de inmigrantes, se lee en una copia del borrador del nuevo reglamento, de 447 páginas.
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“Según la propuesta del gobierno, la determinación de inadmisibilidad a base de carga publica se le aplica a un gran número de personas buscando una visa de inmigrante o no-inmigrante”, dice Armando Olmedo, abogado de inmigración y co-autor del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, una guía de Univision. “Sin embargo, la propuesta menciona varias importantes exenciones”, agregó.
De acuerdo con el borrador del reglamento proporcionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estos son los principales grupos de inmigrantes quedarán exentos de ser declarados como carga pública en caso de solicitar, por ejemplo, una visa o la residencia (tarjeta verde):
Refugiados y asilados. (Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecusión por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política).
Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.
Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).
Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano
Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.
Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).
Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.
No-inmigramtesvíctimas de crimenes que pìden la visa U.
Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.
Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.
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“La propuesta también enumera renuncias o waivers de este requisito de determinación de inadmisibilidad a base de carga pública, tal como ya han sido establecidas por el Congreso”, indica Olmedo.
El 7 de septiembre Univision Noticias reportó que un primer borrador del DHS sobre el nuevo concepto de ‘carga pública’ revisado por abogados del Catholic Legal Immigration Network, Inc (CLINIC) y debatido durante un seminario de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), amenazaba con dejar a miles de inmigrantes sin posibilidades de convertirse en residentes legales permanentes, incluso obtener la ciudadanía.
En lugar de centrarse en los ingresos del patrocinador solicitante, como lo indica la declaración jurada de apoyo vigente, “la USCIS se centrará en el solicitante de ajuste de estado y cualquier miembro de la familia dependiente”, advirtió CLINIC en esa oportunidad.
El reporte señala que la nueva regla que sería propuesta por el gobierno ampliará sustancialmente el término para determinar que un extranjero es o pueda convertirse en carga pública, y un solicitante de visa, residencia o ciudadanía “sería declarado inadmisible” si "es probable que en algún momento use o reciba uno o más beneficios públicos".
El nuevo reglamento, sin embargo, incluyó una lista detallada de inmigrantes que han recibido o tienen derecho a recibir ayudas públicas legales, sin que ello afecte o dificulte la obtención, en el futuro, de un beneficio migratorio.
El asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller, es conocido por su férrea posición en contra de la inmigración, incluso es reconocido como uno de los ideólogos del gobierno en su política antiinmigrante. Uno de sus puntos más polémicos los expuso durante una rueda de prensa en la Casa Blanca donde, en una discusión con el reportero de CNN Jim Acosta, insistió que para aceptar a un inmigrante uno de los requisitos principales debe ser que hable inglés.
