Exigen al gobierno de Trump que muestre documentos sobre la respuesta a la pandemia en cárceles de ICE

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pide transparencia y conocer todo lo que ha hecho la Oficina de Innmigración y Aduanas para evitar que los inmigrantes encarcelados se contagien con el coronavirus. Sigue aquí nuestro live blog con lo último de la pandemia.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
Entre marzo y abril unos 900 niños fueron deportados, lo que preocupa a defensores de inmigrantes que afirman que devolver a los menores al lugar del que vinieron es un riesgo, y además es preocupante enviarlos sin comunicarlo a sus padres.
Video El gobierno de EEUU habría deportado de forma fugaz a cientos de niños indocumentados

La respuesta del gobierno de Donald Trump a la pandemia en los centros de detención de inmigrantes sigue causando preocupaciones, no solo por el nivel de contagios de covid-19 reconocidos hasta ahora, sino también por los protocolos implementados desde el comienzo de la emergencia de salud pública para evitar que el nuevo coronavirus se propagara en el interior de las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Para conocer qué estrategias se activaron y qué planes se llevan a cabo en la actualidad, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó este viernes una solicitud de registros públicos, en virtud de la Ley de Libertad de Información FOIA, “para obtener documentos relacionados con la respuesta de ICE a la pandemia del covid-19”, dijo el grupo de derechos civiles.

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ACLU argumentó que expertos en salud pública “han estado advirtiendo durante meses que las cárceles de inmigrantes serían puntos críticos para la propagación de covid-19” y que hasta ahora (viernes al mediodía) la agencia federal “ha reportado 1,181 casos confirmados de covid-19 en personas detenidas y 116 casos confirmados en el personal”.

ICE detalló que el número de internos infectados por el virus resultó de 2,368 pruebas hechas en una población total de 26,660 indocumentados privados de libertad. Es decir, solo han realizado hasta el momento pruebas al 8.8% de los detenidos.

"Una cuestión de vida o muerte"

ACLU dijo que es probable “que esos números reflejen un recuento insuficiente importante: solo 2,368 de las casi 27,000 personas detenidas han sido evaluadas”. Esto porque la tasa positiva para aquellos que han sido analizados “es casi del 50%”. Asimismo, enfatizó que en mayo fallecieron dos detenidos a causa del covid-19, así como tres trabajadores de centros de detención de ICE.

"La detención masiva de inmigrantes en este país fue una crisis a largo plazo durante más de una década, pero esta pandemia ha revelado cuán profundamente inhumano realmente es”, dijo Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.

“ICE ha demostrado una y otra vez que no puede proteger la salud y la seguridad de las personas que detiene. Las condiciones de detención solo se han deteriorado bajo el gobierno de Trump y en una pandemia global son especialmente mortales”, agregó.

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Las decisiones y políticas que utiliza la agencia son "una cuestión de vida o muerte para decenas de miles de personas detenidas, el personal que trabaja en estas instalaciones y las comunidades a las que regresan a sus hogares", acotó.

De acuerdo con el último informe de ICE, el centro con mayor número de casos positivos de covid-19 es la cárcel de Otay Mesa en San Diego (California) con 154 infectados, seguido por el centro Bluebonnet en Anson (Texas) con 111 y la Correccional Winn en Winnfield (Louisiana) con 74.

El centro con más casos positivos de covid-19 entre agentes es la cárcel de ICE en Alexandria (Louisiana), con 15, seguido por Otay Mesa en San Diego (California), con 11. Otros 116 agentes que no laboran en centros de detención también arrojaron positivo en pruebas para detectar el covid-19.

“Sigue entrando gente”

Internos en cárceles de ICE han dicho a Univision Noticias que el principal foco de transmisión del virus “viene de la calle, ya sea por internos nuevos o que trasladan de otros recintos o los propios agentes”. Así lo dijo Nelson, un inmigrante venezolano privado de libertad en el Centro de Detención Folkston, ubicado en Georgia.

“Estamos alarmados por esta situación”, indicó durante una llamada telefónica. “Y como no están habiendo deportaciones a Venezuela, porque el gobierno no nos acepta, algunos llevamos aquí 14 meses y no nos dan respuesta", agregó.

El inmigrante, quien cumplió condena previa en una cárcel federal, dijo que al término del castigo fue entregado a ICE para ser deportado. “Pero cuando nos dimos cuenta de la gravedad de la pandemia, solicitamos que nos liberen, que nos dejen ir con familiares porque aquí estamos hacinados y tenemos miedo de contagiarnos”, señaló.

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Denunció, además, que en el centro de detención no les proporcionan mascarillas. "Nos han reprimido porque nos oponemos a que entre más gente. Algunos han sido castigados y llevados al ‘solitario’. Estamos cansados de esto, tenemos miedo”, aseguró.

Univision Noticias preguntó a ICE sobre la situación en el Centro de Detención de Folkston. Al cierre de esta nota no había respuesta.

El pedido de ACLU

El recurso presentado por ACLU incluye la entrega de documentos y comunicaciones relacionados con:


  • La transferencia o deportación de personas detenidas que dieron positivo a covid-19 o exhibieron síntomas.
  • Cualquier documentación desde el comienzo del gobierno de Trump (17 de enero de 2017) relacionada con la planificación de un posible brote de enfermedades infecciosas.
  • Modelos o predicciones relacionadas con las tasas de infección y mortalidad de personas detenidas, empleados y contratistas de ICE y/o empleados de contratistas externos.
  • Cualquier exposición sospechada o confirmada, infecciones y muertes de personas que viven o trabajan en centros de detención de inmigrantes.
  • El riesgo de propagar covid-19 a las comunidades circundantes a través del personal, contratistas externos, visitantes, personas detenidas y transferencias.
  • Acceso a productos de higiene y equipos de protección personal, y posibilidad de distanciamiento social.
  • Pruebas de personas detenidas, empleados y contratistas de ICE, y empleados de contratistas externos en las instalaciones de ICE, y pruebas, tratamiento y atención de personas detenidas.
  • Directivas, políticas, protocolos y capacitaciones relacionadas con covid-19 en detención de inmigrantes.
  • Consultas estatales o del Congreso sobre cuestiones relacionadas con el coronavirus.


Mira también:

Una larga fila de personas enmascaradas y guardando la distancia social espera la apertura del cruce fronterizo de Otay Mesa, entre Tijuana (México) y San Ysidro (EEUU), la noche del 19 de mayo. Ese día los gobiernos de Donald Trump y Andrés López Obrador anunciaron un acuerdo para extender por 30 días más el cierre parcial de la frontera. 
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Un vendedor ambulante protegido con una máscara espera clientes cerca de la fila de autos que espera en el cruce de Otay Mesa. El acuerdo, en el que también participó Canadá, mantendrá cerradas las fronteras compartidas a viajes no esenciales hasta el 21 de junio.
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Decenas de autos estacionados frente a la aduana entre Tijuana y San Ysidro, el 19 de mayo. Las medidas del acuerdo restringen el tránsito terrestre no esencial, afectando el cruce fronterizo de aquellos que viajan con fines turísticos o recreativos.
Las filas de autos y de personas frente al puerto de entrada de Otay Mesa. El acuerdo no afecta el tránsito de residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos.
Unos hacen fila de pie y otros duermen mientras esperan la apertura de la frontera. Los puertos de entrada se mantienen cerrados entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
El martes 19 de mayo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó vía Twitter que los gobiernos de México y EEUU habían decidido mantener sin cambios las restricciones implementadas el 21 de marzo.
El acuerdo entre EEUU, Canadá y México contempla que Los trabajadores transfronterizos esenciales, como los profesionales de la salud, tripulantes de aerolíneas y los conductores de camiones, aún pueden cruzar. 
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Según un reporte de la agencia EFE, la Cámara de Comercio de Nogales, Arizona, calificó el acuerdo como un “duro golpe” a la economía de las ciudades fronterizas que luchan por recuperarse de los efectos de la pandemia.
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La disminución de las horas de operación en el puerto de entrada por las restricciones para prevenir la propagación del covid-19, ha obligado a los viajeros que de deben cruzan la frontera a tomar medidas para atender sus trabajos y negocios. 
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Las medidas no impiden el tránsito comercial de alimentos, combustible o de equipos de atención médica.
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Imagen picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I
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