Los más afectados por el cierre de fronteras siguen siendo turistas, quienes llegan en busca de asilo y niños no acompañados. Las mercancías, el comercio y los trabajadores de la salud podrán seguir cruzando. Más información aquí.
Video Secretario de Seguridad Nacional afirma que no se reabrirán las fronteras "hasta que esta administración esté convencida de que hacerlo es seguro"
La petición de $1.200 millones que hizo al Congreso el servicio de inmigración para mitigar las pérdidas causadas por la pandemia del covid-19 fue puesta en duda por la Asociación Americana de Inmigración ( AILA) , que además pide al Congreso que exija transparencia y que los fondos no sean desviados para fines de deportación.
“AILA cree que el Congreso debería asignar fondos temporales al USCIS solo si incluye salvaguardas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia”, dijo Marketa Lindt, presidenta de la entidad que agrupa a unos 15,000 abogados de todo el país.
PUBLICIDAD
El lunes la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) confirmó a Univision Noticias por medio de un correo electrónico, que se estaba quedando sin dinero debido a la pandemia del coronavirus.
Para solucionar la crisis, la agencia federal le pidió al Congreso que aumente en $1,200 millones el presupuesto del año fiscal 2020 y mencionó un incremento del 10% a las tarifas actuales.
Pero los abogados dicen que el Comité de Apropiaciones del Congreso debe “ exigir responsabilidad, realizar una supervisión estricta y garantizar que se cumplan las condiciones adecuadas antes de aceptar la solicitud”.
En cuanto a la razón del déficit que experimenta la USCIS, asociado a la pandemia del nuevo coronavirus, AILA lo pone en duda y señala que, en gran parte, “se atribuye a la mala gestión fiscal y las decisiones de política de la agencia diseñadas para erigir barreras deliberadamente para las personas que buscan solicitar beneficios de inmigración”.
“Está claro que USCIS, una agencia que hace solo unos años tenía excedentes presupuestarios significativos, se ha topado con sus propias políticas y procesos ineficientes”, señaló Lindt. “Sin proporcionar barreras de protección en torno a tales asignaciones, la mala gestión de la agencia continuará”, indicó.
Lindt dijo además que “el Congreso necesita usar el poder de la cartera y su responsabilidad de supervisión para exigir un retorno a un procesamiento y responsabilidad más eficientes. La agencia debe rendir cuentas a aquellos empleadores e individuos cuya misión es servir, muchos de los cuales pagan tarifas sustanciales por el procesamiento de sus documentos”.
PUBLICIDAD
A su vez, Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que “reconocemos el papel vital que desempeña USCIS en la administración del sistema legal de inmigración y que su personal de carrera ha estado trabajando incansablemente durante esta crisis”.
Precisó además que la Asociación “se compromete a identificar soluciones viables que garanticen que USCIS se administre adecuadamente y de una manera que sea consistente con su mandato del Congreso de adjudicar los beneficios de manera eficiente y justa”.
La USCIS sostiene que "debido a la pandemia de covid-19, ha visto una disminución dramática en los ingresos y está buscando una solicitud de fondos de emergencia por única vez para garantizar que podamos llevar a cabo nuestra misión de administrar el sistema de inmigración legal de nuestra nación, salvaguardando su integridad y protegiendo al pueblo estadounidense”.
“Es importante destacar que esta propuesta de financiación protege a los contribuyentes estadounidenses al no aumentar el déficit y exigir que devuelva el dinero al Tesoro de Estados Unidos", apunta.
AILA dijo que se ha comunicado en repetidas ocasiones con la agencia ofreciendo recomendaciones y soluciones que le permitirían “ponerse en marcha por sí misma para generar ingresos e implementar medidas de ahorro de costos”.
Entre las condiciones que los abogados exigen para que el Congreso le asigne fondos, AILA demanda:
Medidas para garantizar que el gasto de USCIS sea transparente y responsable;
Implementación de procesos de adjudicación rentables mediante la eliminación de obstáculos de adjudicación innecesarios y onerosos, como restituir la política de deferencia, otorgando a los jueces discreción sobre cuándo solicitar entrevistas en persona y reutilizando la biometría previamente capturada para todos los tipos de formularios;
Exigir que las tarifas del USCIS solo se gasten en cumplir con su mandato legal, en lugar de transferir fondos a las agencias de cumplimiento (arresto y deportaciones);
Planificar generar flujos de ingresos al restablecer el procesamiento premium y facilitar la presentación de solicitudes y peticiones.
En noviembre la USCIS propuso un incremento a la solicitud de ciudadanía estadounidense en un 83%, al cambiarla de $640 a $1,170. También dijo que aumentaría la tarifa para las solicitudes de DACA (permiso de trabajo Formulario I-765 más la toma de huellas digitales) de $495 a $765.
También anunció a finales del año pasado que propondrá un nuevo cobro para los solicitantes de asilo afirmativo de $50 dólares por solicitud. Hasta ahora los peticionarios de asilo no pagan al someter la petición correspondiente, que se financia con un porcentaje de las otras tarifas.
Esta vez y bajo el pretexto del coronavirus, la agencia dijo que propondrá un aumento generalizado de 10% a sus tarifas.
1 / 10
Una larga fila de personas enmascaradas y guardando la distancia social espera la apertura del cruce fronterizo de Otay Mesa, entre Tijuana (México) y San Ysidro (EEUU), la noche del 19 de mayo. Ese día los gobiernos de Donald Trump y Andrés López Obrador anunciaron un acuerdo para extender por 30 días más el cierre parcial de la frontera.
Vea aquí nuestro mapa actualizado del coronavirus: cifras de casos reportados, fallecidos y recuperados
Imagen picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I
