Jueces de inmigración piden al fiscal general Garland que les permita ser representados por un sindicato
Aunque todavía no ha sido confirmado por el Senado para asumir funciones como fiscal general, Merrick Garland recibió una carta en la que los jueces de inmigración le piden que “tome todas las medidas necesarias para preservar el derecho” de ser representados por un sindicato.
Por:
Jorge Cancino.
El presidente electo, Joe Biden, nominó este jueves a Merrick Garland como fiscal general y resaltó que es "un hombre con integridad, respetable y con mucho carácter". También aprovechó para enviar un mensaje al Departamento de Justicia. "Ustedes no van a trabajar para mí, ustedes no son el abogado del presidente ni del vicepresidente, son los abogados de la Constitución, las leyes y la gente de este país". Durante su intervención, Biden condenó los disturbios ocurridos en el Capitolio.
Video "Es uno de los jueces más respetados": Joe Biden nomina a Merrick Garland como fiscal general de Estados Unidos
Aunque todavía no ha sido confirmado como fiscal general, el juez Merrick Garland recibió esta semana una carta en la que los jueces de inmigración le piden que “tome todas las medidas necesarias para preservar el derecho” de ser representados por un sindicato.
La misiva fue enviada a nombre de los 500 jueces, todos ellos empleados del Departamento de Justicia (DOJ).
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“Durante más de 40 años, los jueces de inmigración no supervisores han estado representados por su sindicato, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ). En 2019 el Departamento de Justicia de la Administración Trump presentó una petición para despojar a los jueces de inmigración de su derecho legal a ser representado por un sindicato”, señalan los jueces.
La misiva agrega que “este fue un acto de represalia en contra del sindicato por su crítica de las cuotas y los límites de tiempo que los gerentes del DOJ impusieron a los jueces de inmigración y que advirtió el sindicato estaban socavando la independencia decisoria de los jueces de inmigración y los derechos al debido proceso de los inmigrantes”.
En agosto de 2019 el DOJ lanzó una estrategia para “descertificar” a la NAIJ, maniobra que estaba dirigida a “silenciar a una organización cuyos miembros han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno, conocida como ‘tolerancia cero’.
El Departamento presentó una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados "funcionarios administrativos" no elegibles para organizarse colectivamente.
A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el Fiscal General y son empleados del DOJ.
La treta emprendida por el gobierno era dejar sin voz a los jueces de inmigración. “Este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración”, dijo entonces Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “La administración está tratando de silenciar las voces sindicales de los jueces de inmigración, entidad que expresa las preocupaciones de los jueces para promover una operación más eficiente del sistema judicial”, añadió.
A finales de julio del año pasado, un año después de la carga para anular el sindicato, la FLRA determinó que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del Fiscal General.
“El intento del Departamento de Justicia de descertificar la Unión (o sindicato) no tiene mérito”, dijo la NAIJ en un comunicado tras conocer la decisión.
La agencia encargada de proteger los derechos y el lugar de trabajo de los empleados federales indicó no haber hallado mérito en los argumentos entregados por el DOJ respecto a que los jueces son “gerentes” a quienes se les debe negar el derecho de formar un sindicato y negociar colectivamente con su empleador.
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Susan S. Bartlett, directora regional de la FLRA, escribió en la decisión que los jueces de inmigración “no son funcionarios administrativos porque ellos actúan como jueces reuniendo hechos de testigos y documentos, y aplicando esos hechos a las leyes, reglamentos, precedentes y decisiones existentes en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)”.
Cuatro meses después que FLRA determinara que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del Fiscal General, un panel de la misma entidad revirtió la decisión y aceptó los argumentos presentados por el gobierno de Trump.
El segundo dictamen, entregado el lunes de 2 noviembre, un día antes de la elección presidencial, indica que los jueces no pueden sindicalizarse porque son "funcionarios del gobierno" y, por lo tanto, no pueden formar ni ser miembros de una organización laboral.
La decisión despojó a casi 500 jueces federales de sus derechos de negociación colectiva.
En el fallo, el panel de tres miembros la FLRA, dos de ellos nombrados durante el gobierno de Trump, revirtieron la decisión adoptada por la Dirección Regional (RD) de la Autoridad, negaron la petición de la NAIJ y excluyó a todos sus miembros de pertenecer a un sindicato bajo el argumento de que son “funcionarios de la gerencia” y, por lo tanto, “no son miembros apropiados para sindicalizarse según el Estatuto FLRA”.
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Tras la decisión, la NAIJ reiteró que los asaltos permanentes por parte del gobierno de Donald Trump para deshacer el sindicato y “diezmar los derechos de negociación” de los jueces se trataba de un esfuerzo diseñado para “transformar la fuerza laboral federal en un organismo a voluntad y profundamente politizada”.
“Hemos perdido esta batalla, pero ganaremos la guerra”, señaló el sindicato. Y agregó que “estábamos preparados para este día, seguiremos luchando y estamos estudiando todas y cada una de las opciones legales y de otro tipo disponibles”.
Tras la toma de posesión de Joe Biden el pasado 20 de enero, la NAIJ no pierde el tiempo y apunta sus baterías al fiscal general para que revierta lo actuado por sus antecesores y regrese la certificación del sindicato.
En noviembre “la FLRA) revocó una determinación de su propio abogado general fallando a favor de la petición del DOJ de descertificar al sindicato. El demócrata miembro de la Autoridad disintió, caracterizando la decisión de la mayoría como "la antítesis de toma de decisiones razonada", dice la carta.
“En este momento, el Director Regional de la región del Distrito de Columbia de la Oficina de Asesoría Jurídica de la FLRA está implementando la decisión de la mayoría”, es decir, descertificar el sindicato conforme el fallo de noviembre, advierte la NAIJ.
Y agrega: “la descertificación del sindicato de jueces de inmigración es contraria a precedentes de larga data y una clara represalia contra los jueces de inmigración por su adjudicación justa e imparcial de las leyes de inmigración”.
“Le solicitamos que usted, como Fiscal General designado, tome todas las acciones para asegurar que los jueces de inmigración puedan seguir siendo representados por su sindicato”, finaliza la petición.
