La Casa Blanca publica memorando que pone fin a la política migratoria del 'catch and release'
Donald Trump logró eliminar la práctica que consiste en dejar libres a inmigrantes indocumentados que sean detenidos mientras se resuelven sus casos en suelo estadounidense. Así, avanza en su propia reforma migratoria que incluye la búsqueda de nuevos espacios para encerrar y luego deportar de forma acelerada a quienes no tienen papeles.
Por:
Jorge Cancino.
El fiscal general Jeff Sessions anunció una nueva política de "tolerancia cero", que restringe el intento de ingreso sin documentos y la entrada ilegal a Estados Unidos, pero no especificó medidas concretas. El presidente Donald Trump ordenó acelerar la prohibición del sistema de capturar y liberar (catch and release), práctica que consiste en dejar libres a inmigrantes indocumentados mientras se resuelve su caso en una corte.
Video "Tolerancia cero" y 'capturar y liberar' en el gobierno Trump: ¿cuáles serían sus repercusiones?
El gobierno de Donald Trump dio un nuevo paso en su esfuerzo por reescribir la ley de inmigración sin el respaldo del Congreso. El viernes publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el memorando que pone fin a la política del 'catch and release'(capturar y liberar), decisión que se filtró la semana pasada.
El memorando, fechado el 6 de abril y firmado por Trump, incluye una serie de órdenes, entre ellas una que tiene como objetivo elaborar "una lista detallada de todas las instalaciones existentes, incluidas las instalaciones militares, que podrían usarse, modificarse o reutilizarse para detener a extranjeros por violaciones de la ley de inmigración en las fronteras de Estados Unidos o cerca de ellas".
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La Casa Blanca enfatiza en su página que la política migratoria del presidente está enfocada en la adopción de "un sistema de inmigración que sirva al interés nacional" y para ello se ha propuesto, además de detener y aumentar el arresto de indocumentados, "construir un muro" en la frontera con México y garantizar "la pronta eliminación ( deportación) de los entrantes (inmigrantes que ingresan al país) ilegales (indocumentados)".
La tercera semana de marzo, el Congreso aprobó el proyecto de ley de lo que restaba del presupuesto de 2018 y dejó fuera el pedido de 25,000 millones de dólares solicitados por Trump para la seguridad fronteriza, entre los que estaba el dinero para el muro. Pese a ello, el mandatario promulgó la ley el 23 de marzo, advirtiendo que estaba "descontento" con muchas de las disposiciones del proyecto.
A partir de entonces, utilizando su poder ejecutivo, ha firmado e impartido órdenes a sus secretarios para poner en marcha medidas que implementen la dura política antiinmigrante prometida a sus electores.
En el documento publicado el 13 de abril (fechado el día 6), Trump anuncia el fin de la política del 'catch and release' y lo argumenta como parte de sus medidas para "mejorar" la ejecución de las leyes de inmigración.
Utilizando un lenguaje similar al que usó durante su campaña –cuando asoció la inmigración en la frontera al tráfico de drogas– el mandatario advierte nuevamente que son "una amenaza a nuestra seguridad nacional y nuestra seguridad pública" una lista de factores: las operaciones de contrabando de personas, el tráfico de drogas y otro tipo de contrabando (no especificado), la entrada de pandilleros y otros delincuentes (que tampoco define) en la frontera de Estados Unidos.
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Luego señala que "la acumulación de casos relacionados con la inmigración en nuestro sistema administrativo es alarmantemente grande y ha obstaculizado la adjudicación expeditiva de casos destacados".
Trump cita en el memorando las órdenes ejecutivas del 25 de enero (una sobre las ciudades santuario y otra sobre el muro) y la del 20 de febrero de 2017, cuando ordenó al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que emita "una nueva orientación y política" respecto al uso apropiado de la autoridad de detención bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para detener y no liberar a extranjeros después de ser aprehendidos por violaciones a las leyes migratorias vigentes.
Si bien el DHS ha estado implementando la orden desde entonces, Trump pide hacer más para "proteger a nuestro país de los peligros de la liberación de extranjeros detenidos en nuestras comunidades mientras sus solicitudes de inmigración están pendientes".
El memorando, sin embargo, no detalla que muchos de los inmigrantes a los cuales se refiere han huido de sus países a causa de la violencia y la pobreza, ni que llegan a Estados Unidos en busca de asilo. Un ejemplo de ello son los miles de inmigrantes centroamericanos del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), la mayoría de ellos niños y mujeres, que desde finales de 2013 escapan hacia el norte para salvaguardar sus vidas.
Trump ordena al secretario del DHS, en coordinación con los secretarios de Defensa y Salud, y el fiscal general, que en un plazo de 45 días presenten le presenten un informe detallando todas las medidas que sus respectivos departamentos han llevado a cabo o ejecutarán para poner fin rápidamente a la política del 'catch and release'.
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En el informe, los ministros deben incluir obligatoriamente:
Todas las medidas tomadas para asignar los recursos legalmente disponibles para construir, operar, controlar o modificar o establecer contratos para construir, operar, controlar o modificar instalaciones para detener a extranjeros por violaciones de la ley de inmigración en o cerca de las fronteras de Estados Unidos.
Todas las medidas para asignar agentes de asilo a los centros de detención de inmigrantes con el propósito de aceptar solicitudes y llevar a cabo determinaciones de miedo creíbles.
Todas las medidas tomadas para garantizar la detención de extranjeros detenidos por violaciones a la ley de inmigración.
El memorando de Trump también ordena medidas "para garantizar la evaluación y recaudación de todas las multas y sanciones autorizadas de extranjeros presentes ilegalmente en el Estados Unidos y de aquellos que facilitan su presencia ilegal en los Estados Unidos", pero no explica a qué se refiere con esa última parte.
A finales de junio del año pasado el entonces secretario del DHS, John Kelly, anunció que el gobierno de Trump tenía previsto que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzara a imputar a familiares de niños inmigrantes traídos a Estados Unidos con cargos de tráfico humano.
También exigió una "lista detallada de todas las instalaciones existentes, incluidas las instalaciones militares, que podrían usarse, modificarse o reutilizarse para detener a extranjeros por violaciones de la ley de inmigración en las fronteras de los Estados Unidos o cerca de ellas".
El presidente también fijó un plazo de 75 días para la elaboración de un informe "identificando cualquier recurso adicional o autoridades que puedan ser necesarias para finalizar rápidamente las prácticas de la política del 'catch and release', dando lugar a extender poderes extraordinarios a las policías locales (estatales y municipales) para ejercer como agentes del servicio de inmigración.
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Eduardo Olmos, agente fronterizo, camina en la franja que separa a Tijuana de San Diego a la que nadie sin autorización puede entrar.
Imagen Isaias Alvarado
El abogado de inmigración Ezequiel Hernández aseguró que, si se elimina esta política, las madres y los niños indocumentados, sin importar la nacionalidad, tendrán que pasar por un proceso jurídico bajo detención y no se utilizará la acción de discreción procesas; es decir, ya no se podrá pasar por el proceso en libertad.
Video ¿Cómo afectaría la eliminación de 'catch and release' a los niños inmigrantes indocumentados?
