Lo que debes saber del nuevo programa de asilo que el gobierno de Trump implementa en la frontera con México

El gobierno de Donald Trump implementó a partir de este viernes un nuevo protocolo de asilo en un tramo de la frontera con México, plan que afectará principalmente a dos categorías de inmigrantes:

1. Quienes a juicio del gobierno traten de ingresar de manera ilegal; y
2. Quienes no tengan documentación adecuada.

En ambos casos estas personas “pueden ser devueltas a México y esperar fuera de Estados Unidos (hasta que sus casos sean resueltos), donde recibirán todas las protecciones humanitarias apropiadas durante la duración de su estadía”, explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un documento enviado a la redacción de Univision Noticias vía correo electrónico.
La estrategia, que forma parte de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno, fue anticipada el 20 de diciembre por la secretaria del DHS, Kirstjen M. Nielsen.

La funcionaria dijo, en esa ocasión, que la política tiene como objetivo frenar el tráfico de personas “a quienes “no tienen el derecho legal de permanecer en los Estados Unidos”, y “exigir que ciertas personas esperen sus procedimientos judiciales en México".

El programa

Denominado ‘Protocolos de Protección al Migrante’ (MPP), el programa, dice el gobierno, se implementa para enfrentar “una crisis de seguridad y humanitaria en la frontera sur”, argumento que el gobierno implementó desde finales del año pasado para justificar el pedido de fondos al Congreso para construir un muro en la frontera con México.

La oposición demócrata refuta la explicación y afirma que se trata de una argucia para complacer a la base electoral del presidente con miras a las elecciones presidenciales del 2020, donde Trump buscará su reelección.

El DHS, añade el plan, “está utilizando todos los recursos y autoridades apropiadas para enfrentar la crisis y ejecutar nuestras misiones para asegurar las fronteras, hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas, facilitar el comercio y los viajes legales, y detener a los traficantes, contrabandistas y organizaciones criminales transnacionales, contrabando de drogas y de personas”.

Para qué sirve

El gobierno asegura que el protocolo sirve para:

• Ayudar a restablecer un proceso de inmigración seguro y ordenado.
• Disminuir el número de personas que se aprovechan del sistema de inmigración actual.
• Evitar que los traficantes (de personas y drogas) ataquen las poblaciones vulnerables (indocumentados).
• Reducir las amenazas a la vida de las personas.
• Reducir las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública.
• Asegurar que poblaciones vulnerables reciban las protecciones que necesitan.

El DHS señala que, históricamente, los extranjeros indocumentados que intentaban entrar al país “eran predominantemente varones adultos solteros originarios de México que generalmente fueron retirados dentro de las 48 horas si no tenían el derecho legal de quedarse”.
Pero que ahora “más del 60% se trata de unidades familiares y menores no acompañados, y de ellos el 60% no son mexicanos”, añade. Y de ellos más del “90% permanecen en el país”, asegura.

Por qué se quedan

Asegura el DHS que la mayoría de las personas que llegan a la frontera en busca de asilo permanecen debido a “decisiones judiciales equivocadas y leyes obsoletas que han facilitado el ingreso y la permanencia de extranjeros ilegales”.

El sistema migratorio actual incluye leyes y acuerdos judiciales de protección, principalmente, a menores para evitar que sean victimas de tráfico humano. Las principales protecciones son:

• Acuerdo Judicial Flores de 1997. Prohíbe que el gobierno federal prive de libertad a menores de edad.
• Ley TVPRA de 2008. Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas. Prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos (México o Canadá) detenidos en la frontera y exige que sea un juez de inmigración quien resuelta sus futuros en Estados Unidos.
• Acuerdo Zadvydas de 1997. ICE no tiene derecho a mantener a un no-ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.

Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, el gobierno de Trump ha intentado eliminar estas provisiones, pero el Congreso y las cortes han rechazado los pedidos.

Capacidad de respuesta

El DHS reconoce en el protocolo que el aumento en el número de migrantes que cada día llega a la frontera sobrepasó su capacidad de respuesta para enfrentar la demanda de asilo. E insiste en que un elevado porcentaje de estas personas abusan del sistema y piden protecciones de “manera fraudulenta”, pero no deja que sean los jueces de inmigración quienes dictaminen si pueden quedarse o no en el país.

Los argumentos presentados por el gobierno tienen como objetivo permitir deportaciones aceleradas y de esa manera descongestionar la frontera para poner término a la crisis humanitaria que arrancó en el 2013, cuando miles de personas comenzaron a huir de sus países de origen, principalmente del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras y México) a causa de la violencia y la pobreza.

“Esto continúa contribuyendo a una acumulación de cerca de 800,000 casos de asilo en las cortes de inmigración y no tiene consecuencias para los extranjeros que han ingresado ilegalmente”, indica el DHS. Y agrega que “el dramático aumento de la migración ilegal, que incluye un número sin precedente de familias y solicitudes de asilo fraudulentas, dificulta que Estados Unidos dedique los recursos adecuados a las personas que huyen legítimamente de la persecución”.

Respaldo legal

El gobierno de Trump precisa que la Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) le da la autoridad para implementar el nuevo protocolo de asilo “y proporciona procedimientos específicos con respecto al tratamiento de aquellos que no tienen un derecho claro de admisión, incluidos los solicitantes de asilo”.

Explica que “en el caso de un extranjero… quien llega a tierra (sea o no a un puerto designado de llegada) de un territorio extranjero contiguo a EEUU, el secretario del DHS puede devolver al extranjero a ese territorio en espera de un procedimiento de [remoción] según la Sección 240 de la INA”.

Y subraya que “Estados Unidos notificó al Gobierno de México” sobre la implementación de estos procedimientos conforme a la ley de Estados Unidos”.

El 24 de diciembre, la cancillería mexicana emitió un comunicado ampliando detalles del procedimiento anunciado por Nielsen, e indicó que la decisión del gobierno de Washington de cambiar el protocolo de asilo “es un asunto interno de ese país”, y que “el Gobierno de México tomará las medidas pertinentes en el ejercicio pleno de nuestra soberanía y en apego a nuestro marco jurídico al respecto” cuando ello ocurra.

Quiénes serán afectados

De acuerdo con el plan distribuido por el DHS, los inmigrantes afectados por la nueva política de asilo serán:

· Aquellos extranjeros que solicitan protección en cualquier momento durante la detención
· Aquellos extranjeros que estén siendo procesados y se ha evaluado que no enfrentan persecución ni tortura en un país contiguo.

Quiénes no serán afectados

• Los niños extranjeros no acompañados y los extranjeros en procedimientos acelerados no estarán sujetos al MPP. Pero no señala si seguirá vigente con todos sus poderes las protecciones garantizadas por el acuerdo Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008.
• Otros individuos de poblaciones vulnerables pueden ser excluidos caso por caso.

Cómo funcionará el plan

• Antes de que un juez de inmigración determine los méritos de cualquier reclamo de asilo, se evitará la retirada del migrante.
• Pero, explica, los extranjeros recibirán un "Notificación de Comparecencia" para su audiencia en el tribunal de inmigración y serán devueltos a México hasta su fecha de audiencia.
• Mientras que los extranjeros esperan sus audiencias en México, el gobierno mexicano ha tomado su propia determinación de brindarles a esas personas la posibilidad de permanecer en México (México no ha clarificado este punto).
• Los extranjeros que necesiten regresar a EEUU para asistir a sus audiencias en el tribunal de inmigración podrán ingresar al país y asistir a esa audiencia.
• Los extranjeros cuyas reclamaciones sean consideradas meritorias por un juez de inmigración podrán permanecer en EEUU.
• Aquellos que se determine que no tienen reclamaciones válidas, serán deportados de EEUU a su país de nacionalidad o ciudadanía.

Anticipan caos

Abogados consultados por Univision Noticias anticipan que el nuevo protocolo traerá más caos a la frontera sur.

“El plan rompe el esquema tradicional de trato a los migrantes que piden asilo en la frontera”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

“Trataran de detenerlos para no dejarlos entrar, para controlarlos uno por uno, algo que el gobierno de Trump ha venido prometiendo y haciendo desde que se instaló en la Casa Blanca”, agregó.

Barón dijo además que “el tratamiento que darán los agentes fronterizos a los migrantes les permitirá actuar con rapidez e indirectamente disuadir a las personas que piden asilo para que se desesperen y se vayan”.

“Desgraciadamente será un proceso que afectará a todos, los harán sufrir más del sufrimiento que padecieron y que los obligó dejar sus países. Se dañarán vidas y México no da garantías de que los protegerá. No existe cooperación bilateral de protección en este caso”, indicó Barrón.

Al cierre de esta nota la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) no se ha pronunciado sobre el nuevo protocolo de asilo de Trump en la frontera. Se espera que la cancillería ofrezca una respuesta a primera hora de la tarde de este viernes.