“Esto es terrible, tenemos miedo a perder la vida”: las voces de presos en una cárcel de ICE infectada de covid-19

“Todos aquí están con tremendo miedo”, dice un interno de La Palma, uno de los centros de detención que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene en Eloy, Arizona (La Palma Correctional Facility). Nació en Cuba y habla rápido, como si el tiempo se acabara y tuviera que decirlo todo de una sola vez, en una sola frase. “Ayer me sacaron (de aislamiento), pero el sábado pasado me dieron unas taquicardias, hermano. Empecé a tocar el botón de la emergencia y la enfermera llegó como a los 40 minutos con un mal carácter. ¿Con tres panes, cómo voy a combatir esta enfermedad?”, pregunta.

No hay respuestas. Los segundos transcurren. En el fondo se escuchan decenas de voces. “A los que se ponen mal los sacan por helicóptero en la madrugada”, cuenta. “Nos dijeron que teníamos que sacrificarnos porque las cosas estaban mal y teníamos que seguir comiendo esa comida. Y que si no comíamos más pan, que nos comiéramos lo otro (el jamón que lleva dentro)”.

La dieta en las últimas semanas consiste en una caja con un sándwich en cada tiempo de comida. “Desayuno, almuerzo y cena; pan, pan y pan”, dice otro detenido.

La denuncia está contenida en varios audios a los que Univision Noticias tuvo acceso, un total de 29 minutos. Son testimonios de inmigrantes bajo custodia de ICE en Arizona. Fueron grabados por un inmigrante que estuvo detenido en ese lugar y ahora colabora ayudando a otros internos en Las Vegas, Nevada. Las grabaciones las compartió con la organización Kino Border Iniciative para que se conozca cómo viven los indocumentados bajo la protección de ICE en estos tiempos de pandemia.

“Los audios se obtuvieron el 23 de mayo. La persona que lo grabó es Yandy Noy Morales, quien estuvo detenido anteriormente en La Palma”, dijo Katie Sharar, directora de comunicaciones de Kino.

ICE dijo a Univision Noticias que para minimizar la propagación del virus se “ha evaluado a su población detenida en base a la guía de los Centros para el Control de las Enfermedades para las personas que podrían estar en mayor riesgo de enfermedad grave como resultado de covid-19 para determinar si la detención continua es apropiada” y que además por riesgo médico “ha liberado a más de 900 personas después de evaluar su historial de inmigración, antecedentes penales", entre otras variables.

La mayoría de los detenidos en La Palma llegaron a EEUU para pedir asilo en la frontera. Algunos recorrieron durante meses miles de millas hasta llegar al norte de México y pedir finalmente protección en Estados Unidos, un recurso legal disponible, aunque desde enero del año pasado con severas restricciones tras desatarse la pandemia de coronavirus.

La Palma es un centro privado que opera bajo control de la empresa CoreCivic. Tiene un contrato con el gobierno para la custodia de inmigrantes indocumentados en proceso de deportación.

Hacinados y con hambre

Los testimonios grabados muestran el miedo que se ha apoderado de muchos inmigrantes detenidos en La Palma.

“Estamos pasando necesidades de hambre, no hay higiene. Nosotros venimos huyendo de un país por la opresión, (por) muchas cosas, entonces aquí nos tratan igual que en nuestro país”, dice otro inmigrante, también originario de Cuba.

Agrega que en el centro “no hay respeto, nos tienen engañados. Aquí hay personas contaminadas con coronavirus, las sacan, las vuelven a meter, nos contaminamos, nos volvemos a infectar”. La voz, por ratos se quiebra, no hay manera para describir la impotencia.

“Esto es terrible. Tenemos miedo a perder la vida aquí. No nos dan seguridad de nada, todo tenemos que aguantar aquí. No nos dan comida, lo que estamos comiendo es pan por la mañana, pan al mediodía y pan por la noche. Así, una persona con esta situación no se puede enfrentar a una enfermedad, ¿entiende?, porque no tenemos defensas. Es una enfermedad que depende totalmente de las defensas del organismo”, recalca.

Otro inmigrante que se identifica con el nombre de Rafael narra que “la situación que estamos viviendo aquí, la gente que se sienten enfermas la meten en un hoyo (celda de aislamiento), los encierran en unas condiciones terribles. En este momento que estoy hablando contigo seremos más de 80. Ponen a todo el mundo junto sin distanciamiento social. Aquí estamos expuestos a todo, a todo hermano”.

De vuelta a la vida

Un indocumentado que estuvo detenido más de tres meses en La Palma contó a Univision Noticias que nunca fue sometido a una prueba de coronavirus por las autoridades, que durante las primeras cuatro semanas de la pandemia no había protocolos para detectar a tiempo posibles contagios y que la única manera de que el virus se introdujera fue a través de los guardias o internos que a cada rato llegan al lugar.

Melchor Tezoquipa Delgado dice que los internos se enteraron de la pandemia “por las noticias” y que varias semanas después de decretada la emergencia de salud púbica, ya entrados en el mes de abril, “nos dijeron que se estaba poniendo peor”. Fue entonces cuando “un muchacho salió positivo y fue la mánager que salió a decirnos que íbamos a estar en cuarentena”.

A los pocos días Tezoquipa reportó que se sentía mal “y me dijeron que no podía ir al doctor porque había mucha gente. Me dijeron que hiciera un request y lo hice. A la semana volví a pedirlo y pedí permiso al security y le dije que fuera a ver a la mánager y que me sentía mal. Me dijo que iba a venir, pero no vino y tuve que hacer otro request”.

El inmigrante dice que el 11 de mayo, tres días antes de salir bajo fianza, “me revisaron y me dijeron que estaba bien”. Pero por recomendación de su abogada, Margo Cowen, se sometió a una prueba de covid-19 “y para mi sorpresa salí positivo”.

Tezoquipa no sabe cómo ni cuándo se contagió, ni tampoco a cuántos pudo haber contagiado en la cárcel de ICE. “Seguí con el mismo compañero” hasta el día en que fue liberado “no nos separaron. No había cloro, a veces no teníamos jabón para lavarnos las manos. Y solo nos dieron una mascarilla ese mes”.

Comentó además que en la cárcel “es difícil mantener distanciamiento social” y que a “muchos (internos) que habían aislado por temor a que estuvieran infectados con coronavirus los regresaron a los 15 días y ahí convivíamos todos”.

Alta suma para la fianza

Para Margo Cowen, abogada de Tezoquipa, el plan del gobierno “es matar a estas gentes, desesperarlos, que sientan miedo de que se van a morir para que renuncien a sus casos y los deporten”. Dijo que no ha podido ajustar el estado migratorio de su cliente a residente legal permanente, pero en los más de 20 años que lleva en el país ha pagado impuestos y respetado la ley.

Cowen explicó que el inmigrante, por trabajar con un número de seguro social prestado por un pariente, fue detenido por agentes de inmigración y enviado a La Palma. “Logramos rebajar los cargos y obtener una fianza de $10,000 dólares”, contó. “Lo dejaron libre el 14 de mayo”.

Como no le hicieron un examen para saber si tenía el covid-19 en el centro de detención, al salir libre “se sometió a una prueba de coronavirus que resultó positiva. Él solicitó en varias oportunidades que lo viera un médico, pero se lo negaron. Pensamos que, cuando lo aislaron junto con otros internos sin haberle hecho una prueba, fue ahí que se contagió”.

“Salió libre y (superó) el virus de milagro”, añade. “Mi análisis es que estas personas no tienen recursos para que batallen contra el gobierno.

Cowen es defensora pública penalista en el condado Pima y voluntaria en la organización Keep Tucson Together, un grupo de ayuda a inmigrantes que actualmente asiste a unas 800 familias inmigrantes y de ellos alrededor de 60 que se encuentran recluidos en La Palma.

Casi un año lejos

A poca distancia de La Palma se encuentra el centro de detención Eloy (Eloy Federal Contract Facility), también controlado por CoreCivic. Una de las internas en el área de mujeres es Zoila, una inmigrante de origen ecuatoriana no que lleva 11 meses detenida sin que su familia en Estados Unidos consiga que un juez le otorgue libertad bajo fianza para evitar que se contagie con civid-19.

“Nosotros estamos acá por persecución”, dice Chana, su hermana, quien espera Zoila pueda presentarse ante un juez de inmigración para defender su caso de asilo. Cuenta que su hermana recibía amenazas en su país. “Allá (en Ecuador) nada protegía, por eso decidimos venir aquí”.

Cuando la detuvieron en la frontera en junio del año pasado, la enviaron a un centro de detención. Explica que su hermana pasó la entrevista de miedo creíble, pero que aún así permanece detenida. “Después de unos 15 días de estar detenida le negaron fianza y a partir de eso comenzó la pesadilla”, dice.

Zoila, de 22 años, sufre ataques de epilepsia y tiene problemas de corazón por lo que su familia teme que el encierro en Eloy haya debilitado su estado inmunológico. El mayor miedo de la familia es que Zoila se contagie y no vuelvan a verla.

En un video enviado a nuestra redacción por sus padres, piden al Gobierno de Estados Unidos que tenga en cuenta su estado de salud y consideren una alternativa a la detención para que pueda continuar en libertad su caso migratorio.

“Autoridades de Estados Unidos, les pido el favor… Mi hija Zoila ates que coja esta enfermedad, coronavirus, ella tenía una enfermedad del corazón”, dice su padre con el llanto a flor de piel. “Por eso te ruego y más, por un año no hemos visto y no hemos oído ninguna palabra. Por eso ruego”, clama el progenitor desde la Provincia de Cañar, ubicada a 364 kilómetros (226 millas) de Quito, junto a su esposa.

La respuesta de ICE

Univision Noticias preguntó a ICE por las condiciones de vida de los internos en La Palma y los protocolos de seguridad sanitaria que se implementan durante la pandemia.

“Le animo a leer detenidamente nuestro sitio web que detalla cómo la agencia está manejando la pandemia nacional”, dijo Yasmeen Pitts O’Keefe, vocero de la agencia federal. “Asegúrese de abrir todas las pestañas (de la página) prestando especial atención a la sección de población detenida”, indicó.

Agregó que la información incluye la cantidad de pruebas de covid-19 llevadas a cabo y apuntó que “es posible que algunos detenidos ya no estén bajo la custodia de ICE y que desde entonces hayan dado negativo en la prueba del virus”.

Según la página, al 3 de junio ICE contabilizaba 1,579 casos positivos de covid-19 en 59 centros alrededor del país con una población total de 25,421 detenidos. Es decir, solo el 12% de los internos han sido testeados.

La página agrega que en el centro de detención La Palma se registran 78 casos positivos de covid-19 y 4 en la cárcel de Eloy. El centro con mayor número de casos es Otay Mesa, en San Diego, con 160, que además registra una muerte.

“Cuando están graves los llevan al hospital y ahí se mueren”, dice Cowan. “Por eso no hay cifras más altas de fallecimientos en los centros de detención”.

La agencia también explica que a partir de marzo expertos en detención y operadores de campo “identifican pasos adicionales mejorados para minimizar la propagación del virus” y desde entonces “ha evaluado a su población detenida en base a la guía de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) para las personas que podrían estar en mayor riesgo de enfermedad grave como resultado de covid-19 para determinar si la detención continua es apropiada”.

Agrega que, de esta población de riesgo, “ha liberado a más de 900 personas después de evaluar su historial de inmigración, antecedentes penales, amenaza potencial para la seguridad pública, riesgo de fuga y preocupaciones de seguridad nacional”.

Pero muchos casos quedan estancados entre las cancelaciones de cortes y el avance de la pandemia. El de Zoila es uno de ellos. El pasado 2 de junio le postergaron nuevamente la cita que tenía para fijar su fianza. Ahora debe esperar hasta el 28 de julio, un tiempo que se hace lejano para su familia, que teme que la joven con serios problemas de salud se contagie de covid-19 y pierda la vida en el país al que huyó escapando de la muerte hace ya casi un año.