Muestras de ADN de inmigrantes que propone el gobierno irán a una base de datos del FBI que almacena información de criminales
El nuevo plan parte de la política migratoria de 'tolerancia cero' fue publicado en el Registro Federal por el Departamento de Justicia y abierto a un corto período de comentario público que vence el próximo 12 de noviembre.
Por:
Jorge Cancino.
El Departamento de Justicia dio a conocer este lunes que la evidencia servirá para que el gobierno coteje la información de los extranjeros con historiales criminales y para identificar posibles peticiones de refugio que son fraudulentas.
Video Oficializan plan de Trump para recolectar muestras de ADN de migrantes en la frontera que solicitan asilo
El gobierno de Donald Trump propuso tomar muestras de ADN a los inmigrantes detenidos y enviar los resultados a una base de datos de criminales condenados que administra el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El nuevo plan, parte de la política migratoria de 'tolerancia cero', fue publicado el lunes en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) por el Departamento de Justicia y abierto a un corto período de comentario público que vence el próximo 12 de noviembre.
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La norma “propone enmendar las regulaciones que requieren la recolección de muestras de ADN de individuos arrestados, acusados o condenados y de personas no estadounidenses que están detenidas bajo la autoridad de Estados Unidos”, se lee en el documento.
La ley vigente permite que autoridades federales recolecten muestras de ADN de personas que tienen bajo custodia como una medida de identificación regular, a la par de la toma de huellas digitales y fotografías.
Sin embargo, la norma solo apunta a personas arrestadas con cargos penales federales y no incluía a inmigrantes detenidos, entre ellos solicitantes de asilo que aguardan en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) pendientes de que un juez de inmigración decida sus casos.
Entre las personas que no son ciudadanos estadounidenses, la norma, además de los solicitantes de asilo, se incluye a aquellos que no son admitidos legalmente para la residencia permanente o ingresaron al país de manera ilegal (sin presentarse por un puesto de control fronterizo autorizado).
A principios de febrero del año pasado funcionarios del Departamento de Estado anunciaron que el FBI construiría una base de datos con información de ADN de migrantes detenidos en la frontera.
La herramienta, agregaron, podrá ser utilizada por “otras divisiones” del gobierno, y esto “nos va a permitir identificar mejor a una persona que entró ilegalmente al país", agregaron.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también anticiparon en esa ocasión que "ya estamos recolectando datos biométricos tradicionales, esto va a ser un conjunto adicional que nos ayudaría a la identificación futura de las personas".
El gobierno estima que la toma de muestras de ADN permitirá elaborar perfiles “más completos” de extranjeros indocumentados para poderlos deportar, una de las principales promesas de campaña del mandatario.
Tras conocer los planes del gobierno sobre la construcción de una base de datos con muestras de ADN de inmigrantes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que la recolección forzada de estas muestras “plantea serias preocupaciones de privacidad y libertades civiles, y carece de justificación, especialmente cuando el DHS ya está utilizando métodos de identificación menos intrusivos como las huellas digitales”.
“Nuestro ADN no solo revela información profundamente personal sobre nosotros, sino también información sobre nuestros familiares. Esto significa que las políticas de inmigración racistas de la administración también implicarán los derechos de los miembros de la familia en otros países y miembros de la familia aquí, incluidos los ciudadanos estadounidenses”, agregó.
El grupo de derechos civiles dijo además que “este tipo de recolección masiva alterará el propósito de la recolección de ADN, de uno de investigación criminal a la vigilancia de la población, lo cual es contrario a nuestras nociones básicas de libertad y autonomía”.
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La ACLU también formuló una serie de preguntas que hasta ahora no tienen respuestas. Entre ellas: “¿Qué pasa si el gobierno usa la información genética que recolecta para determinar el acceso al empleo, nuestra capacidad de tener hijos o casarnos, y otros beneficios? ¿Qué sucede si se prohíbe a las personas ingresar al país en función de su propensión a ciertas afecciones médicas? ¿Qué sucede si el gobierno decide que quiere saber la identidad de cada persona que asiste a una protesta?”
La nueva regla incluye algunas excepciones, entre ellas “para extranjeros procesados para admisión legal en Estados Unidos”.
La segunda excepción incluye a los extranjeros detenidos en un puerto de entrada durante la consideración de admisibilidad y no están sujetos a más detenciones o procedimientos.
Advierte que los extranjeros que entran con documentos “pueden considerarse detenidos cuando, por ejemplo, se los retiene brevemente en los aeropuertos durante el procesamiento de rutina o se los lleva a un lado para una inspección secundaria”. En este caso no se les tomará una nuestra de ADN.
Otra excepción aplica a extranjeros recluidos en relación con la interdicción marítima, porque la recolección de muestras de ADN en situaciones de interdicción marítima puede ser innecesaria y prácticamente difícil o imposible, explica la regla.
El último grupo de exentos mencionado se refiere a aquellos extranjeros que el Secretario de Seguridad Nacional, “en consulta con el Fiscal General, determina que la recolección de muestras de ADN no es factible debido a operaciones, exigencias o limitaciones de recursos”.
El gobierno escribió en la nueva regla que, “la mayoría de los migrantes son arrestados sobre la base de una conducta que en sí misma es criminal”, un argumento que fue refutado por activistas que defienden los derechos de los inmigrantes.
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“Claro que no”, dice Artemio Arreola, director ejecutivo de la Coalición Pro Derechos Humanos de Illinois. “No son criminales, son personas que huyen de sus países en busca de asilo”, agrega.
“Pero además no se sabe si estas personas han cometido crímenes en sus países porque no hay bases de datos que lo demuestren. Son gente que huyó para salvar sus vidas y vienen a este país en busca de refugio. No son criminales”, reiteró”.
Arreola, sin embargo, dijo que la preocupación no solo debería estar centrada en la toma de muestras de ADN, “sino en quién se encargará de hacerlo y cuánto dinero le dará el gobierno para ejecutar este proyecto”.
“Esto resultará en un gasto millonario para los contribuyentes y el gobierno, antes de ponerlo en funcionamiento, debería transparentar el proceso”, indicó.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
