¿Una moratoria a las deportaciones por 100 días? Piden a Biden actuar mientras revisa la política migratoria de Trump
El presidente electo "puede ayudar a reconstruir el sistema de inmigración” vigente, pero para hacerlo tiene que decretar un alto total de deportaciones por medio de una orden ejecutiva, recomienda un informe del Center for American Progress (CAP).
Por:
Jorge Cancino.
Tijuana fue la primera ciudad en la que se implementaron los Protocolos de Protección de Migrantes, también conocidos como ‘Quédate en México’. Esta política permite al gobierno estadounidense devolver a los solicitantes de asilo a México, donde esperan durante meses en siete ciudades fronterizas mexicanas con alta incidencia delictiva. Tijuana es considerada la menos insegura para ellos, pero a la vez es una de las ciudades más violentas del mundo. Allí, los migrantes reviven sus miedos y desarrollan nuevos traumas en medio de amenazas que pensaban habían escapado.
Video El trauma, el miedo y la desesperanza de quienes esperan su asilo atrapados en México
El presidente electo Joe Biden puede ayudar a reconstruir el sistema de inmigración vigente, pero para hacerlo tiene que decretar una “moratoria de deportaciones de 100 días” mientras revisa política de ‘tolerancia cero’ que heredará del presidente saliente, Donald Trump.
Así concluye un informe elaborado por el Center for American Progress (CAP), una organización proinmigrante basada en Washington que respalda la aprobación de una reforma migratoria amplia que otorgue una vía de legalización para los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
El CAP dice que “la Administración entrante de Biden (que asume el control de la Casa Blanca el 20 de enero) puede impulsar una serie de reformas cruciales al sistema de inmigración al emitir una orden ejecutiva clara y amplia en sus primeros días en el cargo”.
En los cuatro años en el poder, Trump a golpe de órdenes ejecutivas y memorandos desarmó el sistema de inmigración aprobado por el Congreso eliminando casi en su totalidad beneficios legales vigentes, entre ellos el asilo y la posibilidad de que indocumentados sin antecedentes criminales y con familias establecidas reciban la cancelación de administrativa de sus casos de deportación y permanezcan legalmente en Estados Unidos.
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Trump también puso trabas a la inmigración legal, puso en vigor un nuevo reglamento de carga pública que deja sin chances de permanencia a inmigrantes de bajos recursos y limitó la reunificación familiar, entre otras modificaciones.
El reporte del CAP indica que la orden ejecutiva que emita Biden una vez se instale en la Casa Blanca “debe exponer una clara condena del sistema dañado que está heredando”, al tiempo que debería explicar “la dirección que tomará en el transcurso de su mandato y los cambios iniciales, necesarios y con urgencia que llevará a cabo”.
Entre las primeras medidas, el CAP recomienda al nuevo gobierno “una moratoria de 100 días a las deportaciones” mientras lleva a cabo “una revisión integral de los casos pendientes y desarrolla un conjunto de prioridades de ejecución sensatas”.
En Centro indica que las medidas sugeridas en el informe le permitirán al nuevo gobierno “construir un sistema de inmigración que sea más justo, humano y viable”.
“Como parte de la orden ejecutiva, el presidente electo Biden debe rescindir inmediatamente las órdenes ejecutivas y las políticas que van en contra de esos valores y objetivos, y debe encargar a los secretarios del gabinete la responsabilidad de entregar nuevos planes y políticas sobre una serie de asuntos consistentes con la visión del nuevo gobierno”, apunta.
La política migratoria de tolerancia cero de Trump arrancó el 25 de enero de 2017, cinco días después de asumir el control del país con la firma de dos órdenes ejecutivas, una sobre la construcción del muro en la frontera con México y otra sobre las jurisdicciones santuario.
Ambos decretos dieron paso, además, para que el mandatario convirtiera la presencia indocumentada como una amenaza a la seguridad nacional, una infracción que hasta ese momento constituía una falta de carácter civil.
El gobierno de Trump “ha transformado dramáticamente” el sistema de inmigración estadounidense “en formas radicales y audaces, pero también en pequeños detalles técnicos”, señala un estudio del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute -MPI-).
“Después de comprometerse a adoptar una de las agendas más activistas sobre inmigración en tiempos modernos, la administración Trump ha cumplido casi todo lo que el presidente prometió en la campaña electoral, casi exclusivamente a través de decretos ejecutivos, ignorando un Congreso con el que originalmente se había comprometido a trabajar en una reforma”, añade.
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El MPI dice además que eL Congreso, “que permaneció estancado en materia de inmigración, se quedó sentado mientras el Ejecutivo reformaba el sistema de formas nunca vistas en décadas, ejecutando, con metódico detalle, un plan para reducir drásticamente beneficios humanitarios, aumentar la aplicación de la ley y disminuir la inmigración legal”.
Los más de 400 cambios a la ley de inmigración durante los últimos cuatro años “han causado una confusión sustancial entre abogados, evaluadores médicos e inmigrantes”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.
“El hecho de que muchos de estos cambios hayan sido impugnados en los tribunales sólo ha exacerbado los malentendidos. Este puede ser el objetivo de las órdenes ejecutivas y las reglas de la agencia mal redactadas y complicadas: disuadir a las personas de emigrar, solicitar asilo o permanecer en los Estados Unidos. La administración Trump ha utilizado el caos como una táctica de inmigración deliberada y ha sido eficaz”, añade.
A juicio de Yale-Loehr, “los inmigrantes se han enfrentado a amenazas repetidas en múltiples ámbitos, incluidas las repetidas prohibiciones de viaje, el peligro de los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS), redadas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y agresivas restricciones de asilo”.
Si bien algunos de los cambios han sido bien pensados y elaborados, “muchos se han hecho al azar, con un entendimiento claro de que serían impugnados en los tribunales. Como dijo un experto en inmigración a Vanity Fair, el asesor de inmigración de Trump, Stephen Miller, ‘en realidad no le importa si los tribunales retrasan algo. De hecho, prefiere el caos que esto crea’", indicó.
Yale-Loehr dijo además que “los tribunales anularon o retrasaron algunos de los cambios en la política de inmigración de la administración Trump. Pero los litigios llevan tiempo. Y, con suficiente incertidumbre generada, estas políticas tienen un impacto similar como si fueran realmente implementadas. En esencia, el impacto de estos cambios de política pública se extiende mucho más allá de las modificaciones legales específicas en sí mismas”.
Biden prometió durante su campaña deshacer las directrices puestas en pie en los últimos cuatro años por Trump, restaurar el sistema migratorio heredado de su antecesor, Barack Obama y enviar al Congreso, en los primeros 100 días, un plan de reforma migratoria que incluirá una vía de legalización para la mayoría de los 11 millones de indocumentados en el país.
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El siguiente es el plan propuesto por el presidente electo:
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El asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller, es conocido por su férrea posición en contra de la inmigración, incluso es reconocido como uno de los ideólogos del gobierno en su política antiinmigrante. Uno de sus puntos más polémicos los expuso durante una rueda de prensa en la Casa Blanca donde, en una discusión con el reportero de CNN Jim Acosta, insistió que para aceptar a un inmigrante uno de los requisitos principales debe ser que hable inglés.
