Una de las principales organizaciones que asiste a las oleadas de migrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos –y se encuentran varados en Tijuana– condenó este viernes la nueva política de asilo que el gobierno de Donald Trump implementó a partir de este viernes en el puerto fronterizo de San Ysidro.
Tildan de "inhumana" la nueva política de Trump para pedir asilo en la frontera con México
Estados Unidos no ha explicado cuánto tiempo deberán esperar en el país vecino los migrantes que sean devueltos a espera de una audiencia. Esto preocupa a las organizaciones proinmigrantes, pues las cortes estadounidenses ya tienen más de 800,000 casos acumulados: abogados temen que en algunos casos los procesos de asilo demoren hasta ocho años.

"Es una política inhumana e ilegal", dijo a Univision Noticias Irineo Mujica, director ejecutivo de Pueblo Sin Fronteras, una organización basada en Tijuana que asiste a los inmigrantes que huyen de sus países en busca de protección en Estados Unidos.
Mujica considera que el nuevo protocolo "nunca debió haber sido implementado" y que "pone en peligro a las personas más vulnerables, expuestas al secuestro y al asesinato en la frontera, uno de los sitios más peligrosos del mundo".
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Los afectados con el cambio
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso en marcha este viernes el nuevo protocolo de asilo para enfrentar la crisis humanitaria de los migrantes que llegan masivamente a la frontera para solicitar ayuda del gobierno estadounidense.
De acuerdo con el plan, los afectados por la nueva política son:
- Los extranjeros que solicitan protección en cualquier momento durante una detención.
- Aquellos extranjeros que estén siendo procesados y se ha determinado que no enfrentan persecución ni tortura en un país contiguo.
Quienes no califiquen para el asilo, serán deportados. Pero aquellos que tengan un motivo o causa creíble, recibirán una "Notificación de Comparecencia" para su audiencia en el tribunal de inmigración y serán devueltos a México hasta su fecha de audiencia.
Mientras que los extranjeros esperan sus audiencias en México, el gobierno mexicano ha tomado su propia determinación de brindarles a esas personas la posibilidad de permanecer en el país por razones humanitarias.
El DHS dijo que las personas que necesiten regresar a EEUU para asistir a sus audiencias en el tribunal de inmigración podrán ingresar y asistir a esa audiencia. Y los extranjeros cuyas reclamaciones sean consideradas meritorias por un juez podrán permanecer en EEUU.
Los niños extranjeros no acompañados y los extranjeros en procedimientos acelerados no estarán sujetos al protocolo. Pero la nueva norma no señala si seguirán vigentes con todos sus poderes las protecciones garantizadas por el acuerdo Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008.
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Qué dice México
El gobierno de México fustigó la nueva política que tildó de "unilateral" y dijo que respetará los derechos humanos de los migrantes que sean devueltos por Estados Unidos mientras resuelven sus pedidos de asilo.
El país vecino además rechaza el ser considerado por el gobierno de Trump como un tercer país, dijo Roberto Velasco, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este viernes.
"Un acuerdo de esa naturaleza implicaría un compromiso vinculante de procesar en nuestro territorio todas las solicitudes de asilo a Estados Unidos de migrantes que pasen por nuestro país", dijo el portavoz leyendo una nota de su gobierno.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estima que EEUU devolverá unos 20 migrantes diariamente luego de que estos pidan asilo.
El DHS no ha explicado cuánto tiempo deberán esperar en México los migrantes regresados. Es incierto el tiempo que eso pueda llegar a ser, dado que las cortes de inmigración estadounidenses tienen más de 800,000 casos acumulados, sin contar las 350,000 deportaciones que fueron frenadas administrativamente pero reabiertas por el exfiscal general, Jeff Sessions.
Abogados consultados por Univision Noticias temen que en algunos casos los procesos de asilo demoren hasta ocho años.
"Estamos viendo cómo paramos esta locura"
"Esta nueva política pone en riesgo la vida de personas solicitantes de asilo", dijo Pueblo Sin Fronteras en un comunicado. "Ya hay casos confirmados de asesinatos en Tijuana, de centroamericanos que huían de sus países y estaban varados en México porque el gobierno de Estados Unidos les negaba el derecho de pedir asilo en un puerto de entrada conforme a la ley", agregan.
"Estados Unidos se esconde detrás de la excusa a todas luces de que no tiene la capacidad de procesar a personas solicitantes de asilo para evitar el cumplimiento de sus propias leyes y el gobierno de México juega el papel de policía migratoria estadounidense al controlar el ingreso de solicitantes de asilo a EEUU", advierte Mujica.
El activista señaló además que, junto con otras organizaciones en Estados Unidos y México, "estamos preparando demandar en las cortes el nuevo el protocolo de asilo de Trump, estamos viendo cómo paramos esta locura".
"Para nosotros es obvio que está en contra de tratados internacionales suscritos por Estados Unidos. Cualquier persona que teme por su vida no puede ser deportada. La medida es una deportación, aunque le quieran llamar de otro nombre. Los migrantes que piden asilo están siendo deportados inmediatamente a México y México no está garantizando la seguridad de estas personas", afirmó.
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Medida "desafortunada"
Otra organización civil que asiste a los migrantes en Tijuana dijo que el reglamento de asilo anunciado por el DHS el viernes se trata de una política "desafortunada”.
"Creo que no garantiza los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y tampoco garantiza la protección especial que estas personas requieren", dijo a Univision Noticias Soraya Vásquez, vocera del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria.
"Se trata de una decisión unilateral y una imposición de Estados Unidos hacia México", añadió y resaltó que al menos "si bien el gobierno de México expresó que no está de acuerdo con ella, dijo que recibirá a los migrantes por razones humanitarias".
Pero las preocupaciones de la activista van más allá de la tibia reacción del gobierno de López Obrador. "En este lado de la frontera, en Tijuana, no se ha previsto ningún programa de atención humanitaria, ni garantizado espacios dignos donde estas personas van a permanecer y servicios que se van a requerir", advirtió Vásquez.
"La medida colocará a las personas en situación de mucho riesgo y vulnerabilidad. En términos institucionales, nosotros como organismo de la sociedad civil no hemos escuchado, ni tenemos conocimiento de las autoridades locales sobre esta situación desafortunada", precisó.
Vásquez también dejó sobre la mesa la preocupación de que una cuota de 20 migrantes diarios, los primeros días no causan tanto impacto, pero con el paso del tiempo "habrá muchas personas con muchas necesidades".
"No sabemos si estas personas... cuánto tiempo van a poder permanecer, quién les proveerá alojamiento, alimento y trabajo. Hay muchas preguntas sin respuesta. El gobierno mexicano debió haber tenido una política más fuerte y no aceptar las decisiones de EEUU sin haber tenido previsto un programa para recibirlos", concluyó.




