Un año de la guerra de Trump contra los inmigrantes
Activistas, abogados y analistas critican la dureza de la política migratoria del presidente, que es utilizada por éste como una distracción ante muchos de los problemas de su mandato.
Por:
Jorge Cancino.
La retórica antiinmigrante del presidente Donald Trump y algunas de sus órdenes ejecutivas han disparado las alarmas entre los inmigrantes… y el miedo. Una de las más sonoras promesas de su campaña se ha comenzado a hacer realidad. Y no hablamos del muro de concreto sino uno más profundo, más alto y más efectivo: el muro del miedo.
Video Cómo Trump sembró el miedo entre los indocumentados en sus primeros 100 días
Aumenta en 37% de las deportaciones ligadas a los arrestos de indocumentados —entre el 20 de enero y el 30 de septiembre de 2017, en comparación con el mismo período del año anterior—, a expulsiones de inmigrantes con toda una vida en EEUU (que antes no eran objetivo), al desmantelamiento del programa DACA que protegía a los dreamers y a la cancelación del TPS para hondureños, haitianos y salvadoreños.
El gobierno de Donald Trump parece decidido a cumplir sus compromisos de campaña, lo que ha generado un clima de desasosiego, miedo e incertidumbre entre la comunidad inmigrante. Una situación que, a su vez, se agrava porque en el Congreso no se vislumbra un esfuerzo por dar a los indocumentados algún tipo de alivio en el corto o mediano plazo.
“El aumento de las deportaciones de personas con raíces en Estados Unidos durante el primer año del gobierno de Trump, con fuertes lazos familiares y comunitarios, es un acto cruel”, dice Clara Long, investigadora principal sobre Estados Unidos de Human Right Watch (HRW).
Para el 2018, dice Long, “a las cifras divulgadas por el gobierno agregamos por lo menos un millón de personas que estaban amparadas por un Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida de 2012 (DACA), lo cual implica que habrá un aumento en las deportaciones”.
“La gente está siendo detenida y deportada de manera sistemática”, advierte. Y señala que “no se trata de casos esporádicos, sino de la imagen más implacable y destructiva de la política migratoria de Trump”.
Según ella, la única respuesta por ahora es que el Congreso tome cartas en el asunto y legisle una reforma migratoria “para proteger a las personas, principalmente aquellas con fuertes lazos en Estados Unidos”.
“Sin olvidar que se necesita también a los dreamers y los imigrantes con TPS”, algunos de ellos con más de 20 años en Estados Unidos, indicó. “Pero para ello hace falta apoyo bipartidista, porque de lo contrario el problema empeorará en los meses venideros”.
Si bien las cifras de ICE son determinantes, “no reflejan la gravedad del problema”, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Diego. “El primer año de Trump fue peor de lo que esperábamos. Primero canceló DACA, pero astutamente le pasó el problema al Congreso para que ellos se responsabilizarán de aprobar una ley para legalizarlos. De esta manera, se puede decir que el Congreso no actuó y los soñadores deben culparlos a ellos”.
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“Otra gran pérdida fue la cancelación del TPS para hondureños, haitianos y salvadoreños”, agregó Velásquez. Esta decisión ha dejado a las puertas de la deportación a más de 300,000 indocumentados, la mayoría de los cuales llevan casi 20 años en Estados Unidos con amparo de deportación y un permiso de trabajo.
Pero el mayor problema no es la cancelación de beneficios migratorios. “Lo que complica todo es que la política de discreción, donde casos que no se consideraban de prioridad eran cerrados administrativamente, ha terminado, y ahora todos los casos van a juicio”, dice Velásquez. “Los jueces sufren de estrés al ver que el número de casos bajo su responsabilidad ha crecido alarmantemente. Tienen órdenes de agilizar los procesos para expulsar del país al mayor número de personas indocumentadas. La situación sobre estos casos cambia día a día y es difícil poder asesorar a la comunidad migrante, porque no sabemos cómo se manejarán sus casos. La incertidumbre se disparó”.
Velásquez añade que “el racismo utilizado por Trump para llevar a cabo su política migratoria ha causado un daño doloroso”, y apuntó que “es claro que el presidente no ve a los migrantes como personas de bien, sino que se refiere a ellos como criminales. Y tampoco reconoce las contribuciones que hacen día a día a nuestro país”.
Trump utiliza su política migratoria “cada vez que necesita distraer al país cuando algo le sale mal”, dice Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “Para Trump, la guerra en contra de los inmigrantes y los latinos es personal, y sus seguidores también gozan de ver a nuestras familias sufriendo. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo le permitirá el público estadounidense seguir con esta farsa?”, cuestionó.
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Cabrera agrega que al presidente Trump “parece gustarle arremeter contra los inmigrantes cada que necesita satisfacer a sus seguidores, o después de incidentes terroristas domésticos que atribuye a la inmigración o a los inmigrantes indocumentados”.
Sin embargo, advierte, “esta política fallida también la aprueban miembros de su gabinete y un Congreso cobarde. Ellos son parte de la maquinaria que permite y anima al presidente a continuar en este curso. Las Cortes podrán detener y remediar estos atropellos, pero no hasta que miles familias hayan sufrido mucho”.
El activista precisó además que “perseguir, detener, arrestar y deportar a inmigrantes, incluso a aquellos que han echado raíces en este país, es cruel y perjudicial para la armonía, estabilidad, seguridad y progreso de nuestras comunidades y de la nación que el propio presidente quiere proteger y mejorar”.
En Washington piensan que la única manera de frenar a Trump es “manteniendo el pie en el acelerador” de la presión social contra el mandatario, como dice Clarissa Martínez de Castro, directora de políticas migratorias de UnidosUS (el ex Consejo Nacional de La Raza), el principal grupo hispano de Estados Unidos.
“Creo que en el área migratoria Trump se ha mantenido fiel a la estrategia que usó como candidato, y ha sido constante en sus ataques contra la comunidad latina”, indicó.
Martínez agregó que “Trump empezó arremetiendo contra los más vulnerables, los latinos indocumentados; siguió con los semi-documentados como los dreamers protegidos por DACA y luego con los miles de inmigrantes amparados por el TPS. Todas esas personas están documentadas y el gobierno las tiene registradas. Y continúa el ataque contra ellos”.
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“El asunto migratorio es tan importante para la comunidad latina por el número de personas a las que afectan las políticas públicas del presidente”, dice Martínez. “Y cuando logremos detenerlo y alcanzar beneficios como el Dream Act, por ejemplo, no será sólo debido al activismo de los dreamers, sino al esfuerzo que durante años llevaron a cabo muchos aliados que han puesto el tema como asunto de debate frente a la conciencia pública estadounidense”.
“Es imperativo que nuestra comunidad siga sin quitar el pie del acelerador, protegiéndonos unos a otros, abogando en las calles, en el Congreso y junto con nuestra comunidad”, indicó.
America’s Voice asegura que la política migratoria de Trump es “racista” y que el presidente “busca complacer los deseos de su base extremista y antiinmigrante”, dice Maribel Hastings, directora de comunicaciones.
La base citada por Hastings es la que lo llevó a la Casa Blanca en 2016 y permitió que los republicanos controlaran ambas cámaras del Congreso. Y todo indica que esa base “se mantiene”, dice Roberto Izurieta, director de los programas de América Latina y Campañas Políticas de la Universidad George Washington. “La política migratoria del presidente es parte de una estrategia para conseguir y fortalecer su base de un 30% (los votantes de los estados del centro del país que se sienten afectados por la globalización), lo cual ha conseguido”, añade.
La política mencionada por Izurieta es la misma que critican las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. Se basa en aumentar los arrestos, acelerar las deportaciones, incrementar la seguridad en las fronteras, cancelar beneficios y restringir la entrada de extranjeros al país.
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En cuanto al futuro de los dreamers, Izurieta señaló que el no reparar su permanencia legal en Estados Unidos por medio del Congreso “podría causar más problemas de los que ellos (el gobierno y los republicanos) creen”.
Hastings comparte la opinión de Izurieta, pero advierte que cualquier giro que Trump pueda dar en favor de algún tipo de beneficio para inmigrantes indocumentados “lo usará como moneda de cambio para presionar por su lista de peticiones antinmigrantes, entre ellas la construcción del muro en la frontera con México, aumentar los arrestos de inmigrantes, construir más cárceles para indocumentados y acelerar las deportaciones”.
"Nada de lo que ocurre debe sorprendernos porque se trata de un presidente que abrió su campaña presidencial y que ganó la presidencia utilizando a los inmigrantes y, en consecuencia, a los hispanos como chivos expiatorios de los males del país”, puntualizó.
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