Jurado llega a un veredicto en el caso por narcotráfico contra Genaro García Luna

El Distrito Este de Nueva York de la Fiscalía federal informó esta tarde que el jurado que revisa el caso criminal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, ha llegado a un veredicto.

Las deliberaciones de 12 ciudadanos neoyorquinos que integraron el panel duraron tres días.

García Luna enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico, incluyendo conspiración para distribuir cocaína y participar en una organización criminal vigente.

Un quinto cargo lo acusa de mentirle a un agente migratorio sobre sus actividades criminales en su proceso para obtener la ciudadanía estadounidense.

De ser declarado culpable, podría recibir una condena máxima de cadena perpetua.

En sus deliberaciones, los miembros del jurado hicieron múltiples solicitudes para volver a revisar las declaraciones de los testigos sobre el presunto secuestro de García Luna por parte del clan criminal de los hermanos Beltrán Leyva y acerca de las reuniones que capos sostenían con funcionarios de alto nivel en un lujoso restaurante en la Ciudad de México.

Pidieron, además, le versión estenográfica de lo que declaró el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia sobre el día en que policías estatales y federales casi se enfrentan a tiros por una camionera negra en la más tarde él supo estaría Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. También les interesó lo que se dijo sobre un supuesto soborno que García Luna entregó al diario El Universal para lavar su imagen.

Críticas por "falta de pruebas"

García Luna, de 54 años, fue arrestado por agentes federales en Texas en diciembre de 2019. El exfuncionario ha pasado la mayor parte de su detención en una prisión federal de Manhattan.

A lo largo de cuatro semanas, fiscales federales presentaron pruebas y más de 25 testigos, incluyendo tres narcotraficantes que declararon haberle entregado millonarios sobornos a García Luna cuando era titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) y luego como secretario de Seguridad Pública en el período de Felipe Calderón (de 2006 a 2012).

Así, el gobierno trató de demostrar que el exfuncionario amasó una fortuna recibiendo dinero del Cartel de Sinaloa y del clan de los Beltrán Leyva. Cuando fueron antagónicos, ambos grupos le entregaron fajos de dólares en maletas a cambio de protección, de información clasificada y para que los dejara operar a sus anchas en territorio mexicano. El aeropuerto Benito Juárez fue uno de sus mejores activos.

"Las evidencias han probado que Genaro García Luna era un político inteligente, ambicioso, poderoso y egoísta... que obtuvo millones del Cartel de Sinaloa", dijo en los argumentos de cierre la fiscal Saritha Komatireddy, según la crónica del periodista Keegan Hamilton.

"El Cártel de Sinaloa es como el FedEx de la cocaína... Es imposible operar una multinacional de esa envergadura sin ayuda dentro del gobierno mexicano y por ello buscaron a los oficiales más corruptos”, agregó Komatireddy.

Pero el equipo de abogados que defienden a García Luna criticó que la acusación del gobierno se basa en especulaciones y testimonios de criminales que, subraya, quieren vengarse de su cliente por haberlos atrapado en México.

"Les están pidiendo que condenen a un hombre basándose únicamente en las palabras de algunos de los criminales más notorios y despiadados de la historia del mundo", dijo el abogado César De Castro, de acuerdo con reporteros que cubren el juicio.

"Es impactante la falta de pruebas del gobierno", subrayó el litigante.

Ese fue un cuestionamiento que también hicieron quienes siguieron de cerca este juicio.

A diferencia de otro proceso penal ligado a este, el de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa y quien fue uno de los criminales más buscados del mundo, los fiscales no presentaron pruebas materiales contundentes que incriminaran a García Luna. No se exhibieron audios, videos ni fotos. Su estrategia legal estuvo cimentada, en efecto, solo en declaraciones de narcotraficantes.

Solo la esposa del acusado, Linda Cristina Pereyra, subió al estrado para testificar a favor de este. Ella trató de justificar que la compra de propiedades y bienes en México se realizó gracias al sueldo cada vez más alto de su marido, préstamos, bonos y ganancias por acertadas inversiones inmobiliarias.