Cómo puede Honduras evitar una tercera crisis política en menos de 10 años

El sábado, Juan Orlando Hernández prestará juramento por segunda vez como presidente de Honduras. Aunque normalmente las celebraciones del día de la posesión presidencial están rodeadas de festejos y oportunidades para expresar esperanzas sobre un futuro mejor, el juramento de Hernández probablemente tendrá lugar en medio de gases lacrimógenos y lluvias de piedras, con las fuerzas de seguridad hondureñas luchando contra los manifestantes. Muy pocas personas más allá de los círculos oficiales y de los seguidores de Hernández estarán celebrando lo que la mayoría de los hondureños consideran una elección viciada y tal vez fraudulenta.

Después de la controvertida votación de noviembre, en la que los observadores de la Organización de Estados Americanos dijeron que no podían certificar a un ganador, la agenda de Honduras es desalentadora y la necesidad de una reconciliación nacional es grande.

El punto de partida para un futuro mejor en uno de los países más pobres y violentos del hemisferio debe comenzar despolitizando el sistema electoral del país y garantizando la independencia política –y un mayor conocimiento técnico– del Fiscal General del país y el Tribunal Supremo. Sin estos pasos, los esfuerzos para erradicar la corrupción serán imposibles y la inestabilidad política, la debilidad democrática y la inseguridad regresarán una y otra vez.

Un ejemplo es el decreto adoptado por el Congreso de Honduras el 18 de enero que abriría las investigaciones sobre el gasto público durante la última década. La misión anticorrupción de la OEA (MACCIH) ha condenado este decreto como un pacto de impunidad y un intento de detener las investigaciones independientes sobre la corrupción gubernamental.

Es de vital importancia tanto para México como para los Estados Unidos apoyar reformas democráticas y una mayor estabilidad en Honduras. Si los vecinos de Honduras no lo hacen, sufrirán las consecuencias de una mayor migración, una creciente inestabilidad y el posible colapso del Estado de un país en el vecindario cercano. Ahora que tanto los Estados Unidos como México han reconocido la reelección de Hernández, deben tomar medidas inmediatas para garantizar que comience un proceso de reforma.

La crisis de hoy está firmemente arraigada en el golpe de Estado de 2009, durante el cual el ejército hondureño derrocó al presidente populista de izquierda Mel Zelaya, y lo puso, todavía luciendo su piyama, en Costa Rica. Ese golpe fue el resultado del intento de Zelaya de realizar un referéndum sobre la reelección presidencial, un tema controvertido que fue y sigue siendo prohibido por la Constitución del país.

El intento de Mel de empujar su reelección fue visto por sus contrincantes como un esfuerzo por perpetuarse en el poder, algo que algunos temían llevaría a un régimen al estilo del caudillo presidente de Venezuela Hugo Chávez. Las ambiciones de Mel fueron frustradas por la elite política y económica del país que se unió contra él, y eventualmente presionó a los militares para tumbarlo.

El período posterior al golpe hundió al país en una crisis extrema. Las pandillas callejeras locales y los grupos internacionales del crimen organizado hicieron avances importantes, haciendo alianzas con políticos locales y nacionales dentro del sistema de justicia, la policía y el ejército.

Honduras se convirtió en uno de los puntos clave de transporte para el tráfico internacional de cocaína. El control estatal de vastas áreas del país, especialmente a lo largo de la costa norte de Honduras y regiones fronterizas con Guatemala, era prácticamente inexistente. Honduras lideró el mundo en homicidios en 2011 y 2012. San Pedro Sula, la capital comercial del país, y sus alrededores, se convirtieron en el área urbana más peligrosa del mundo, superando incluso en homicidios a Ciudad Juárez, la ciudad con más asesinatos en México.

A medida que los homicidios y la corrupción aumentaron y se impuso la impunidad, Honduras entró en un período casi constante de crisis democrática. Desde su puesto como presidente de la legislatura hondureña, JOH, como se conoce universalmente a Hernández, comenzó su marcha hacia el poder.

Hernández orquestó la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la cámara constitucional de la Corte Suprema del país. La nueva Corte de Hernández dictaminó luego que, de hecho, podría postularse para la reelección, a pesar de las claras prohibiciones contra la reelección contenidas en la carta política.

Hernández obstaculizó todos los esfuerzos para reformar el sistema electoral de Honduras. Hizo causa común con su rival Mel Zelaya, porque ambos hombres albergan grandes ambiciones políticas y desean continuar ejerciendo el poder. Ayudaron a garantizar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se mantuviera como un cuerpo donde el partido Nacional nombra a dos magistrados, y el Partido Liberal y el Partido Libre de Zelaya nombran a un magistrado cada uno.

Mientras tanto, las condiciones siguieron deteriorándose. Un explosivo escándalo de corrupción en 2013 arrojó evidencia de que los ministros y políticos del gobierno habían gastado cientos de millones de dólares de los fondos de la seguridad social de Honduras, enriqueciendo a quienes gozan de conexiones políticas, mientras decenas de hondureños murieron por falta de medicamentos y tratamiento adecuado. Cuando se supo que parte del dinero del escándalo de la seguridad social terminó en la campaña presidencial de JOH, miles de hondureños salieron a las calles a protestar.

No es de extrañar entonces que las elecciones más recientes hayan sido muy cuestionadas por los observadores internacionales y que millones de hondureños las consideren fraudulentas. Una autoridad electoral muy desacreditada ha declarado a Hernández como ganador, pero el pueblo hondureño aún está profundamente polarizado y el futuro del país se ve sombrío.

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