El exilio forzoso de los presos políticos nicaragüenses

Para que se entienda que Daniel Ortega no se volvió bueno de repente, conviene darle contexto a la excarcelación de 222 presos políticos la semana pasada. Se impone la aclaración porque en el Departamento de Estado y otros sitios por el estilo hay la tendencia a proyectar los nobles pensamientos e intenciones a los más innobles bribones, tan pronto estos esbozan una sonrisa o hacen cualquier gesto asociado con las personas decentes.

Aunque no esté escrita en piedra, una regla universal de la política es que los dictadores no liberan a presos de conciencia por bondad sino por necesidad imperiosa, es decir, cuando no tienen otro remedio. Y Ortega no tenía otro remedio.

Estados Unidos, las democracias de Europa e incluso algunas de América Latina no quieren saber de él, ni de su impresentable esposa y segunda al mando, Rosario Murillo, ni tampoco de su régimen medieval. Su descrédito es tal que ni siquiera el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien suele babearse por los tiranos, como Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, y con los aprendices a tiranos, como Donald Trump, quiere tener nada que ver con él. Este desprecio generalizado se traduce en un aislamiento que mina las posibilidades de subsistencia del régimen orteguista.

Otra regla universal en política es que los dictadores convierten el presidio político en una puerta giratoria. Encarcelan con la misma facilidad con que liberan a las personas inocentes que denuncian públicamente sus atropellos. En Nicaragua sigue habiendo decenas de presos políticos. Y en su vesania Ortega acaba de imponerle una condena de 26 años de prisión al obispo católico de Matagalpa, Rolando Álvarez, por negarse a viajar al destierro con los demás reos. “Que sean libres, yo pago la condena de ellos”, declaró para la historia el valiente religioso.

Ortega lleva años embarcado en el proyecto de erigir en Nicaragua un sistema totalitario sin ideología. Una especie de apoteosis del populismo cuyo objetivo es aniquilar cualquier oposición, incluyendo la de la Iglesia Católica, con la cual había forjado un pacto faustiano años atrás, para poder desgobernar a su antojo. El terror que ha implantado es tal que la mayoría de los presos recién liberados prefieren guardar silencio sobre el infierno que vivieron por temor a que el tirano se ensañe en sus familiares que aún viven en su país. Al dictador le ha dado por condenar a familiares de opositores que se le escaparon al exilio, crueldad que asimiló durante su extenso aprendizaje de marxista leninista.

Pero los que han podido hablar han narrado las historias de horror que padecieron en las ergástulas orteguianas. Torturas psicológicas, aislamiento, golpes, hambre calculada, falta de atención médica. Un trato abusivo que debería exponerse con lujo de detalles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos humanitarios del mundo civilizado del que Ortega y sus cómplices han alejado a la infortunada Nicaragua.

El dictador dice que la decisión de liberar a los 222 presos políticos fue unilateral, la concibió su esposa Rosario Murillo y se le planteó a la embajada de Estados Unidos en Managua. El Departamento de Estado hizo la diligencia y pagó los gastos del viaje a Washington D.C. Ortega asegura que no negocia nada con el gobierno del presidente Biden. Ojalá sea cierto. Y también que, si por casualidad se entabla alguna negociación, solo sea para conminar al tirano a aflojar la mano represora y permitir que se reanude el proceso democrático que tantos sacrificios costó a los nicaragüenses y que tantas esperanzas generó en Centroamérica.

Washington aun debería insistir en la liberación de los reos de conciencia que continúan en las prisiones de Nicaragua. Además, debería conceder asilo político a los recién llegados que lo soliciten, para facilitar su incorporación al país que no escogieron como refugio, sino que les impuso el dictador cuando los desterró a la fuerza. En la actualidad, los expresos han recibido autorización para permanecer en territorio estadounidense durante dos años.

Candidatos presidenciales. Profesionales. Estudiantes universitarios. Activistas cívicos. Periodistas. Lo mejor y más promisorio de Nicaragua vino en ese vuelo a la libertad, como ha venido sucediendo desde que Ortega y Murillo aniquilaron la frágil democracia de su país. Para diciembre del año pasado, más de 300,000 nicaragüenses se habían visto obligados a poner pies en polvorosa hacia Costa Rica, Estados Unidos, España y otros destinos.

Ni Ortega, ni Murillo ni su régimen merecen crédito alguno por liberar a hombres y mujeres a los que nunca debieron arrestar y condenar. Lo que merecen es el esfuerzo concertado y tenaz del mundo civilizado para frenar sus excesos y salvar vidas de nicaragüenses inocentes.

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