¿Por qué el gobierno recolecta el ADN de inmigrantes?

"El nuevo programa plantea el interrogante de si los enemigos jurados de la inmigración en el gobierno pretenden usarlo como instrumento para criminalizar, vigilar y controlar a amplios sectores de la población".

Daniel Morcate
Por:
Daniel Morcate.
Examen de ADN.
Examen de ADN.
Imagen William Thomas Cain/Getty Images

El año 2020 ha arrancado con lo que parecen ser nuevos experimentos del gobierno del presidente Trump para frenar a los migrantes en las fronteras de Estados Unidos. Comenzó a hacer pruebas genéticas o de ADN a personas en custodia de agentes de inmigración y de la patrulla fronteriza y a entregarle los resultados a la Oficina Federal de Investigaciones, FBI. Al parecer, se trata de un programa piloto que eventualmente se extendería a todos los migrantes detenidos por la patrulla fronteriza y ICE.

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En la actualidad, el ADN se emplea en las investigaciones criminales. El nuevo programa plantea el interrogante de si los enemigos jurados de la inmigración en el gobierno pretenden usarlo como instrumento para criminalizar, vigilar y controlar a amplios sectores de la población.

La preocupación en parte se deriva de la escasa información que han dado las autoridades sobre la práctica. Dicen que comenzó a estudiarse en tiempos del gobierno del presidente Bill Clinton. Agregan que, luego que el FBI examine el ADN recolectado, las muestras se registrarán en el orwelliano “Sistema de Índice de ADN Combinado”, CODIS, un banco de datos que usan las autoridades policiales del que sabemos bastante poco. Y señalan que la propuesta la formalizó el pasado mes de octubre el fiscal general, William Barr, con la intención de aplicar la medida a 748,000 migrantes cada año.

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En la era de Donald Trump, los defensores de los inmigrantes duermen con la ropa puesta. De inmediato nos han expresado sus inquietudes. Una es que el gobierno viole innecesariamente la intimidad de los migrantes y sus familiares, compartiendo los datos genéticos con diversos departamentos policiales y otras agencias del gobierno. “Esta es una intrusión masiva en la privacidad individual”, sostiene Stephen King, abogado de la Unión Norteamericana para las Libertades Civiles, ACLU, quien se especializa en inmigración.

A los activistas cívicos les preocupa asimismo que la nueva práctica se deslice por la clásica pendiente resbalosa y termine aplicándose a muchos otros ciudadanos, especialmente a familiares de los migrantes que viven legalmente en el país; y que las muestras genéticas se conviertan en falsas pruebas de conducta delictiva por parte de personas inocentes, como los refugiados y solicitantes de asilo.

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Esta última inquietud es particularmente significativa porque, desde hace años, el gobierno federal ha tratado como “delincuentes” a muchos migrantes cuyo único delito ha sido cruzar la frontera sin papeles. La criminalización de los inmigrantes es el sueño dorado de los xenófobos que en la actualidad manejan la política migratoria de Estados Unidos, como Stephen Miller y Gene Hamilton, entre otros.

Dado el historial antiinmigrante del gobierno del presidente Trump, las preocupaciones de los activistas sobre el nuevo uso de ADN están sobradamente justificadas. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional le dijo al Washington Post que, en muchos casos, el FBI no tiene tiempo de examinar las pruebas genéticas recolectadas para verificar la identidad de las personas que llegan a la frontera.

Sin embargo, esas pruebas de todos modos se están sometiendo a CODIS, el banco de datos que utilizan los departamentos de policía en el país para investigar crímenes pasados y futuros. ¿Con qué objetivo? Una posibilidad es que el gobierno quiera tratar a los migrantes como delincuentes o personas con altas probabilidades de cometer delitos, tratamiento que no se justificaría en lo más mínimo.

El gobierno podría y debería aplacar los temores de migrantes y activistas mediante una campaña de información que ponga en contexto el uso extendido de pruebas de ADN a cientos de miles de personas en las fronteras de Estados Unidos.

Las preguntas que se han planteado merecen respuestas oficiales claras y transparentes. De lo contrario, persistirán las sospechas de que las autoridades tienen malas intenciones. La principal es que se trate de otra treta para criminalizar a inmigrantes, proclamándoles “delincuentes” sin que hayan cometido delito alguno que amerite su exclusión del país.

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Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

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