Revelan la estrategia secreta detrás del empeño de Trump en meter la "pregunta de ciudadanía" en el Censo 2020

Cuando el presidente Donald Trump incluyó una pregunta sin precedentes en el Censo 2020 para averiguar si la persona que respondía era ciudadano de EEUU desató un vendaval que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y casi puso en peligro la realización del proceso de conteo de habitantes que se desarrolla cada diez años.

Ahora, documentos de la Casa Blanca de Trump entregados al Congreso muestran lo que algunos legisladores describen como una “estrategia secreta” con la inclusión de la llamada "pregunta de ciudadanía" para alterar la manera cómo se cuenta la población estadounidense y se distribuye el peso electoral de las regiones a la hora de asignar escaños al Congreso y el Colegio Electoral.

El Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes presentó este miércoles memorandos y correos electrónicos de la administración Trump, que se enfrascó en una demanda para mantenidos fuera del alcance del Congreso, indica la Radio Pública Nacional (NPR).

Los documentos se hicieron públicos luego de que el gobierno de Joe Biden acordara permitir que los miembros del comité revisaran los documentos y muestran que la intención de cambiar el sistema venía desde 2017 con el fin de alterar la manera cómo se calcula la representación política en EEUU, valiéndose de estrategemas legales y hasta falsedades sin fundamentos.

Trump genera un caos inédito en el centenario proceso del censo

En 2019, el presidente Trump ordenó que no se contaran los inmigrantes no autorizados que viven en el país a la hora de calcular la población nacional con la inclusión de la “pregunta de ciudadanía”, algo que no se había preguntado desde los años 50 del siglo XX.

Eso generó un caos inicial en la operación del Censo, que tuvo que postergar algunos plazos imprescindibles previos al arranque del conteo, a la espera que se resolvieran desafíos legales presentados por grupos de derechos civiles y estados en contra de la iniciativa de Trump.

En 2020, año del conteo propiamente dicho, el proceso se vería más impactado aún por las limitaciones y exigencias que impuso el coronavirus.

La Corte Suprema bloqueó la orden presidencial al encontrar que utilizó la Ley de Derechos Electorales como el razonamiento declarado para la pregunta "parece haber sido inventado", como escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en la opinión de la mayoría.

Pero, de acuerdo con lo presentado por el comité, papeles internos y declaraciones públicas de funcionarios antes de que Trump firmara la orden señalan un interés en usar la pregunta de ciudadanía para alterar la asignación de los escaños del Congreso y los votos del Colegio Electoral entre los estados.

Los documentos revelados brindan una mirada detallada a algunas de las primeras discusiones detrás de escena en un momento en que los funcionarios de Trump se concentraron en mantener sus planes en secreto.

La publicación de los documentos, junto con un nuevo informe del comité de supervisión de la Cámara Baja, se produce cuando el Congreso considera un proyecto de ley que podría ayudar a proteger los próximos recuentos nacionales del tipo de interferencia que entorpeció el censo de 2020 bajo Trump.

"El memorando del Comité de hoy abre el telón de esta conducta vergonzosa y muestra claramente cómo la Administración Trump trató en secreto de manipular el censo para obtener ganancias políticas mientras mentía al público y al Congreso sobre sus objetivos", dijo la representante demócrata Carolyn Maloney, de Nueva York, en un comunicado reseñado por NPR.

Maloney, quien preside el comité de Supervisión de la Cámara, sostiene que “está claro que se necesitan reformas legislativas para evitar futuros esfuerzos ilegales o inconstitucionales para interferir con el censo y socavar nuestra democracia".

Un proceso que se mantuvo en secreto

De acuerdo con la documentación en manos del comité, el proceso en torno a la inclusión de la pregunta de ciudadanía empezó en 2017 y desembocó en el anunció que hizo el entonces secretario de Comedio, Wilbur Ross, de incluirlo en el cuestionario oficial.

Ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos, independientemente de su estatus migratorio, han sido parte de esos números oficiales desde el primer censo nacional realizado en 1790 y repetido cada diez años desde entonces.

La Enmienda 14 de la Constitución ordena incluir el "número total de personas en cada estado", independientemente de su condición legal.

En agosto de 2017, Ross recibió un memorándum en el que se le decía que "las cláusulas de distribución no abordan la exclusión de no ciudadanos o extranjeros ilegales de la población al distribuir los representantes de los Estados Unidos".

El entonces abogado del Departamento de Comercio, James Uthmeier, era escéptico sobre las ambiciones de la administración y aseguró en una comunicación previa que “más de doscientos años de precedentes, junto con argumentos históricos y textuales sustancialmente convincentes, sugieren que es probable que los datos de ciudadanía no se puedan usar para asignar representantes".

Pero después, en el memorando enviado a Ross se afirmó, sin citar ninguna evidencia, que "existen bases para argumentos legales de que los Padres Fundadores pretendían que el recuento de la distribución se basara en habitantes legales".

En el otoño de 2017, Uthmeier entregó personalmente el memorando a John Gore, un funcionario designado por Trump en el Departamento de Justicia. Y este escribió una carta que Ross usó para justificar la decisión de agregar la pregunta sobre ciudadanía.

Ross testificó en el Congreso que su decisión de agregar la pregunta fue en respuesta a esa carta del Departamento de Justicia, que solicitaba datos de ciudadanía estadounidenses más detallados que podrían usarse para hacer cumplir las protecciones de la Ley de Derechos Electorales para las minorías raciales y lingüísticas.

"Todo parece inventado": el fallo de la Corte Suprema de Justicia

Pero una nota obtenida por el comité de supervisión de la Cámara de Representantes muestra que Ross ayudó a orquestar esa solicitud del Departamento de Justicia.

En correos electrónicos de septiembre de 2017, queda claro que Ross pidió investigar qué estados han usado datos de ciudadanía en la redistribución de distritos para hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales, según correos electrónicos de septiembre de 2017.

Por cierto que uno de esos correos electrónicos enfatizó que el trabajo debe mantenerse en silencio, “para evitar demandas”.

En enero de 2019, tras meses de especulaciones sobre la inclusión de la polémica pregunta de ciudadanía en el Censo 2020, la Corte Suprema bloqueó la cuestión y devolvió el caso a cortes inferiores donde había sido ya rechazada.

Según el fallo, el gobierno de Trump no dio una explicación adecuada para añadir la pregunta, al punto que el magistrado John Roberts, presidente del tribunal, recalcó que "todo esto parece haber sido inventado", en referencia a las explicaciones que dio el gobierno para modificar el censo y solicitó una mejor argumentación.

"Aceptar razones falsas anularía el propósito de la iniciativa. Para que la revisión judicial sea más que un ritual vacío, debe exigir algo mejor que la explicación ofrecida", argumentó el juez.
"Las pruebas cuentan una historia que no coincide con la explicación que dio el secretario de Comercio, Wilbur Ross, de su decisión", añadió Roberts, quien afirmó que un juez de distrito estaba en lo correcto al solicitar más información al Departamento de Comercio.

Aunque la decisión de la corte no implicaba que la pregunta no fuera incluida y permitía al gobierno ofrecer una mejor explicación, el Censo 2020 se realizó sin esa pregunta, que grupos de derechos humanos aseguran que buscaba intimidar a los indocumentados.