Biden nominará a Merrick Garland como fiscal general

El presidente electo, Joe Biden, anunciará la nominación del juez Merrick Garland como fiscal general, según informan este miércoles varios medios nacionales que tuvieron acceso a fuentes del equipo de transición del próximo mandatario demócrata.

Garland fue bloqueado por el Senado de mayoría republicana cuando el expresidente Barack Obama lo nominó como magistrado a la Corte Suprema de Justicia.

Se espera que el anuncio de la nominación del fiscal general junto a otros altos cargos del Departamento de Justicia se haga formalmente este jueves, en momentos en que Biden está terminando de completar su gabinete de gobierno que gestionará junto a él por los próximos cuatro años.

Las buenas noticias para los demócratas, que parecen estar asegurando el control del Senado tras la segunda vuelta en Georgia, eliminan cualquier preocupación de que esta nominación también fuera bloqueada por los republicanos en la Cámara Alta liderados por Mitch McConnell.

Cuando Trump asumió el cargo, la nominación de Garland al Supremo expiró y regresó a su puesto como juez principal de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. Renunció a ese cargo en febrero de 2020, pero aún cumplía labores en esa corte.

De quién se trata

El nominado de Biden para ocupar el cargo de Fiscal General fue electo juez con respaldo republicano en 1997, durante el gobierno del demócrata Bill Clinton. Fue ratificado por el Senado con 76 votos a favor y 23 en contra en 1997.

En marzo de 2016 el entonces presidente Barack Obama lo nominó para reemplazar a Antonin Scalía en la Corte Suprema, tras la muerte del magistrado a causa de un paro cardíaco.

La nominación, sin embargo, quedó en suspenso para permitir que el nuevo gobierno, que sería electo en noviembre de ese año (y que ganó Donald Trump), se hiciera cargo del proceso de reemplazo.

De tendencia moderada, Garland iba a agregar una tendencia “moderada” al máximo tribunal de justicia, en ese entonces dividida entre cuatro jueces conservadores (John Roberts, Antony Kennedy, Clarence Thomas y Samuel Alito) y cuatro liberales (Elena Keagan, Sonia Sotomayor, Ruth Bader y Stephen Breyer).

Cuatro años después

Cuatro años más tarde y con 67 años, Garland tendrá bajo su mando -de ser confirmado por el Senado- de dirigir uno de los puestos clave del nuevo gobierno demócrata, que entre otras tareas deberá encarrilar la política migratoria de Biden y desarmar la política migratoria de ‘tolerancia cero’ construirá por Trump desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

Garland es magistrado jefe de la Corte de Apelaciones del el Circuito del Distrito de Columbia (capital de Estados Unidos). En 1995, durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, dijo que un juez debe ser “lo mas breve y conciso posible”, palabras que se quedaron grabadas en los pasillos del Congreso.

Graduado de la escuela de leyes de la Universidad de Harvard, el nominado de Biden para Fiscal General es considerado como el modelo perfecto de juez "neutral" con una mente brillante. En 1997 obtuvo la aprobación de una buena parte de los republicanos del Senado para convertirse en juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Desde 1994 hasta su nombramiento como juez, fue vicefiscal general y se encargó de supervisar el enjuiciamiento de los autores del brutal atentado de 1995 en Oklahoma City, en el que murieron 168 personas.

Palabras de apoyo

Cuando Obama no nominó para la Corte Suprema dejó en claro que confía en “su buen juicio”, y que no se trata solo de una de las mentes legales más brillantes de Estados Unidos, sino que se debe tener en cuenta su "integridad", "compasión y “férreo respeto" de lo establecido en las leyes del país.

El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine ha dicho de Garland que “es un magistrado respetado con cualificaciones impecables y experiencia sin par”. Y que su legado de abogado “incluye la supervisión de casos importantes de terrorismo doméstico”.

“También ha recibido apoyo entusiasta en el pasado tanto de demócratas como de republicanos lo cual debería eliminar cualquier pretexto de los Republicanos en el Senado para obstruir su proceso de confirmación”, agregó.

Garland nació en 1952 en Chicago (Illinois), y ha trabajado tanto en el sector privado y público. Se graduó con honores de la Universidad de Harvard y rápidamente pasó a trabajar como asistente del juez Henry J. Friendly, en el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones.

Los retos

La lista de retos que deberá enfrentar Garland, de ser confirmado por el Senado, es larga y compleja. Entre los temas prioritarios se incluyen investigaciones pendientes que heredará del gobierno de Trump, entre ellas los resultados de las elecciones de noviembre (que el presidente y algunos republicanos alegan fraude, pero sin mostrar evidencias), las preocupaciones criminales sobre la campaña de Trump en 2016 y la interferencia rusa, la investigación a que es objeto Hunter Biden, hijo del presidente electo, y el desarme de la política migratoria de Trump.

Sobre este tema, Biden anunció durante su campaña que desde el primer día en la Casa Blanca desarmará lo actuado por su antecesor, trabajará por medio de acciones ejecutivas y en un plazo de 100 días enviará un plan de reforma migratoria al Senado que incluirá una vía de legalización para la mayoría de los 11 millones ce indocumentados que viven en el país.

Abogados y activistas consultados por Univision Noticias han dicho que el retiro de más de 400 órdenes ejecutivas, memorandos y proclamas emitidas por el gobierno de Trump será un “largo trabajo” que requerirá una revisión a fondo de casa paso actuado por el actual gobierno para revertir los procesos sin que se debilite aún más el debido proceso migratorio de lo que se ha visto afectado.

Los fiscales generales de Trump, Jeff Sessions y William Barr, construyeron a base de memorandos y órdenes internas un sistema migratorio que provocó severas modificaciones y restricciones a la política de asilo, quitaron poderes discrecionales a los jueces de inmigración, implementaron una política de separaciones forzadas de familias en las fronteras, acortaron los procesos judiciales y aceleraron las deportaciones, entre otras medidas.