El presidente de Cataluña abre el camino a la independencia unilateral tras una jornada con centenares de heridos por la actuación policial

La intervención de la policía para tratar de impedir el referéndum de independencia en Cataluña ha dejado más de 800 heridos, la mayoría de ellos votantes que acudieron a decenas de centros intervenidos tras una decisión del Tribunal Constitucional de España que declaró ilegal esa consulta popular.

Carles Puigdemont, presidente del gobierno de Cataluña, dijo que los ciudadanos de la región se ganaron "el derecho de tener un estado independiente" tras el accidentado referéndum.

Los resultados preeliminares dieron alrededor del 90% de los votos a favor de la independencia, con una participación aproximada de 2.2 millones de electores de un universo de 5.3 millones.

El gobierno catalán indicó que 844 personas han necesitado asistencia médica a consecuencia de las heridas que recibieron en los choques con la policía, que usó bastones y balas de goma. La mayoría de los lesionados se concentró en la región de Barcelona, con 355.

La policía española y la Guardia Civil intervinieron en las votaciones al entrar en centros electorales para requisar las urnas y el material para votar, lo que produjo escenas de tensión y choques, algunos muy violentos.

Puigdemont también pidió que el Parlamento catalán aplique los resultados del referéndum en los próximos días. Es decir, si gana el 'Sí', que declaren la independencia.

Aseveró que "la violencia policial del estado español fue "injustificada, abusiva y grave".

Dijo que lo que ocurrió este domingo fue "una página vergonzosa en su relación histórica con Cataluña" e hizo un llamado a los gobierno europeos a no "mirar a otro lado".

Rajoy reacciona

Por su parte en un mensaje al país, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, indicó que "no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña” y pidió a las autoridades catalanas “que renuncien a dar nuevos pasos que no llevan a ninguna parte". Además, dijo que la consulta fue una "violación de la ley".

Rajoy afirmó en su intervención que comparecerá ante el Congreso y reunirá al resto de los partidos para abordar la crisis que ha generado la consulta popular en Cataluña.

"El Gobierno mantuvo en todo momento que ese referéndum no se iba a celebrar. Y lo sabían hace meses los promotores de ese desafío. Lo sabían y lo admitían esta semana, lo reconocieron ayer con total claridad, y hoy lo han constatado. Sabían que el referéndum era ilegal, pero decidieron seguir adelante", aseveró el presidente.

Pero pese a que el gobierno español había prometido detener la consulta popular, ésta se pudo llevar a cabo. Por su parte, el ministro del Interior de España hablaba de 12 policías heridos y 92 centros de votación clausurados.

La tensión también se trasladó hasta la liga española de fútbol, una de las más seguidas del mundo.

El Barcelona decidió este domingo jugar sin público su partido contra Las Palmas ante "la excepcionalidad" de los sucesos en la capital catalana y como protesta porque la Liga no ha querido suspender el encuentro.

"Es un ejemplo que el club hace para que el mundo vea nuestra inconformidad con lo que ocurre en Cataluña", aseguró el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, tras la represión policial a los votantes. Al menos un directivo del Club ha dimitido como queja de que los jugadores hayan finalmente salido al campo.

Pese a que la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saenz, afirmó que la policía "actuó con profesionalismo y de manera proporcionada", imágenes de los medios locales y agencias internacionales mostraron algunos votantes ensangrentados por la acción represiva, incluso contra personas de la tercera edad.

Enric Millo, representante del gobierno español en la región, dijo que los eventos en Cataluña nunca podrán ser catalogados como un referéndum o algo similar.

Por su parte, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, condenó la intervención de los agentes: "La brutalidad policial avergonzará por siempre al estado español", dijo.

"Hoy el estado español ha perdido mucho más de lo que ya ha perdido y los ciudadanos catalanes han ganado más de lo que han ganado hasta ahora", agregó Puigdemont.

Sin embargo, el líder catalán no fue capaz de concretar si su gobierno iba a poder dar los resultados de la accidentada consulta popular de este domingo.

Pelea legal y en las calles

La consulta secesionista convocada por el gobierno regional catalán a principios de septiembre fue suspendida por el Tribunal Constitucional y los diferentes juzgados han ordenado medidas para que las fuerzas de seguridad acordonaran los colegios y se retiraran urnas y papeletas de votación.

Eso llevó a las autoridades catalanas, a primera hora de este domingo, a modificar las normas que había dado con anterioridad, de modo que un votante puede hacerlo en cualquier colegio de la región y no en el que tenía asignado, con papeletas impresas en casa y sin sobre.

En algunos centros se formaron largas filas y se llevó a cabo la votación -para algunos un momento de gran emoción- aunque con problemas informáticos puesto que el Ministerio del Interior desactivó el censo informatizado que estaba utilizando el gobierno regional para certificar la autenticidad de los votos. El portavoz del gobierno regional catalán, Jordi Turull, aseguró que el 73% de las mesas electorales estaba funcionando.

Cadena humana

Desde primera hora de la mañana de este domingo cientos de votantes se reunieron frente a los recintos de votación en Barcelona y en otras ciudades de la región, a la espera de poder participar en la consulta, que el Gobierno de Mariano Rajoy considera ilegal y ha sumido al país en la peor crisis institucional en décadas tensando las relaciones entre Madrid y Barcelona.

En la capital catalana, pero también en Gerona, bastión del presidente de la región, el político independentista Carles Puigdemont, o en la localidad de Figueras, ciudad natal del pintor Salvador Dalí, los ciudadanos se congregaban para proteger los centros de votación y defender el "derecho a votar".

Una de las intervenciones más significativos de la jornada fue la entrada al pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis (Girona), donde estaba previsto que votara el presidente catalán, Carles Puigdemont, principal abanderado del referendum. Los agentes rompieron el cristal de la puerta, que había sido bloqueada, y entraron al pabellón para incautar las urnas escondidas por las personas que estaban en el interior, que encadenadas unas a otras gritaban la consigna "Votarem" (Votaremos).

El Ejecutivo catalán habilitó 2,315 colegios electorales, con 6,249 mesas y un padrón de 5,343,358 votantes.

El máximo tribunal dio la orden a la policía regional, los Mossos d'Esquadra, de impedir el acto de votación, desalojar a las personas que se encuentren en los centros electorales requisar urnas, papeletas y listas de censo, y precintar los colegios.

Durante la madrugada, bajo la lluvia en algunas partes de Cataluña, decenas de personas se acercaron a los centros de votación para bloquear la eventual actuación de la policía, que ha dicho que no usará la violencia para cumplir la orden del tribunal, aunque la tensión estuvo presente toda la jornada.

El Gobierno español dijo que sólo un pequeño porcentaje de los centros permanecían ocupados y que había verificado que la mayoría permanecían cerrados. También este sábado el gobierno central inhabilitó el software que se iba a utilizar para el proceso.

Censo universal

El Gobierno regional anunció por sorpresa este domingo una hora antes de la apertura de las urnas, prevista para las 09:00 hora local, que funcionaría un censo universal para que los ciudadanos puedan votar en cualquier centro electoral, en caso de que el asignado haya sido precintado.

El portavoz del gobierno regional catalán, Jordi Turull, informó que el referéndum seguiría adelante y pese a que en los últimos días se confiscaron 10 millones de papeletas, lograron volver a imprimir el material. También se permitirán pepeletas impresas en casa y sin sobre, algo que según el gobierno español no garantiza el voto secreto y cree que puede favorecer el voto múltiple.

Centros abiertos

Cientos de partidarios del referéndum separatista pasaron el sábado con sus hijos dentro de los colegios habilitados como centros de votación, con el objetivo de mantenerlos abiertos hasta la apertura de las urnas a las 09:00 horas locales del domingo.

Los Mossos d'Esquadra se presentaron a los centros, donde algunos agentes aseguraron a las personas concentradas que sólo velarían por la seguridad, mientras llegaban las primeras urnas y papeletas para la votación suspendida por el Tribunal Constitucional, informó la Agencia Efe.

En el centro situado en la Escuela Orlandai del distrito de Sarrià de Barcelona, uno de los agentes explicó a los concentrados: "estamos aquí para la velar por la seguridad de todos, para que todo salga bien, para que no haya ningún incidente".

Los concentrados vitoreado a los dos mossos, que posteriormente en conversaciones informales con los concentrados han indicado que no van a cerrar los colegios electorales, si bien desde la policía catalana se asegura que se trata de opiniones personales de los agentes, porque el cuerpo cumplirá con las órdenes del Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña (TSJC) de cerrar los puntos de votación.

De no actuar la policía regional quedaba en manos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el cierre de los centros electorales, lo que podía causar más tensión. Según informaron a Efe fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra cerraron una quincena de colegios y han requisado las urnas en varios puntos de votación.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, aseguró que los Mossos enviaron esta mañana un escrito pidiendo colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil en 233 colegios electorales del referéndum, porque "necesitaban ayuda para dar cumplimiento a la orden judicial".

La Fiscalía informó que evaluará a lo largo del día si debe actuar contra los Mossos d'Esquadra por su forma de proceder ante el referendum.

El ministerio del Interior confirmó las primeras incautaciones de material electoral en esta jornada por parte de la Policía Nacional.

En la escuela Congres-Indians en Barcelona, designada como centro de votación, el activista Quim Roy dijo: “Si me dicen que no puedo estar en una escuela pública para ejercer mis derechos democráticos, tendrán que sacarme de aquí. No me resistiré, pero tendrán que cargar conmigo”.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, el funcionario español más importante en la región del noreste, dijo que el gobierno iba a tolerar un sistema de votación en las calles pero que ningún resultado sería considerado como una prueba electoral válida.

Un vocero de Open Schools Ramón Font afirmó que no sabía cuántas escuelas estaban ocupadas por activistas, pero pronosticaba que para el domingo por la mañana fueran muchas más de las reportadas por las autoridades policiales.