Juez da luz verde para comenzar revisiones de asilo de familias separadas en la frontera
Una vez la corte acepte el reglamento, los beneficiarios podrán presentar de inmediato sus peticiones de asilo, tener una segunda audiencia de miedo creíble y, si la aprueban, que sea un juez de inmigración quien resuelva sus permanencias en EEUU.
Por:
Jorge Cancino.
El gabinete de Trump quiere retirarse de un acuerdo judicial de hace más de 20 años para poder detener a los menores que llegan a la frontera, solos o acompañados. Expertos creen que la propuesta no será aprobada.
Video El gobierno de EEUU quiere detener indefinidamente a niños inmigrantes que llegan por la frontera
Cientos de familias inmigrantes separadas forzosamente en la frontera tendrán una segunda oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos luego que un juez federal del sur de California, en San Diego, diera luz verde el viernes para que los abogados del gobierno de Donald Trump y de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) redacten un reglamento final.
El respaldo del tribunal ocurre un día después que ambas partes se pusieran de acuerdo en un plan para resolver el futuro de varios cientos de padres inmigrantes que perdieron sus primeras audiencias de asilo, recibieron una orden de deportación y todavía permanecen en territorio estadounidense.
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Una vez entregado el reglamento y lo apruebe el juez Dana Sabraw, los beneficiarios podrán presentar de inmediato sus peticiones de asilo, tener una segunda audiencia de miedo creíble y, si la aprueban, que sea un juez de inmigración quien resuelva sus permanencias en Estados Unidos.
El acuerdo entre el gobierno y la ACLU permitiría reforzar el cumplimiento del debido proceso migratorio puesto en riesgo por el gobierno de Donald Trump, que este año la implementó con la puesta en vigor de la política de 'tolerancia cero'.
Abogados de la ACLU estiman que más de 1,000 familias podrían calificar para esta segunda oportunidad. Las separaciones se llevaron a cabo luego que el gobierno levantara cargos criminales por ingreso ilegal por zonas no autorizadas de la frontera.
Si bien no existe una política específica sobre el tema –la permanencia no autorizada constituye una falta de carácter civil-, la ley no permite que un individuo que enfrente cargos criminales tenga la custodia de sus hijos, sino hasta concluir el caso en los tribunales respectivos.
Sabraw dijo esperar que los abogados de ambas partes también se pongan de acuerdo con los obstáculos de procedimiento para que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) comience a revisar las solicitudes de asilo. Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) indicaron que “se está buscando asegurar que las cosas avancen rápidamente”.
El 26 de junio Sabraw, respondiendo a una demanda entablada por ACLU bajo el argumento que el gobierno viola la ley al separar forzosamente a las familias y el debido proceso migratorio, ordenó que en un plazo de 30 días el gobierno reunifique a la totalidad de familias afectadas por la política de 'tolerancia cero'.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un principio que se trataba de 2,551 familias, de ellas 103 niños menores de cinco años. Pero tras varias semanas de correcciones, finalmente dijo que eran 2,654 los menores separados en la frontera.
A la fecha, 50 días después de finalizado el plazo fijado por Sabraw, 437 menores siguen en poder del gobierno al cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
De esos 437 niños, el gobierno reconoció a través de documentos entregados a la corte el jueves, que 226 no regresarán con sus padres porque ellos, asegura el DOJ, renunciaron a ser reunificados con sus hijos.
La respuesta del gobierno motivó otras demandas por parte de ACLU, en las que argumenta que el gobierno engañó a los padres con la promesa de devolverles cuanto antes a sus hijos si firmaba ciertos documentos en inglés, cuando en el fondo se trataba de formularios de salida voluntaria o de renuncia a sus derechos de permanencia.
El 16 de julio, atendiendo otro recurso de ACLU, Sabraw detuvo la deportación inmediata de familias reunificadas para que los padres puedan encontrar asistencia legal y defender sus permanencias.
Una vez los abogados le entreguen el reglamento final y la corte lo apruebe, la USCIS deberá recibir y revisar nuevamente las peticiones de asilo de padres inmigrantes afectados por las separaciones y a quienes ya les rechazaron una primera entrevista de miedo creíble.
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“La entrevista de miedo creíble se hace en base al miedo/temor que tiene una persona de regresar a su país de origen porque es perseguida, o tiene miedo/temor de persecución o tortura”, explica Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que durante más de 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.
La entrevista la lleva a cabo un agente de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), indica Sánchez. “Consiste en una especie de interrogatorio de lo que le ha sucedido a la persona en su país y si ha sido perseguido, torturado, etc.”
“Si el agente de asilo determina que la persona tiene miedo creíble, entonces recibe una audiencia ante un juez de inmigración, donde podrá solicitar asilo en Estados Unidos”, agrega.
En la 'entrevista de miedo creíble’ “la persona tendrá la oportunidad de explicar las razones por las cuales huye de su país y por qué teme regresar. Las preguntas se enfocarán en el temor de la persona. Frecuentemente nos encontramos con individuos que piensan que debido a que se trata de buenas personas o vinieron solo a trabajar y ayudar a su familia, que esto cuenta para que Estados Unidos les otorgue asilo”, indica Sánchez-Roig.
“Pero no es así, esto no cuenta. Y es más, el venir a Estados Unidos solamente porque quiere trabajar no es uno de los factores o causas del asilo. Tenga en cuenta que durante la entrevista el agente de asilo le preguntará: ¿quién la persiguió, torturó o le hizo daño? ¿Quién le puede hacer daño si regresa?”
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En caso de que la persona que le hizo daño se trata de un funcionario de gobierno, un agente de policía “o alguien asociado y controlado por el gobierno, tiene que detallar estos hechos y explicar por qué la persiguieron, torturaron, hicieron daño o le harán daño”, precisó Sánchez.
Los motivos de asilo son persecución por motivos de religión, raza, nacionalidad, opinión política o membresía en un grupo particular social. “En esta últimas se consideran la orientación sexual o la discapacidad física”, indica Sánchez.
“Estos son los factores en los cuales se basa el asilo. No basta simplemente que la persona quiera trabajar, o sea víctima de un crimen no relacionado con estos factores, como por ejemplo un crimen de extorsión. La persona tiene que especificar el por qué le hicieron daño o quieren hacerle daño. Una explicación en general no será suficiente para que le den asilo”, apuntó.
Otros elementos o información que considera el agente de asilo para determinar miedo creíble son:
Cómo se encuentra el solicitante de asilo.
Cómo se encontraba en su país.
Si el gobierno de su país está involucrado en esta persecución, tortura o daño.
Qué hizo o dejó de hacer el gobierno de su país al respecto.
¿Puede la persona que pide asilo trasladarse a otra parte del país y vivir sin esta persecución, tortura, o daños?
Si no puede hacerlo, ¿por qué?
¿Tiene otra ciudadanía que no sea la del país nativo?
El 11 de junio y como parte de la política de 'tolerancia cero', el fiscal general Jeff Sessions ordenó a los jueces de inmigración que ya no consideraran la violencia doméstica y de pandillas como propósito para pedir asilo.
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Desde 2013, una oleada sin precedentes de migrantes originarios del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) ha emprendido el peligroso viaje al norte para escapar de la violencia doméstica, de pandillas y la pobreza, y poner sus vidas bajo el resguardo del gobierno estadounidense.
Estas dos causales, que durante los últimas dos décadas tres fiscales generales las estimaron válidas bajo la membresía de pertenencia a un grupo social en particular, Trump decidió no incluirlas en los motivos señalados por la ley.
En una carta publicada por un grupo de 15 exjueces de inmigración en respuesta a la decisión de Sessions, los magistrados rechazaron las limitaciones a la Ley de Asilo y señalaron que, “como exjueces de inmigración con décadas de experiencia en el nivel de juicio y apelación, consideramos que la decisión del fiscal general es una afrenta al estado de derecho”.
Los magistrados dijeron, además, que las consecuencias de vida o muerte que enfrentan los solicitantes de asilo hacen que sea extremadamente importante mantener dicho análisis inmune a las consideraciones políticas a las que los miembros del gabinete están sujetos.
El grupo precisó además que el reconocimiento de la BIA (Corte de Apelaciones de Inmigración) de que una víctima de violencia doméstica puede ser elegible para asilo como miembro de un grupo social en particular, fue la culminación de un proceso de 15 años a través de los tribunales de inmigración y la Corte de Apelaciones”.
La ACLU dijo este sábado en su cuenta de la red social Twitter que las familias deben permanecer juntas (#FamiliesBelongTogether).
El nuevo centro está ubicado en el puerto de entrada terrestre de Tornillo, Texas, a unas 40 millas al sureste de El Paso, muy cerca de la valla fronteriza.
19 tiendas de campañas y 18 baños portátiles conforman este nuevo establecimiento que se supone será ‘temporal’.
