Andrés Guardado recibió cinco disparos por la espalda, dice autopsia independiente

Andrés Guardado, el joven latino que fue abatido por un agente del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD), recibió cinco balazos por la espalda, según los resultados de una autopsia independiente que solicitaron sus familiares y una firma de abogados.

“Andrés recibió cinco disparos mortales en la espalda y sufrió un roce en su antebrazo izquierdo que tuvo una trayectoria hacia el frente”, indico la declaración escrita de la firma de abogados Panish Shea & Boyle.

“Además, los resultados preliminares de toxicología forense han confirmado que Andrés no tenía ningún rastro de droga o alcohol en su sistema en el momento del incidente”.

La segunda autopsia fue realizada por el renombrado médico forense y patólogo independiente, Bennet I. Omalu, dela Universidad de California en Davis. Los resultados oficiales del Sheriff de Los Ángeles no han sido divulgados.

“La familia Guardado y sus abogados creen que los resultados preliminares de la segunda autopsia demuestran que la muerte de Andrés fue, sin duda, el resultado de la violencia policial injustificada contra un joven inocente”, dice la declaración de la firma de abogados remitida a Noticias Univision.

A través de los abogados, los padres de Andrés Guardado, Cristóbal y Elisa Guardado, emitieron una declaración sobre los resultados de la autopsia:

“Estos hallazgos confirman lo que hemos sabido todo el tiempo, que Andrés fue asesinado injustificadamente por un alguacil del condado de Los Ángeles; Andrés era un buen chico, era nuestro hijo y tenía mucha vida por delante”, dijeron. “Nuestro hijo no merecía morir de esta manera. Entendemos que todavía hay un largo camino a seguir, pero vamos a seguir luchando por la justicia para Andrés; queremos asegurarnos de que otras familias no tengan que sufrir como nosotros y no descansaremos hasta que Andrés reciba justicia”.

Abatido en un callejón sin salida

Andrés Guardado murió el 18 de junio en un callejón sin salida en el área de Gardena, una ciudad al sur de Los Angeles. Fue impactado seis veces por la descarga de balas del arma del alguacil Miguel Vega. Su compañero Chris Martínez no efectuó ningún disparo.

De acuerdo con información proporcionada a Los Angeles Times por parte del capitán John McBride, quien encabeza la oficina de administración de personal del departamento, el oficial Miguel Vega se unió al Departamento del Sheriff en 2009.

Vega se desempeñó después como asistente de custodia antes de pasar por la academia del Sheriff y comenzar como agente en la cárcel central de hombres, donde trabajó hasta 2017.

En ese año, el alguacil fue acusado de hacer declaraciones falsas en una investigación. Fue absuelto cuando se comprobó que fue una acusación infundada. En 2018 fue asignado a la estación de Compton y fue suspendido cuatro días por infringir las normas de seguridad al no verificar el pase de un preso para una clase de instrucción.

El oficial no ha emitido ninguna declaración voluntaria al LASD.

“Esta es una investigación criminal, por lo que todas las personas que van a ser entrevistadas tiene derecho a la Quinta Enmienda (no incriminarse a sí mismos y los alguaciles no son una excepción”, dijo en rueda de prensa el comandante Chris Marks, Supervisor de la División de Detectives en el Departamento del Sheriff.

Marks añadió que el LASD no está en medio de una investigación administrativa, por lo que no pueden obligar al oficial a declarar.

“Confiamos en que el agente proporcione una declaración voluntaria”, indicó. “Para responder sin rodeos, dependemos de él”.

De la misma forma, estableció que las cámaras de video incautadas en la escena del incidente no contienen imágenes del tiroteo.

Protestas en demanda de justicia

El fallecimiento del joven de origen salvadoreño provocó protestas en Los Ángeles, exigiendo justicia. Ocurrió en medio de semanas de manifestaciones en todo el país por la muerte del afroestadounidense George Floyd.

Durante una conferencia de prensa, el capitán Kent Wegener explicó que los dos agentes patrullaban la zona de West Redondo Beach Boulevard en la ciudad de Gardena y vieron a Andrés Guardado hablando con alguien en un automóvil que bloqueaba una entrada de vehículos y que tenía un arma.

“Uno de los agentes miró que Andrés Guardado "sacó una pistola" y comenzó a huir’, describió Wegener, jefe de la unidad de homicidios del LASD. “Después de perseguir a Guardado en un callejón en la parte trasera de un edificio, uno de los agentes le disparó a Guardado seis veces y lo hirió en la parte superior del torso”. Guardado fue declarado muerto en la escena del tiroteo.

Los motivos de la persecución no han sido aclarados por las autoridades.

Alex Villanueva, jefe del Departamento del Sheriff indicó a Univision Noticias que el arma hallada en la escena del incidente era una pistola semiautomática calibre 44 milímetros.

“Es un tipo de arma aparentemente fantasma, es decir, que no tiene número de serie y no es un arma registrada”, dijo. “Es un tipo de arma cuya composición es de varios fabricantes; tiene un cartucho extendido ilegal y estaba cargada con 13 balas”.

Queja formal contra el Sheriff y solicitan su renuncia

La demanda de justicia por la muerte de Andrés Guardado llevó a varios líderes de Los Ángeles a presentar una queja formal derechos civiles contra el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

La queja que se hizo ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia señala que la muerte de Guardado “fue la gota que derramó el vaso”. Fue presentada después de que la autopsia independiente descubrió que Guardado fue asesinado por la espalda, y acusa al LASD de repetidos actos de fuerza excesiva contra civiles.

“Los alguaciles del condado de Los Ángeles han asesinado a decenas de personas en las últimas dos décadas, casi todos afroestadounidenses e hispanos jóvenes y muchos en circunstancias cuestionables. El asesinato de Guardado es solo el último”, dijo Earl Ofari Hutchinson, presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles.

“Durante este período, los funcionarios del condado de Los Ángeles han hecho poco para controlar el departamento", agregó. "Es hora de que los funcionarios federales intervengan por la fuerza con medidas que frenarán la insensibilidad del departamento por el uso de la fuerza letal”.

La queja también señala que la supervisión de los miembros de la Junta de Supervisores del condado “es ineficaz y que los oficiales que cometen actos de fuerza excesiva no son castigados”, y aboga para que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia realice una investigación completa de las políticas del Departamento del Sheriff sobre el uso de la fuerza letal.

“¿Cómo puede ser posible que el Sheriff traicione a su misma gente?”, dijo a Univision Noticias, Najee Alí, un activista afroestadounidense director del Project Islamic Hope de Los Ángeles dijo a Univision. “Desde el principio de la investigación quiso esconder de la familia los resultados de la autopsia; la familia tenía el derecho de saber que fue un asesinato por la espalda, pero él (Villanueva) decidió proteger al alguacil que mató a este niño. Nosotros no podemos confiar en un líder que trata de proteger a un asesino que debe ser arrestado y enjuiciado”.

El caso de la muerte de Andrés Guardado llevó las congresistas Nanette Díaz Barragán y Maxine Waters a publicar una declaración conjunta en la que solicitaron una investigación exhaustiva que efectúa el fiscal de California, Xavier Becerra.

Los resultados de la investigación tardarían de dos a cuatro meses y se entregarán a la fiscal de distrito del condado de Los Angeles, Jackie Lacey, quien determinará si el uso de arma de fuego letal fue legal o no y si hay motivos suficientes para entablar cargos criminales contra el alguacil Miguel Vega.

“Nosotros queremos que se esclarezca el asesinato, conocer las razones por las que corrió Andrés, qué sucedió antes de que lo mataran, qué es lo que muestran las cámaras de video y si era necesario dispararle tantas veces por la espalda”, dijo a Univision Noticias, Jaime Peñate, miembro de la junta directiva de la Confederación Centroamericana (Cofeca) de Los Ángeles, una organización comunitaria.

Peñate señaló que “quiérase o no, la opresión de las fuerzas policiacas es parte del sistema de gobierno en EEUU; es un problema sistémico que les ha dado poder a ellos y es necesario desmontarlo”.