Corte de Inmigración ordena a todo su personal que garantice procesos “justos y oportunos”
Tras la decisión de ICE de abrir un período de 180 días para que inmigrantes que recibieron una fallida Notificación de Comparecencia reabran sus casos de deportación, ordenan a los jueces que hagan lo propio para remediar los errores cometidos por el gobierno anterior en el marco de la política migratoria de 'tolerancia cero'.
Por:
Jorge Cancino.
La agencia federal encargada de las deportaciones de inmigrantes anunció la apertura de un período de 180 días (seis meses) para que, aquellos que perdieron sus casos de deportación luego de haber recibido Notificaciones de Comparecencia (NTA) fallidas, presenten una moción de reapertura y continúen batallando sus permanencias en Estados Unidos. Más información aquí.
Video Abogada explica: Algunos inmigrantes tendrán seis meses para reabrir procesos y evitar la deportación
El director de la Corte de Inmigración ordenó el viernes a “todo el personal” que garanticen procesos “justos y oportunos” a todos los afectados.
La decisión ocurre tras la activación de una política a finales de mayo dada a conocer por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), de abrir un período de 180 días para que inmigrantes que recibieron una fallida Notificación de Comparecencia (NTA) y tenían una orden de deportación, pidan la cancelación completa de sus órdenes de deportación.
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En un memorando firmado por Jean King, directora interina de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), se ordenó a todo el personal, incluida la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), “que actúen de manera coherente con el papel de los tribunales de inmigración” y la junta de apelaciones en la resolución de disputas”.
La orden es congruente con la política migratoria del gobierno de Joe Biden anunciada en enero cuando prometió revertir la 'tolerancia cero' de Donald Trump y darle a los inmigrantes un trato humanitario y justo.
Trump, por el contrario, en sus cuatro años a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas creó un sistema migratorio que atacó la inmigración indocumentada, restringió la inmigración legal y dispuso que en procesos de deportación fiscales y jueces centraran sus esfuerzos la razón de los juicios, es decir, la expulsión del extranjero.
También decretó que la presencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, y otorgó poderes extraordinarios a los agentes federales de inmigración para deportar a extranjeros, incluso aquellos acusados de cometer faltas y cuyos casos no habían sido resueltos.
En la orden firmada por King se indica que la Corte “espera que los parámetros de los nuevos memorandos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concentren los recursos del ministerio en aquellos casos que cumplen con las prioridades determinadas por esa dependencia”.
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También instruye al personal de la Corte y la BIA “resolver los casos según corresponda, en función de las circunstancias específicas del asunto individual” y teniendo en cuenta las determinaciones sobre prioridades de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE):
En consecuencia, la persecución ya no es lo mejor para los intereses del Gobierno.
A principios de febrero Biden estableció nuevas prioridades de deportación centradas en aquellos extranjeros que han cometido delitos o faltas graves que constituyan una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos y, por tanto, se convierten en deportables y/o inadmisibles.
La presidenta interina de la EOIR argumentó que la nueva instrucción al personal de la Corte y la BIA se basa en la Orden Ejecutiva 13993 el 20 de enero de 2021, donde Biden revirtió la criminalización de la estadía indocumentada decretada en 2017.
La actual política migratoria permite que las agencias encargadas de hacer cumplir la Ley de Inmigración revisen y "restablezcan políticas y prácticas para hacer cumplir las leyes de inmigración civil para alinear el cumplimiento" con las prioridades de la Administración "para proteger la seguridad nacional y fronteriza, abordar los desafíos humanitarios en la frontera sur y garantizar la salud y la seguridad públicas", se lee en el decreto presidencial.
King dice que en consecuencia con ese documento, “el DHS ha emitido una serie de memorandos y documentos de orientación con respecto a sus prioridades de ejecución y el marco para el ejercicio de la discreción del fiscal”.
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“Esos memorandos establecen las prioridades generales de ejecución y deportación en base a tres categorías de casos de no ciudadanos que presentan riesgos para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”, apuntó.
La orden indica que a través de la revisión individualizada de los casos pendientes, el DHS, ICE y los abogados de la agencia “determinarán qué casos son prioridades de cumplimiento y cuáles no”.
King dijo que “en general, estos memorandos explican que el DHS ejercerá su discreción en función de las circunstancias individuales y perseguirá estas prioridades en todas las etapas del proceso de ejecución”.
“Esto incluye una amplia gama de decisiones de ejecución que involucran procedimientos ante la EOIR, tal como:
Decidir si emitir, volver a emitir, notificar, archivar o cancelar NTA;
Oponerse o unirse a las mociones de los demandados para continuar o reabrir un caso;
Solicitar que se dé por terminado o sobreseído el proceso;
Presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA); y
Acordar o estipular cantidades de fianza u otras condiciones de liberación.
El algunos casos, los inmigrantes cuyos casos sean reabiertos porque fueron afectados por NTA defectuosas, podrán recibir la residencia legal permanente. “Todo dependerá de la sentencia del caso”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
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Si la corte cierra el caso, finaliza el proceso:
Si administrativamente el juez termina el proceso, el caso se queda dormido;
Y si el juez administrativamente da por terminado el caso y aprueba un beneficio migratorio, el inmigrante recibe la residencia y el expediente se cierra.
King dijo en el documento que era probable que los recientes memorandos del DHS “afecten a muchos casos actualmente pendientes en los expedientes de los tribunales de inmigración y de la BIA”.
Si bien la Corte y la BIA actuarán bajo una nueva política que busca resolver los casos de manera humana y justa, el proceso de toma con más de 1,3 millones de casos acumulados en la EOIR y cerca de 500 jueces.
Una de las pautas de trabajo recomendadas por King señala que “los jueces de inmigración deben estar preparados” para investigar y determinar si el caso sigue siendo una prioridad de deportación para ICE, y si ICE tiene la intención de ejercer alguna forma de discreción procesal, por ejemplo:
Solicitar que el caso sea terminado o desestimado, estipulando la elegibilidad para reparación; o
Cuando lo permita la jurisprudencia, acordando el cierre administrativo del caso.
“El juez debe preguntar al demandado o a su representante (abogado) sobre la posición del demandado en estos asuntos y que tenga en cuenta esa posición antes de emprender cualquier acción”, señala el documento. Además, “se alienta a los jueces de inmigración a utilizar todas las herramientas de registro disponibles para garantizar la resolución justa y oportuna de los casos que tienen ante sí”, escribió King.
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En cuando al papel de la BIA en la nueva guía de trabajo, la presidenta interina de la Corte dice que “los jueces de apelación de inmigración deben estar preparados para revisar y adjudicar las mociones del DHS con respecto a la discreción del fiscal”.
Y agrega que, además, los jueces de apelación de inmigración pueden solicitar información adicional de las partes sobre si el caso sigue siendo una prioridad de deportación para ICE o si las partes tienen la intención de buscar o ejercer alguna forma de discreción procesal.
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Nueva York. Cualquier persona residente en el estado, de 16 años o más, puede solicitar una licencia de conducir no comercial sin importar su estatus migratorio. Todos los solicitantes deben proporcionar 6 puntos de documentos que prueben la identidad, y también la fecha de nacimiento y la residencia. Además, una prueba de residencia. Si nunca se le ha concedido un número de la Seguridad Social, deberá firmar una declaración jurada en la que conste este extremo y llevarla consigo cuando presente la solicitud.
Puede encontrar más información sobre cómo solicitarlo en el
sitio web del DMV del Estado de Nueva York.
