Informe revela abusos, racismo y violencia de policías que colaboran con ICE
Un polémico programa que permite al gobierno federal hacer acuerdos con policías locales para arrestar a inmigrantes indocumentados, se encuentra nuevamente en la mira tras un crítico informe publicado este miércoles por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Por:
Jorge Cancino.
Agentes federales de inmigración durante un operativo.
Imagen John Moore/Getty Images
Un polémico programa que permite al gobierno federal hacer acuerdos con policías locales para arrestar a inmigrantes indocumentados, se encuentra nuevamente en la mira tras un crítico informe publicado este miércoles por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
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Conocido como Programa 287(g), la investigación señala que se “multiplicó por cinco” durante el gobierno de Donald Trump y revela “la conducta de los socios locales 287(g), principalmente alguaciles de condados, tanto bajo el gobierno de Biden como anteriores.
“Los investigadores examinaron las 142 agencias policiales estatales y locales, incluidas las oficinas del alguacil y los departamentos correccionales, que participan en el programa 287(g)”, indica el reporte.
Agrega que “destacaron 54 agencias que se encuentran entre las más atroces en sus violaciones de los derechos y libertades civiles de las personas”.
El programa 287(g) debe su nombre a la Sección de la Ley de Inmigración donde se encuentra. Fue activada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 por el entonces fiscal general, John Ashcroft, para darle a las policías locales (estatal, condal y municipal) autoridad extraordinaria para perseguir y arrestar extranjeros sin estatus de permanencia legal en Estados Unidos, un poder que sólo le compete a los agentes federales de inmigración.
El 59% de los alguaciles participantes en el 287(g) tienen antecedentes de retórica xenófoba y antiinmigrante, lo que contribuye a un clima continuo de miedo para los inmigrantes y sus familias y socava los compromisos de equidad racial, responsabilidad y antidiscriminación de la administración.
El 55% de los alguaciles involucrados en el programa han hecho declaraciones abogando por políticas inhumanas de inmigración y control fronterizo, promoviendo la información errónea y las afirmaciones falsas en las que se basan.
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En algunos casos, se lee en el informe, “estos alguaciles están buscando activamente desafiar la autoridad federal para preservar el legado antiinmigrante y antiderechos humanos de la Administración Trump.
El 65% de las agencias participantes de 287(g) tienen registros de un patrón de discriminación racial y otras violaciones de los derechos civiles, incluido el uso excesivo de la fuerza.
El 77% de los alguaciles participantes, las autoridades de las cárceles locales y los comisionados del departamento de correccionales del estado están administrando centros de detención con antecedentes graves y extensos de condiciones inhumanas, lo que implica el programa 287(g) porque cuando el gobierno federal se asocia con estas cárceles y prisiones, sanciona tácitamente estas condiciones.
El informe de la ACLU cita los planes del expresidente Trump quien desde que llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, promovió el establecimiento de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.
Cita que el 25 de enero de ese año emitió dos órdenes ejecutivas en las que buscó delegar a las fuerzas del orden estatales y locales para que desempeñaran la funciones como agentes de inmigración.
Estos agentes a su vez, formarían parte de una fuerza nacional de deportaciones encabezada por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Este tipo de acciones socavan la confianza y la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las comunidades a las que deben proteger. Como presidente, “Biden debe poner fin a todos los acuerdos suscritos por la Administración Trump y limitar agresivamente el uso de la Sección 287(g) y programas similares que obligan a las fuerzas del orden público locales a asumir el papel de agentes de inmigración”, se lee en el informe.
Pero el gobierno de Biden no se ha desprendido de la cuestionada política activada hace ya 20 años. “A pesar de la promesa de campaña de eliminar los contratos 287(g) iniciados bajo la administración Trump, hasta ahora la administración Biden solo ha rescindido un acuerdo 287(g) de más de 140”, dijo Naureen Shah, asesora legislativa sénior de la ACLU.
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“Al continuar las alianzas con los alguaciles que tienen antecedentes vergonzosos y persistentes de violaciones de los derechos civiles, particularmente contra las comunidades negras y latinas, el presidente está enviando el mensaje de que sanciona y aprueba estos abusos", agregó.
Shah dijo además que “la administración Biden también está socavando sus propios esfuerzos para reparar el daño infligido por la agenda antiinmigrante del gobierno anterior, así como su promesa de responsabilizar a las fuerzas del orden público por violar la ley”.
“La administración de Biden debería dejar de trabajar inmediatamente con estas agencias, cuya conducta es la antítesis de la visión del gobierno para el país”, apuntó.
ACLU señala en el informe que el gobierno de Trump amplió exponencialmente el programa 287(g), “dejándolo cinco veces más grande al final de su mandato y responsable de 2.5 veces con más deportaciones que antes”.
Cita además una orden ejecutiva que expandió el 287(g) “en la mayor medida posible” y otorgó autoridad a la Patrulla Fronteriza para iniciar acuerdos 287(g), todo en el marco de la política de ‘tolerancia cero’.
“Una investigación del diario The Washington Post de 2021 detalla los esfuerzos de la administración Trump y señala que ‘ICE actuó rápidamente, solicitó reuniones con los alguaciles, envió materiales de marketing y realizó un seguimiento cuando las agencias locales no respondieron’ para apoyar el programa.
El informe añade que “para obtener apoyo, Trump se reunió con un grupo de alguaciles para discutir sus órdenes ejecutivas sobre temas de inmigración e invitar a más condados a unirse al programa 287(g)”.
Añade que un borrador ejecutivo reveló que Trump “consideró expandir 287(g) al iniciar acuerdos con la Guardia Nacional estatal y reclutarlos para “desempeñar las funciones de un agente federal de inmigración en relación con la investigación, aprehensión y detención de extranjeros en Estados Unidos”.
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Promesa incumplida
De haberse llevado a cabo el plan, Trump hubiese contado con una gigantesca fuerza nacional de deportaciones y cumplir con una de sus principales promesas de campaña: deportar a unos 4 millones de los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
El informe concluye que, tras revisar a las 142 agencias estatales y locales que colaboran con el programa de ICE, los investigadores hallaron violaciones generalizadas de los derechos civiles, una fuerte retórica antiinmigrante que alimenta prácticas racistas, malas condiciones de detención y promoción de políticas inhumanas.
“Si bien la administración Trump es sin duda responsable de facilitar el crecimiento exponencial del programa 287(g) como parte de su insensible ataque contra los inmigrantes y las libertades civiles, ahora le corresponde a la administración Biden decidir si quiere continuar reclutando alguaciles y otros funcionarios sindicados por posturas racistas, xenófobas y brutalidad desenfrenada, o cumplir su promesa a los votantes poniendo fin a los acuerdos 287(g) y reconstruyendo la confianza en la población.
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