Organizaciones de derechos humanos piden a la Corte Suprema suspender la nueva regla de carga pública
Dicen que el anuncio del gobierno, de no castigar en el futuro a los inmigrantes que acuden a los hospitales para curarse del covid-19, no es suficiente para alejar los temores y se quedan en sus casas.
Por:
Jorge Cancino.
Miles de personas siguen en centros de detención incluso a pesar de tener condiciones médicas preexistentes. Sus familias piden su liberación como única vía para evitar que se contagien con coronavirus, pues dicen que no hay celeridad en los procesos y temen que cuando alguien decida tomar acción sea demasiado tarde.
Video “Nuestras vidas están en riesgo”: el grito desesperado de inmigrantes en centros de detención ante la pandemia
Una coalición de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes pidió a la Corte Suprema de Justicia que temporalmente deje sin efecto la nueva regla de carga pública que el gobierno implemento en febrero.
La petición fue fecha para mitigar el devastador impacto que deja la pandemia de coronavirus en el país, principalmente en la población inmigrante.
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El lunes, la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, presentó ante el máximo tribunal de justicia un recurso a nombre de tres estados y la Ciudad de Nueva York, para levantar, modificar o suspender temporalmente la implementación de la norma hasta que finalice la emergencia.
En la demanda (Make the Road New York v. Cuccinelli), organizaciones legales y de defensa sin fines de lucro, entre ellas ‘Se Hace Camino Nueva York’ y el ‘Catholic Charities Community Services de Nueva York’, advierten acerca del devastador impacto que la nueva regla tiene en una comunidad que, que presa del miedo y la confusión, no acude en ayuda para salvar sus vidas.
La amenaza de ser considerado carga pública si van a un hospital en busca de ayuda al tener síntomas de covid-19 o buscar tratamiento, “disuade a las personas de acceder a asistencia sanitaria”, advierte el grupo.
En la demanda también participa el Centro de Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) y el bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
Los demandantes indicaron que, “en medio de esta crisis de salud global, es fundamental que todos, independientemente del estado de inmigración, tengan acceso completo a los servicios y beneficios de salud y gubernamentales para los que son elegibles”.
“Al hacer que las personas tengan miedo de acceder a la asistencia sanitaria y al apoyo alimenticio, la norma de carga pública aumenta el sufrimiento de las comunidades de inmigrantes, incluso cuando sus miembros, muchos de los cuales son trabajadores esenciales, se encuentran entre los más afectados por la enfermedad”, indicaron.
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Precisan que, mientras la nueva regla de carga pública siga vigente, “los inmigrantes y sus familias, incluidos los ciudadanos estadounidenses, se verán disuadidos de buscar pruebas o tratamiento para covid-19 y otros tipos de atención médica y beneficios vitales”.
“Esto impide los esfuerzos para detener la propagación del coronavirus y pone en peligro a inmigrantes y no inmigrantes por igual”, precisaron.
El grupo elogió al Fiscal General de Nueva York por presentar la moción y dijo que “esperamos que el tribunal considere cómo el estado de la nación ha cambiado radicalmente desde que emitió su orden” de permitir la vigencia de la regla hace solo unos meses.
La nueva regla de carga pública entró en vigor el 24 de febrero. La medida, basada en la política de tolerancia cero del gobierno, vincula el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para que un inmigrante pueda recibir, por ejemplo, la residencia legal permanente o la extensión de una visa.
La regla final, que se publicó el 14 de agosto del año pasado en el Registro Federal modifica las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y prescribe la manera en cómo esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.
Pero no todos los extranjeros se verán afectados, ha advertido el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas "U" y "T", asilados, refugiados y otras categorías”.
A su vez, dijo que “alienta a todos, incluidos los extranjeros con síntomas que se asemejan a la enfermedad de Coronavirus 2019 (covid-19, como fiebre, tos y dificultad para respirar), a buscar el tratamiento médico o los servicios preventivos necesarios”.
Los demandantes estiman que el anuncio o es suficiente y piden a la Corte Suprema que suspenda temporalmente la regla hasta que sea levantada la emergencia.
