"Perdimos la esperanza": la frase que resume la política de 'tolerancia cero' en 2018
Indocumentados sin antecedentes criminales, casos de asilo y solicitantes de visas se vieron afectados este año por la política migratoria del presidente Trump, que no solo le declaró la guerra a la población sin papeles, sino también a la que tiene algún tipo de estatus legal o quiere ingresar al país por medios regulares.
Por:
Jorge Cancino.
El magistrado Randolph Moss, de la Corte Federal en Washington DC, aseguró que la Oficina Ejecutiva de Temas Migratorios tiene trabajando el 48% de su personal, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza el 91% y ICE el 81%, por lo cual el Departamento de Justicia tiene suficientes empleados para procesar de forma efectiva las peticiones de asilo.
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“Hemos hecho mucho por nada”, se lamenta la inmigrante de origen peruano Patricia García, quien junto a su familia llegó a Estados Unidos en 1993 en busca de asilo. Su expediente se extravió durante 11 años y, cuando por fin apareció, un juez emitió una orden de deportación.
“Estoy cansada”, dice García. Hemos hecho mucho por nada. Igual nos tenemos que ir el 2 de enero y ando como loca tirando, regalando, donando y vendiendo algo de la casa. Ya está casi vacía. Ya mandé cinco maletas a Lima y ya perdimos la esperanza de todo. Muy tristes, son más de 25 años que se van. Y lo más triste es dejar a mi hijo”, agrega.
El lamento de García es el mismo que experimentan miles de inmigrantes que en el último año padecen los resultados de la política migratoria de Trump, cuyo objetivo se resume en dos propósitos: expulsar al mayor número que pueda de los 11 millones de indocumentados que viven en el país y frenar la inmigración tanto legal como ilegal.
Para conseguirlo, el mandatario no ha contado con el respaldo del Congreso. Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 ha ido construyendo una enmarañada política migratoria basada en memorandos y órdenes ejecutivas, y varias de ellas, por ahora, han sido revertidas por los tribunales de justicia porque algunas de sus controversiales medidas, advierten jueces, violan la ley y la Constitución.
Los resultados conseguidos por Trump en 2018 no se miden por el número de deportaciones, que siguien siendo inferiores a las registradas durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), y detenciones (un 40% mayor que su antecesor), sino por los niveles de miedo e incertidumbre provocados por el discurso del mandatario y su gobierno.
García y su familia llegaron a Estados Unidos en 1993 en busca de asilo. Huyeron del Perú por amenazas del grupo terrorista Sendero Luminoso. A sus hermanos, sobrinos y primos “les aprobaron las peticiones, menos a mi esposo, mi hijo y a mí porque (en el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) perdieron nuestros expedientes”, cuenta.
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Mientras aguardaban una respuesta del gobierno, recibieron un permiso de trabajo que renovaban cada 12 meses. “Después de 11 años aguardando, nuestro caso fue desestimado ( dismiss)”, explica. “Cuando los papeles por fin aparecieron, un juez nos dio la deportación sin que nosotros lo supiéramos”.
Corría el 2010 y en aquellos tiempos, bajo el gobierno de Barack Obama, las prioridades de deportación eran otras, distintas a las establecidas por Donald Trump en enero de 2017. Antes, sólo los extranjeros con antecedentes criminales graves estaban en la mira de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para ser deportados; ahora todos son prioridad porque el mandatario decretó que la permanencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Como el caso García, otros 350,000 inmigrantes viven situaciones similares desde el pasado mes de mayo, cuando el ex fiscal general Jeff Sessions, prohibió a los jueces de inmigración la práctica de cerrar casos de deportación que involucran a miles de inmigrantes sin antecedentes criminales, que no representan una amenaza para la seguridad nacional y tienen lazos profundos con Estados Unidos, una práctica que se aplica desde la década de 1980.
El llamado "cierre administrativo" o "cancelación de deportación" permitió a los jueces remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilitó que algunos inmigrantes, como García y su familia, permanecieran indefinidamente en el país pese a carecer de un estatus de permanencia legal.
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“Sin lugar a dudas, el cambio más significativo fue la eliminación de la política de discreción, donde solo hacían cargos de deportación a los casos que eran prioridad, o sea a las personas que tenían antecedentes”, dice Lilia Velásquez, abogada de inmigración y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Ahora todas las personas detenidas son enviadas a un juicio de deportación. A esto hay que agregar que, desde fines de noviembre, el gobierno anunció la implementación de una nueva norma, que todas las personas cuyos casos hayan sido denegados, tal como violencia doméstica (VAWA), visa U o ajuste de estado), también serán enviados a un juicio de deportación. En mi opinión, esta es la política que más daño ha causado”, añade.
Velásquez dice además que “sobre la política de ‘tolerancia cero’, no sabemos qué consecuencias tendrá el que tengan una convicción por entrada ilegal al país. Sabemos que no es un delito en contra de la moral y no creo que sea una base de descalificación para una visa. A mi forma de ver, es puro teatro, una medida mal encaminada que tiene el propósito de disuadir a personas a que sigan cruzando ilegalmente. Como podemos ver, no vemos una disminución del cruce ilegal. Por lo menos se aclaró que padres con niños no serán perseguidos penalmente para evitar la separación forzosa de menores de sus padres”.
Al resumir lo actuado por el gobierno de Trump en 2018, Velásquez dijo que “terminaremos con un gobierno cerrado que afectará los retrasos que ya tenemos en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y las cortes de inmigración. Esperemos que, una vez la Cámara de Representantes demócrata tome riendas a partir del 3 de enero, se frenen estas políticas antiinmigrantes”.
“El gobierno ha tomado medidas importantes para redefinir las políticas de inmigración de Estados Unidos”, dice Rebeca Sánchez- Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y durante más de 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.
Tras una pausa, desglosa una lista de áreas en las que la Casa Blanca puso especial énfasis:
Nuevas prioridades de detención;
Rescindir DACA para aquellos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños;
Restringir las visas de viaje y de trabajo de ocho países de mayoría musulmana (travel ban);
Aumentar las investigaciones de solicitudes de refugiados e inmigración legal mientras recortan personal;
Los cambios ordenados por Trump han dejado, hasta ahora, daños irreversibles en la comunidad inmigrante, sobre todo en menores de edad. “El gobierno a menudo toma decisiones cuyos costos no se materializan en las comunidades afectadas durante años, pero los niños separados de sus padres en la frontera manifiestan síntomas de inmediato”, advierte Sánchez-Roig.
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“El trato de estos niños es abuso infantil. Hemos visto a los bebés despojados de los brazos de su madres, puestos en jaulas y oírlos lamentándose de manera desesperada por sus padres. Estos niños y sus familias sufrirán traumas psicológicos por años como resultado de las acciones inhumanas del gobierno”, previene.
La exfiscal señala además que, “sabemos que el mejor interés del niño y la familia es de mantenerlos juntos. Y aún más, cuando están huyendo de sus países en busca de refugio en el nuestro, el trauma que resulta cuando separan a los niños de sus padres puede terminar en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático y otros padecimientos de salud mental que pueden causar efectos duraderos en los pequeños y sus familias”.
Patricia Garcñia junto a su esposo Miguel, casados hace más de 30 años y 25 de residencia en Estados Unidos.
Imagen Univision
Medida “extremista”
“La separación de familias en la frontera fue la política más extremista de Trump y fue parte fundamental de la política de ‘tolerancia cero’ dentro del marco general de la destrucción del sistema de asilo”, comentó Bárbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin. “La estrategia es crear tantos obstáculos y generar tanto miedo para desanimar a los migrantes y desmantelar el sistema de asilo”, agregó.
Hines dijo además que “el daño psicológico (causado por la ‘tolerancia cero’) es grave y trae consecuencias permanentes para las familias”.
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Para Ben Monterroso, director ejecutivo de la organización Mi Familia Vota, un grupo enfocado en la inscripción de nuevos votantes, sobre todo hispanos, “el presidente Trump, el Partido Republicano y los seguidores más radicales de este partido, están tratando de criminalizar y deshumanizar a todos los migrantes, y separar familias para no atender a los inmigrantes y los niños que llegan pidiendo asilo a la frontera sur. Ya han provocado la muerte de dos niños inocentes por causa de esta política”.
Monterroso indicó además que “nosotros seguiremos presionando al nuevo Congreso (que asume el 3 de enero) para que estas políticas de odio se terminen y resuelvan el tema de inmigración. Empezando con darle la legalización permanente y un camino a la ciudadanía a todos los jóvenes amparados por DACA, a los inmigrantes con TPS, y asegurarnos que todos aquellos que están pidiendo asilo político tengan un proceso gusto como lo determina la ley. Y que para todos los que ya están en Estados Unidos (sin papeles) tengan la oportunidad de legalizar sus permanencias”.
Una de las preguntas que flota en el ambiente es por qué Trump lanzó en enero de 2017 su política migratoria tras las órdenes ejecutivas sobre el muro y las ciudades santuario.
Casi dos años después de la emisión de ambos decretos, “seguir con la retórica del muro sólo le refuerza (su mensaje) a una base electoral que es extremista pero que no le permitirá ir políticamente muy lejos con ella”, dice Roberto Izurieta, director del Programa de Latinoamérica y Campañas Políticas de la Universidad George Washington.
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Izurieta menciona la derrota de Trump en los recientes comicios de noviembre, donde los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes, “elección que tiene medición nacional para el presidente”, indicó. “Perdió ampliamente, pero esa base extremista y minoritaria, con su voceros o expresiones en algunos medios o periodistas extremos, parece que le es muy importante a Trump, al menos emocionalmente”.
“Es decir, el presidente está respondiendo a esa base más que a cualquier estrategia que le dé viabilidad a su gobierno y éxito político, entendido este en miras a su reelección presidencial en 2020”, una campaña que el propio Trump lanzó el 14 de julio durante una entrevista al diario británico Mail on Sunday."Bueno, tengo toda la intención de hacerlo. Parece que todo el mundo quiere que lo haga", declaró en aquella oportunidad.
Mientras llega la contienda, Sánchez-Roig estima que la política migratoria no se detendrá. “Para 2019 sabemos que Trump ya ha reducido el número de refugiados que permitirá en el país a 30,000, el número más bajo desde 1980. También está explorando otras maneras de reducir la inmigración legal, incluyendo la eliminación del programa de Visas de Diversidad (Lotería de Visas). Pero con los demócratas en control de la Cámara de Representantes a Trump se le hará más difícil que nunca proseguir su agenda doméstica, que incluye reformas de inmigración”.
Agrega que “esperamos más demoras en los proceso administrativos y judiciales debido a las políticas del presidente, algo que atraca el sistema a niveles muy por encima de aquellos sufridos durante la administración de (George W.) Bush”.
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Hines comparte los temores de Sánchez. “Pienso que Trump y sus asesores continuarán el ataque contra los inmigrantes en 2019. Por ejemplo, las nuevas reglas sobre Carga Pública. El presidente no sólo quiere destruir el sistema de asilo, sino también el sistema de inmigración legal”.
Los últimos esfuerzos llevados a cabo por García para evitar la deportación de ella y su familia no han tenido respuestas.
“Mi hijo le escribió a Trump y también a Ivanka y Melania. Fue a las oficinas del senador Marco Rubio y del representante Darren Soto (ambos republicanos por Florida). Nos hablaron que nos iban a ayudar, pero nada. Mi hijo ha movido cielo y tierra y nada. Yo estoy muy cansada, agotada, mal de salud con esta mudanza, pues es desgastante botar 25 años de tu vida, llegar allá (a Perú) sin casa, sin trabajo, sin seguro médico y, lo peor, pierdo mi jubilación de Estados Unidos. Pagué mis impuestos durante 25 años por gusto”.
La inmigrante añade que “nada (de su historia) ha salido en ningún noticiero nacional, todo ha sido local. En Tampa, Orlando (donde residen) hoy (el jueves) volvimos a salir en el Canal 8 (de televisión), pero todo es por gusto (…) Lo que yo quería es que todos vieran la injusticia, pero no se dio. Incluso hoy me llamaron para ir al aeropuerto a filmar nuestra partida, pero les dije que no”.
La salida de García y su esposo está programada para el 2 de enero, un día antes de la instalación del nuevo Congreso electo el 6 de noviembre, cuya Cámara Baja estará controlada por los demócratas. En la última cita con ICE a finales de noviembre, García y su esposo se presentaron con los boletos aéreos en mano. “Ese día nos dijeron que nos teníamos que ir en la fecha señalada”, precisó.
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Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las
órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía,
la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.
