La ruta aérea de la cocaína: la lujosa flotilla de jets de EEUU que movía droga desde Sudamérica

Era cuestión de tiempo para que las autoridades de Estados Unidos atraparan a los dueños, ejecutivos y socios de la empresa Aircraft Guarantee Corp (AGC), que tenía miles de aviones privados a su nombre, pero cuyo centro de operaciones era una pequeña ciudad de Texas sin aeropuerto.

AGC y sus empresas afiliadas vendieron y arrendaron a narcotraficantes al menos doce aeronaves que fueron encontrados cargadas con toneladas de cocaína o abandonadas en pistas clandestinas en Belice, Guatemala, Honduras y Venezuela. A dos jets los detectaron antes de que despegaran con varios kilos de droga en México y Colombia. Uno de sus clientes era el Cartel de Sinaloa.

Los reportes sobre cómo fueron decomisando esos jets privados entre 2018 y 2020 en Latinoamérica, la mayoría en Guatemala, cuya selva es una escala en la ruta de los contrabandistas, son parte de un proceso penal cuyas averiguaciones encabezó el servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La acusación presentada en una corte federal de Texas afirma que AGC y sus filiales hicieron negocios sabiendo que sus unidades terminarían en poder de miembros de carteles.

Los empresarios se llenaron los bolsillos borrando en sus registros el rastro de los narcos. Mientras que a los traficantes les permitió mover cargas millonarias en unidades que tenían una codiciada matrícula con la letra ‘N’, lo cual indica que está registrada en EEUU y por ello está sujeta a menos escrutinio en otros países.

Los jets del Cartel de Sinaloa

Gracias a este esquema que ocultó quiénes piloteaban los jets, el Cartel de Sinaloa voló uno marcado con el número N241CW. Llevaba 1.2 toneladas de cocaína cuando se estrelló en Venezuela el 9 de diciembre de 2018, describe la acusación federal.

Un año antes, el empresario Carlos Rocha Villaurrutia lo compró a través de la empresa TWA, socia de AGC, y lo registró en la Administración Federal de Aviación (FAA) para volarlo desde Phoenix (Arizona) y hacia Ciudad Juárez (México).

El 7 de enero de 2019, un mes después del choque en Venezuela, TWA trató de deslindarse solicitando una cancelación para exportar la unidad a México. Rocha Villaurrutia, radicado en Texas, es uno de los implicados en este caso.

Otro avión usado por el cartel tenía la matrícula N311BD. El dueño era Heriberto Gastelum Calderón, un narcotraficante sinaloense. Pero Kayleigh Moffett, una ejecutiva de AGC, transfirió ese jet a la flotilla de su empresa y solicitó un permiso para volar la unidad en México el 16 de diciembre de 2019.

De esa manera, el mafioso quedó fuera del radar incluso teniendo antecedentes por distribución de drogas en EEUU. Lo arrestaron en diciembre de 2007 en Cleveland, Ohio, como resultado de una investigación enfocada en su célula criminal. El FBI lo siguió hasta un hotel de la ciudad cuando trataba de vender droga. Le decomisaron 14 kilos de cocaína valorada en más de dos millones de dólares, más de $80,000 en efectivo y un camión.

En junio de 2008 lo sentenciaron a 57 meses de prisión y lo liberaron dos años después, según registros judiciales revisados por Univision Noticias.

Al volver a México, este contrabandista subió de rango en el cartel. Así lo confirma el decomiso de 2.3 toneladas de cocaína que las autoridades de Belice encontraron dentro de su jet en febrero de 2020.

Dos meses después de ese operativo militar, Moffett intentó marcar distancia presentando una factura de venta para devolverle el avión al traficante. Pero la unidad seguía bajo custodia del gobierno beliceño. La FAA verificó más tarde que Gastelum Calderón no cumplía los requisitos de ciudadanía para registrar la nave en EEUU.

Un piloto muerto y un narcojet en Chetumal

En un aeropuerto de Bogotá, la Policía colombiana arrestó en enero de 2020 a varias personas que abordaban un jet con matrícula N777EH. Al registrar el equipaje encontraron casi 200 kilos de cocaína. Se dirigían a la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.

Las fotografías de los detenidos, la nave y el cargamento confiscado fueron publicadas en un tuit de la Oficina contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas (ONU).

Ese avión fue comprado en enero de 2018 por la empresa texana Projects Inc, cuyo administrador Michael Assad Marcos trabaja en colaboración con AGC. Marcos es uno de los implicados en el caso.

La Fiscalía afirma que un día después del decomiso en Bogotá, Marcos vendió la unidad, a pesar de que esta seguía bajo resguardo del gobierno colombiano. Fue su estrategia para que no lo involucraran con los narcos.

En México se registraron dos incidentes en los que estuvo vinculada la compañía AGC. Uno ocurrió en marzo de 2019, cuando un piloto murió tras chocar un jet que transportaba 1.2 toneladas de cocaína.

Una empleada de la compañía le escribió al arrendador de la nave para preguntarle sobre dicho incidente, a solicitud de las autoridades estadounidenses. Pero el encargado le respondió negando lo sucedido: “Esa información es falsa. La aeronave se encuentra actualmente en el aeropuerto de Toluca, en el hangar 6A. Ahora está en mantenimiento y, por lo tanto, en tierra”.

El otro hecho ocurrió en noviembre de 2018. Un Hawker 700A intentó aterrizar en una pista clandestina en Belice y terminó haciéndolo de emergencia en un aeropuerto de Chetumal, en el estado mexicano de Quintana Roo. El piloto huyó dejando atrás 1.5 toneladas de droga.

El Hawker 700A era propiedad de Michael Assad Marcos, quien también es dueño de la compañía Jetnet, con sede en Delaware. Se lo arrendó a un mexicano que no está siendo señalado en este caso.

El Departamento de Justicia asegura que Marcos canceló el registro del jet dos semanas después del decomiso de la droga y reportó que lo había vendido a un comprador extranjero, aunque en realidad lo tenían asegurado en un hangar del gobierno mexicano. Otra vez trataba de deslindarse.

La acusación señala que AGC operaba a través de su representante Guillermo García Méndez, dueño y operador de la empresa GMAVIACION S.A. de C.V. Este hombre también es señalado por la Fiscalía.

“Sus recursos son infinitos”

Guatemala tiene la selva tropical más grande de Centroamérica y eso lo están aprovechando los carteles. Militares de ese país encontraron 50 jets cargados con droga o vacíos en 2019.

“Estamos hablando de una industria que tiene suficiente dinero para abandonar en la selva aviones que valen millones”, dijo el coronel del Ejército de Guatemala, Juan de la Paz, a The Washington Post. “Sus recursos son infinitos y nosotros solo estamos tratando de estar al día", agregó.

Cuatro de esas aeronaves detectadas hace tres años en pistas de tierra en Guatemala eran de la empresa texana AGC, según la Fiscalía estadounidense.

A finales de 2019 un jet que compró Texton Enterprises de Wyoming, cuyo único dueño es el empresario Carlos Rocha Villaurrutia, fue incautado con más de 2.5 toneladas de cocaína en Guatemala. Los fiscales afirman que, a pesar de que él se presentaba como dueño de la unidad con matrícula N939RR, “otras entidades financiaron y operaron la aeronave”.

El Ejército guatemalteco también localizó en enero de 2020 un jet que transportaba 1.7 toneladas de cocaína. Lo abandonaron en un camino de tierra en la selva. Se hizo viral un video que muestra la pericia del piloto que lo hizo despegar en un terreno uniforme, angosto y corto. Lo escoltó un helicóptero militar.

El avión tenía una matrícula sobrepuesta. La real fue registrada ante la Administración Federal de Aviación por Kayleigh Moffett, la ejecutiva de AGC.

Producción récord de cocaína

La justicia estadounidense señala a ocho dueños, ejecutivos y socios de AGC de varios delitos relacionadas con lo que describe como “una compleja conspiración internacional de tráfico de drogas” y lavado de dinero.

Todos los acusados ya mencionados y la dueña de AGC, Debbie Mercer, fueron arrestados por agentes federales. Ellos enfrentan una condena mínima a 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

El caso describe alrededor de 350 millones de dólares en presunta actividad criminal desde 2016. Se alega que los clientes de AGC usaron las ganancias por la venta de droga para comprar más aviones y cocaína. Los adquirían haciendo transacciones de bancos a corporaciones fantasmas en EEUU.

“El uso de aeronaves registradas en Estados Unidos por estas organizaciones criminales y sus redes de asociados representa un peligro claro y presente para la seguridad de nuestro país”, advirtió sobre este caso el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, en un comunicado.

Mientras la producción de cocaína se mantiene en niveles récord en América del Sur, cada vez más carteles usan aviones privados para mover sus cargamentos hacia EEUU, según un nuevo informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En 2019 se reportó una producción de cocaína pura de 1,886 toneladas métricas en Bolivia, Colombia y Perú, los tres países que dominan ese mercado ilícito. En Colombia, que lidera la lista, la producción subió de 877 toneladas métricas en 2018 a 936 toneladas de la droga el año siguiente.

“Las organizaciones colombianas de tráfico de drogas exportan grandes cargamentos de cocaína a través de México, el corredor centroamericano y el corredor del Caribe, utilizando una variedad de medios marítimos y aéreos, incluyendo lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, semisumergibles (submarinos de fabricación casera), aeronaves privadas y carga comercial aérea y marítima”, cita la agencia.

La DEA reporta que el 74% de los cargamentos de cocaína son transportados por la ruta del Pacífico, haciendo escala en la selva centroamericana y en bodegas secretas en México, hasta llegar a EEUU. Este sistema no se vio afectado ni siquiera por la pandemia, afirma la agencia.