CHICAGO, Ill.— El pasado 1 de julio, el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley conocido como “One Big Beautiful Bill” (“La Gran y Hermosa Ley”), una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump que busca reducir impuestos y recortar el gasto público, especialmente en programas como Medicaid y asistencia alimentaria.
Advierten por impacto negativo en ayudas sociales por 'Big Beautiful Bill' en Chicago
En barrios como La Villita, donde cada semana cientos de familias hacen fila por comida, el temor crece. La nueva ley aprobada por el Senado amenaza con dejar sin ayuda a miles de personas en Illinois, un estado donde ya se anticipan despidos médicos y cierre de clínicas por falta de fondos federales.
La propuesta, que aún debe pasar por la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley, tiene implicaciones profundas para millones de estadounidenses.
Recortes a programas esenciales
El proyecto propone ahorros por 1.2 billones de dólares mediante la imposición de requisitos laborales obligatorios para personas en edad de trabajar, incluidos algunos padres y adultos mayores, que actualmente reciben beneficios como Medicaid o cupones de alimentos. Esto implica hacer más estrictos los criterios de elegibilidad y modificar los reembolsos federales a los estados.
Según datos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), 80 millones de personas usan Medicaid y 40 millones reciben asistencia alimentaria. La mayoría de los beneficiarios ya trabaja, pero las nuevas reglas podrían dejar sin cobertura a millones que no cumplan con los requisitos mensuales.
Impacto en Illinois filas más largas y clínicas en riesgo
En comunidades como La Villita, el impacto ya comienza a sentirse. En la iglesia New Life, que opera el banco de alimentos Pan de Vida, se teme que la demanda se dispare.
“Estamos esperando tener muchas líneas largas de gente que va a necesitar más alimentos diariamente. Aquí tenemos casi 300 personas… y tenemos que rechazar a otros porque no es suficiente”, explicó uno de los voluntarios.
De acuerdo con estimaciones de KFF, se espera que cerca de 397,000 personas en Illinois resulten afectadas por las nuevas restricciones y recortes en Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Además, los cambios propuestos a Medicaid podrían dejar sin cobertura a alrededor de 500,000 personas en Illinois, según el mismo análisis de KFF. Esto afectaría directamente a hospitales y clínicas comunitarias que dependen de los reembolsos para operar.
“El hecho de que no recibamos reembolsos… no quiere decir que vamos a dejar de recibir pacientes… pero muchas clínicas posiblemente van a cerrar, otras vamos a tener que decidir qué tipo de servicio vamos a seguir proveyendo”, advirtió Dalia Galván, trabajadora de salud en un hospital comunitario.
La posibilidad de que el gobierno estatal intervenga para suplir los fondos federales parece poco probable.
“No creo. Porque nosotros, a nivel estatal, también tenemos nuestros problemas con el déficit del presupuesto”, señaló José Sánchez, presidente del hospital Humboldt Park Health.
¿Qué propone la ley además de los recortes?
Entre otros cambios, el proyecto de ley aprobado por el Senado incluye.
- Un aumento temporal en el límite de deducción de impuestos estatales y locales (SAL), de $10,000 a $40,000 por cinco años. Después, regresaría a $10,000.
- Una deducción estándar de hasta $4,000 para personas mayores de 65 años (entre 2025 y 2028).
- Deducción fiscal de $6,000 para adultos mayores que ganen menos de $75,000 al año.
- Extensión de exenciones fiscales en beneficios del Seguro Social.
¿A dónde iría el dinero “ahorrado”?
La legislación contempla una fuerte inversión en seguridad fronteriza y migración.
- Más de $46,500 millones para construcción del muro fronterizo.
- $45,000 millones para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes.
- Aproximadamente $30,000 millones para contratación, capacitación y recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El proyecto aun debe ser votado en la Cámara de Representantes, donde podría sufrir modificaciones antes de llegar al escritorio del presidente. Si es firmado como ley, los cambios entrarían en vigor a partir de 2025, aunque varios programas podrían comenzar su desmantelamiento antes.
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