Demanda contra el gobierno por negar ayuda a matrimonios mixtos revive el temor al uso de datos privados

La negación por parte del gobierno de enviar cheques de estímulo federal -para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus- a matrimonios entre ciudadanos estadounidenses e indocumentados abrió la puerta para la presentación de demandas no solo por discriminación, sino también por uso de información recabada con un propósito y utilizada para otro totalmente distinto.

El martes el Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) demandó al gobierno ante un tribunal de Maryland alegando que "es inconstitucional" la denegación de los pagos de ayuda por covid-19 a ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes que no tienen un número de Seguro Social.

La información para negar la asistencia se obtuvo de las declaraciones de impuestos conjunta en la que los cónyuges extranjeros usan un Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN en inglés) debido que carecen de estatus legal de permanencia en Estados Unidos.

“La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) no permite que un extranjero trabaje sin una autorización de empleo, pero el gobierno exige que todos los extranjeros, con o sin un estatus legal de permanencia en Estados Unidos, paguen impuestos”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.

“Esta ha sido la política hasta ahora”, agregó. “La negación de la ayuda a los ciudadanos estadounidenses casados con extranjeros indocumentados que declaran sus impuestos cambiará la historia”, agregó.

La Ley CARES estableció que recibirán la ayuda solo aquellos contribuyentes que cuentan con un número de Seguro Social válido.

La demanda de MALDEF desafía la constitucionalidad de la Ley CARES, argumentando que “discrimina a las parejas de estatus mixto porque la trata de manera diferente a otras parejas casadas”.

Añade que la negación de ayuda financiera a ciudadanos estadounidenses es una “violación de las garantías de la 5ta Enmienda de la Constitución” que garantiza igualdad de protección y debido proceso.

La Ley CARES fue aprobada por el Congreso a principios de abril como parte de los estímulos para enfrentar la pandemia. Se trata de un masivo paquete por $2.2 billones que le permitió al gobierno enviar un cheque por $1,200 a cada contribuyente que gana un salario menor de $75,000 por año, $500 por cada hijo menor de edad y $2,400 si la declaración fue enviada junto con el cónyuge.

"Cualquier nación que valore a la familia debería reconocer la obligación de tratar a todas las parejas casadas por igual", dice Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF. "En Estados Unidos, una nación de inmigrantes, esta exclusión inconstitucional es especialmente inexplicable", señaló.

"Medida discriminatoria"

Abogados difieren de la decisión del gobierno de no enviar cheques de estímulo a los matrimonios mixtos y temen que haya sido una decisión discriminatoria.

“Los matrimonios entre un ciudadano y un extranjero que utiliza un número ITIN reciben devoluciones de impuestos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Me pregunto cuál fue el criterio considerado esta vez siendo que utilizaron la misma información recabada por el Servicio de Rentas Internas (IRS)", agrega.

Gálvez señala, además, que “se trató de algo arbitrario basado en el estatus migratorio de un cónyuge, siendo que la Constitución dice que uno tiene el derecho en casarse con cualquier persona. Por tanto, no se puede discriminar a alguien basado en matrimonio”.

A la pregunta respecto al uso de información recopilada por el IRS para el pago de impuestos para un fin distinto, Gálvez dijo que “es peligroso”, pero recordó que bajo este gobierno “también está comprometida la información de los dreamers amparados por DACA y los datos de personas indocumentadas que obtienen una licencia de manejar. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene acceso. Nada detiene al gobierno federal”.

Velásquez tiene las mismas preocupaciones que Gálvez, pero señala que se trata de una pregunta difícil. “Serán los tribunales quienes determinen si la decisión de no enviar cheques de ayuda a los matrimonios mixtos fue legal o no. Para mi se trata de una gran injusticia”, considera. “El gobierno está castigando al cónyuge que está legal en Estados Unidos”, añade.

"No habíamos visto una situación como esta. A primera vista no existe precedente jurídico que nos guíe, por lo que no puedo dar una opinión más amplia. Además, es difícil poder determinar si en el caso de un regalo que esté dando el gobierno para ayudar a la situación económica que están viviendo los ciudadanos, es difícil determinar que está violando la ley”, acota.

“Lo que sí debe quedar claro es que, si estoy casado con una persona que no tiene papeles, es injusto que me bloqueen la ayuda”, precisa.

Consultada respecto al uso de información para un fin diferente al que esta fue recabada, Velásquez dijo que “si el gobierno la usara para deportar, ahí sí revienta la bomba porque están actuando en contra los derechos económicos del país. Durante años el gobierno nunca ha actuado para deportar a quienes pagan impuestos sabiendo que no tienen un número de Seguro Social, porque sabe que en muchos casos estas personas podrán legalizar sus permanencias en el país. La única excepción es cuando el extranjero tiene delito un delito o una orden de deportación; ahí sí actúan en contra de esa persona”.

Información “confidencial”

La ley federal protege la confidencialidad de la información fiscal, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida y que durante 15 años ejerció como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia. “Existe la preocupación de que la información relacionada con los impuestos que los inmigrantes y los afectados le dan al gobierno se utilizan por el gobierno con el propósito de deportación. Esto, sin embargo, no está permitido por ley”, señala.

Si bien al IRS le interesa que las personas documentadas o indocumentadas cumplan con su obligación de pagar sus impuestos, Sánchez-Roig dice que “si la prohibición de compartir datos no existiera y la información no se mantiene confidencial, las personas indocumentadas simplemente no presentarían sus declaraciones de impuestos”.

“El resultado de eso sería que la economía se vería significativa y negativamente afectada. Para prevenir este bombazo a la economía, la información tributaria se mantiene estrictamente confidencial”, indicó.

Sánchez recordó que, durante sus años como fiscal, “los abogados llamaban al IRS para informarles que había un inmigrante indocumentado ante el tribunal que no había pagado impuestos o no había reportado sus ingresos completos. A lo que el IRS contestaba era que el inmigrante presentara o modificaran sus declaraciones. Ellos no tienen interés en reportar al inmigrante porque saben que si lo hacen no recibirán la declaración de impuestos y la economía sufrirá”.

Futuro incierto

En la demanda, los abogados de MALDEF también argumentan que la ley castiga a las parejas de estatus mixto que ejercen su derecho de la 1ra Enmienda a presentar declaraciones de impuestos conjuntas con sus cónyuges inmigrantes, y buscan que se reconozcan sus matrimonios y compromisos legales al hacerlo.

“El gobierno federal no debe denegar a los ciudadanos los pagos de recuperación económica simplemente por el hecho de que elijan casarse", dijo Nina Perales, vicepresidenta de litigios y asesora de MALDEF en el caso. "La Constitución protege el derecho a casarse y criar hijos, incluso si uno de los cónyuges carece de un número de seguro social", añadió.

El precedente jurídico, sin embargo, en este caso pudiera estar a favor del gobierno. “Le deseo lo mejor a MALDEF, pero temo que puedan perder su caso”, advierte Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.

“En Mathews v. Díaz, 426 US 67 (1976) la Corte Suprema sostuvo que ‘el Congreso regularmente establece reglas con respecto a los extranjeros que podrían ser inaceptables si se aplican a los ciudadanos’ (426 US en 80) y que no existe el deber constitucional de proporcionar todo ciudadanos extranjeros con los mismos beneficios proporcionados a los ciudadanos”, agregó.

“El Tribunal sostuvo que un trato tan dispar regular por parte del Congreso no implica necesariamente una discriminación nociva’", indicó.

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