Dos nuevos jueces federales resuelven contra el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar inmigrantes sin el debido proceso

Dos jueces federales dictaminaron el martes que el presidente Donald Trump se acogió de forma indebida a la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las expulsiones de inmigrantes que el gobierno acusa de pertenecer al Tren de Aragua, una peligrosa pandilla de origen venezolano.

Las nuevas resoluciones se suman a la creciente oposición de los jueces a que la administración se acoja a una ley aprobada en el siglo XVIII para tiempos de guerra para eludir el debido proceso, como exige la Constitución, en sus intentos de hacer realidad su promesa de "deportaciones masivas".

Primero fue el juez de distrito Alvin K. Hellerstein de Nueva York determinó que la mencionada norma no puede utilizarse contra la pandilla Tren de Aragua (TDA) porque no está atacando a Estados Unidos.

"TDA bien podría estar involucrada en el narcotráfico, pero eso es un asunto criminal, no una invasión", escribió Hellerstein, prohibiendo las expulsiones en la mayor parte de la ciudad de Nueva York y sus alrededores.

Horas más tarde, la jueza de distrito Charlotte N. Sweeney llegó a una conclusión similar, ampliando una orden anterior que prohibía la expulsión de venezolanos acusados de pertenecer a TDA desde Colorado.

Sweeney se mostró horrorizada ante los argumentos de la administración de que nadie puede cuestionar la designación del presidente de la pandilla como invasor extranjero. Consideró la idea "errónea desde el punto de vista jurídico" y que además "intenta desvirtuar una disposición completa de la Constitución", escribió.

Los jueces niegan a Trump el polémico uso de la Ley de Enemigos Extranjeros

Los rechazos contundentes a Trump se producen una semana después de que un juez designado por Trump en el sur de Texas se convirtiera en el primero del país en rechazar el uso por parte del presidente de la Ley de Enemigos Extranjeros, que también prohíbe a la administración expulsar a personas de esa región. Ninguna de las órdenes impide las deportaciones por razones distintas a la ley.

Estas decisiones son las últimas de una larga serie de reveses judiciales en los esfuerzos de la administración Trump por acelerar las deportaciones de personas que se encuentran en el país sin autorización. El presidente y sus partidarios se han quejado cada vez más de tener que garantizar el debido proceso a personas que, según ellos, no cumplieron con las leyes de inmigración estadounidenses.

En su fallo, Hellerstein, quien fue designado por el presidente Bill Clinton, también dictaminó que el gobierno no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros para acortar el proceso legal de deportación establecido por el Congreso.

Varios jueces más en todo el país están atendiendo casos que impugnan el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump en sus jurisdicciones. Esto surge tras un fallo de la Corte Suprema del mes pasado que establece que las impugnaciones al uso de la ley por parte de Trump deben presentarse en zonas donde se detiene a inmigrantes para su deportación. El alto tribunal dictaminó por unanimidad que las personas detenidas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros tenían derecho a impugnar su deportación ante los tribunales.

Esto llevó a la Corte Suprema a intervenir por segunda vez, en un inusual fallo después de la medianoche que prohibió la deportación de personas del norte de Texas que, según la ACLU, estaban a punto de ser expulsadas del país sin la oportunidad adecuada de apelar su designación.

El gobierno de Trump ha deportado a personas a las que ha acusado sin pruebas de ser miembros del Tren de Aragua a una prisión de El Salvador, donde, según argumenta, los tribunales estadounidenses no ordenar su liberación. Hellerstein se refirió a la instalación como una “cárcel notoriamente malvada”.

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