El fiscal general William Barr busca juzgar a manifestantes violentos por 'sedición', indica un reporte

Según dijeron fuentes cercanas al diario The Wall Street Journal, William Barr ha instado a los fiscales a buscar cargos federales siempre que fuera posible y para ello enumeró una serie de estatutos adicionales que podrían emplearse, entre ellos el de sedición, que se usa en muy pocas ocasiones.

Por:
Univision
En medio de una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dos fiscales federales y un funcionario del Departamento de Justicia acusaron al secretario William Barr y a sus altos subalternos de tomar decisiones “basados en consideraciones políticas” y en su deseo de complacer al presidente Donald Trump. Las acusaciones fueron rechazadas por congresistas republicanos y ahora se espera que el funcionario señalado testifique como parte de la investigación. Más información aquí.
Video Controversia durante el debate sobre la supuesta politización del Departamento de Justicia bajo la dirección de Barr

En una llamada con fiscales federales la pasada semana, el fiscal general William Barr les instruyó a considerar el estatuto de 'sedición' para acusar a los alborotadores y otras personas que habían cometido actos violentos en las protestas de los últimos meses, según dijeron a The Wall Street Journal dos personas familiarizadas con esa llamada de trabajo.

Esta inusual sugerencia alarmó a algunos de los presentes y participantes de la llamada, según dijeron estas fuentes, que hablabaron bajo anonimato por temor a represalias.

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De forma general, según estas fuentes, Barr habría instado a los fiscales a buscar cargos federales siempre que fuera posible y para ello enumeró una serie de estatutos adicionales que podrían usarse, como la agresión a un funcionario federal, motín uso de explosivos, crimen organizado o sedición.

Además, ambas fuentes informaron al Journal que Barr pidió a los fiscales de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia a evaluar la posibilidad de presentar cargos contra la alcaldesa demócrata de Seattle, Jenny Durkan, por permitir que se estableciera una zona tomada por los manifestantes y libre de policía en el centro de la ciudad durante varias semanas; aunque un portavoz del departmento que habló con The New York Times negó que el fiscal general hubiese explorado esa idea.

De ser ciertas, estas disposiciones de William Barr van en sintonía con la posición que ha mantenido hasta el momento, que a su vez sigue la línea del presidente Trump, quien ha insistido en criminalizar las protestas e intentar inculpar a los demócratas por la violencia. Con estas medidas se intenta procesar los posibles delitos ocurridos durante las protestas de la forma más agresiva posible, especialmente en ciudades gobernadas por demócratas.


En el mes de junio, William Barr formó un grupo de trabajo para contrarrestar la labor de lo que describió como extremistas antigubernamentales que se habían "involucrado en actos de violencia indefendibles diseñados para socavar el orden público", de lo cual responsablizó directamente a grupos de extrema izquierda o a simpatizantes de Antifa, que según expertos ni siquiera es un movimiento organizado.

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Sin embargo, en numerosos casos de delitos e instigación de la violencia durante las protestas se han identificado a miembros del movimiento "boogaloo", cuyos seguidores predicen la guerra civil y están afiliados a múltiples ideologías, principalmente de extrema derecha.

Pero a pesar de la presencia de grupos extremistas de ambos expectros políticos, además de delincuentes y saqueadores, más del 93% de las protestas en Estados Unidos este verano fueron pacíficas, según un informe del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados, que monitorea la agitación política en todo el mundo.

¿Qué es el delito de sedición y cómo se aplica?

La sedición es un delito grave cuyo castigo va desde multas hasta 20 años de prisión y se aplica de forma muy selectiva y con claras evidencias contra actos de incitación a la revuelta o violencia contra una autoridad legal con el objetivo de destruirla o derrocarla, especialmente contra los gobiernos y sus funcionarios. Según los expertos legales, este estatuto es muy difícil de probar en una corte.

La forma más extrema de la ley federal de sedición, que rara vez se invoca, criminaliza las conspiraciones para derrocar al gobierno de Estados Unidos, una situación extraordinaria que no parece ajustarse a las circunstancias de las protestas e incluso disturbios en lugares como Portland o Kenocha.

Pero otras formas de sedición también podrían ser aplicables a partir de que dos o más personas hayan conspirado para usar la fuerza y oponerse a la autoridad federal, obstaculizar la capacidad del gobierno para hacer cumplir cualquier ley federal o apoderarse ilegalmente de cualquier propiedad federal, aunque siempre habría que demostrar que hubo conspiración.

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Otras acusaciones por 'sedición'

Uno de los pocos casos en los últimos años que involucró acusaciones de sedición terminó en la absolución de los implicados: miembros de un grupo de milicias de Michigan, Ohio e Indiana que fueron acusados en 2010 de conspirar para matar a un oficial de policía local e iniciar así un enfrentamiento armado con las autoridades estatales y federales.

Pero a pesar de ello fueron declarados inocentes en 2012 por un federal, que dijo que el caso del gobierno se había basado en "pruebas circunstanciales" y no demostraba que había habido conspiración o un "acuerdo concreto" para oponerse por la fuerza al gobierno de Estados Unidos.

En cambio, muchos de los casos de conspiración sediciosa de más alto perfil y que ha ganado el gobierno de los Estados Unidos están vinculados al independentismo puertorriqueño y las conspiraciones para derrotar al gobierno estadounidense en la isla.

Aquí destaca el caso de Pedro Albizu Campos y otros compañeros suyos del Partido Nacionalista, que fueron condenados por sedición en 1937. Albizu Campos fue encarcelado durante 10 años ya que según los fiscales estadounidenses, era el líder de un complot para lograr la independencia de la isla de forma forzosa.

Las acciones represivas de funcionarios federales en las protestas contra el 
<a href="https://www.univision.com/temas/racismo">racismo</a> en Portland, la ciudad más grande de Oregón, celebradas por el presidente Donald Trump pero realizadas sin el consentimiento local, podrían abrir paso a una crisis constitucional. La fiscal general del Estado, Ellen Rosenblum, presentó una demanda ante un tribunal porque agentes federales enmascarados han arrestado a personas en la calle, lejos del palacio de justicia, sin causa probable y se las han llevado en autos sin identificación.
En la madrugada del lunes se registró nuevamente un choque entre los manifestantes y las fuerzas federales en las afueras del palacio de justicia en Portland, incluyendo un pequeño incendio fuera del edificio y gas lacrimógeno desplegado para dispersar a la multitud. La gobernadora del estado, Kate Brown, dijo el pasado viernes que el presidente Trump “busca un enfrentamiento en Oregon con la esperanza de ganar puntos políticos en Ohio o Iowa”.
El presidente Donald Trump 
<a href="https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/trump-amenaza-con-enviar-mas-fuerzas-federales-a-ciudades-gobernadas-por-democratas">defendió el despliegue de tropas federales en Portland</a>. "Estamos aplicando la ley", respondió el presidente consultado sobre el despliegue de tropas federales a ayudar a la policía local. Trump aseguró que "Portland estaba totalmente fuera de control" y señaló que las fuerzas federales "han hecho un trabajo fantástico" en tres días; "en muy poco tiempo". Además se quejó de que esas ciudades están dirigidas por "demócratas liberales", de "izquierda radical".
Los agentes federales disparan gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes de 
<a href="https://www.univision.com/temas/black-lives-matter">Black Lives Matter</a> cerca de la Corte Mark O. Hatfield este lunes en Portland. Dos senadores de Oregon y dos de sus miembros de la Cámara han pedido al inspector general del DHS, así como al 
<a href="https://www.justice.gov/espanol" target="_blank">Departamento de Justicia </a>que investigue "la presencia no solicitada y las acciones violentas de las fuerzas federales en Portland"
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"Esto es una democracia, no una dictadura", dijo la gobernadora de Oregón, 
<a href="https://twitter.com/OregonGovBrown/status/1285356318404907008?s=20" target="_blank">Kate Brown, en Twitter</a>. "No podemos tener a la policía secreta secuestrando gente en vehículos sin identificar. No puedo creer que tenga que decirle eso al presidente de Estados Unidos". Los oficiales federales usaron gases lacrimógenos y proyectiles para mover a la multitud después de que algunos manifestantes derribaran una valla frente al juzgado.
Este manifestante muestra las heridas de perdigones que le quedaron en su cuerpo. El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo el pasado jueves que las autoridades estatales y municipales tienen la culpa de no poner fin a las protestas en Portland, enojando a los funcionarios locales.
Muchas de las protestas nocturnas en varias ciudades estadounidenses, que comenzaron después de 
<a href="https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/asesinaron-a-mi-hermano-estaba-pidiendo-ayuda-familiares-de-george-floyd-claman-justicia">la muerte de George Floyd</a> a manos de la policía de Minneapolis, se han terminado en choques violentos. Las tensiones han aumentado en las últimas dos semanas, particularmente después de que un oficial del Servicio de Alguaciles disparó contra la cabeza de un manifestante el pasado 11 de julio, hiriéndolo gravemente.
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Un prominente republicano, el senador Rand Paul, de Kentucky, criticó el uso de agentes federales para reprimir manifestaciones. "No podemos renunciar a la libertad por la seguridad. La policía local puede y debe manejar estas situaciones en nuestras ciudades, pero no hay lugar para que las tropas federales o agentes federales no identificados acorralen a la gente a su antojo", 
<a href="https://twitter.com/RandPaul/status/1285270380127629315?s=20" target="_blank">escribió Paul en un tuit</a> el lunes.
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Las protestas han tenido lugar en Portland durante 52 noches. Muchas manifestaciones han atraído a miles de personas y han sido en gran medida pacíficas. Pero grupos más pequeños, de hasta varios cientos de personas, se han concentrado en propiedades federales y en edificios de las fuerzas del orden locales, a veces incendiando comisarías, rompiendo ventanas y chocando violentamente con la policía local.
El alcalde de Portland, Ted Wheeler, que ha estado bajo fuego por su manejo de las protestas, dijo el domingo en el programa 'State of Union' de CNN, que las manifestaciones estaban disminuyendo antes de que los oficiales federales se involucraran. "Están intensificando bruscamente la situación. Su presencia aquí está llevando a más violencia y más vandalismo. Y no está ayudando a la situación en absoluto", expresó Wheeler.
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Las acciones represivas de funcionarios federales en las protestas contra el racismo en Portland, la ciudad más grande de Oregón, celebradas por el presidente Donald Trump pero realizadas sin el consentimiento local, podrían abrir paso a una crisis constitucional. La fiscal general del Estado, Ellen Rosenblum, presentó una demanda ante un tribunal porque agentes federales enmascarados han arrestado a personas en la calle, lejos del palacio de justicia, sin causa probable y se las han llevado en autos sin identificación.
Imagen Noah Berger/AP
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