La pregunta de ciudadanía del Censo fue una idea original de un republicano que tenía una oscura intención electoral

A pocas semanas de que la Corte Suprema presente su decisión sobre la constitucionalidad de la pregunta de ciudadanía que quiere incluirse en el Censo 2020, nuevos documentos sugieren que esa idea busca un beneficio político para el Partido Republicano y evadir la Ley de Derechos del Votante, como argumenta el gobierno.

Un grupo de documentos encontrados en los archivos de un destacado estratega republicano fallecido el año pasado sugiere que reintroducir el polémico tema décadas después de salir del Censo es parte de un plan para darle ventaja electoral a los republicanos, perjudicando a votantes de minorías, en especial los latinos.

Los papeles en cuestión pertenecían a Thomas Hofeller, un estratega republicano poco conocido pero considerado el arquitecto del diseño de distritos políticos. Estos 'rediseños' han sido dibujados desde los años 80 para dar ventaja al Partido Republicano. Hoy están siendo desafiados ante la Corte Suprema. En su obituario, The New York Times llama al republicano "el Miguel Ángel del diseño de distritos".

La hija de Hofeller, Stephanie Hofeller Lizon, encontró por accidente los documentos en los discos duros de su padre. Ella se los entregó a la organización Common Cause, un grupo que participa en una demanda contra el estado de Carolina del Norte por el diseño de distritos políticos supuestamente con motivaciones partidistas republicanas.

Hofeller “jugó un rol significativo en orquestar la adición de la pregunta de ciudadanía en el Censo Decenal 2020 para crear una ventaja electoral estructural para, en sus propias palabras, ‘republicanos y blancos no hispanos’”, según una carta que los abogados que representan a grupos que demandan al gobierno enviaron al juez de distrito Jesse Furman, uno de los tres que ha fallado en contra de la pregunta.

Los demandantes aseguran que el gobierno de Donald Trump ha oscurecido el papel de Hofeller ante las cortes que han analizado el caso de la pregunta.

"Desventaja demócrata, ventaja republicana"

Los documentos muestran que Hofeller concluyó en 2015 un estudio en el que determinó que sumar la cuestionada pregunta en el Censo 2020 “será claramente una desventaja para los demócratas (…) y una ventaja para republicanos y blancos no hispanos” a la hora de dibujar los distritos electorales. Luego promovió la idea con el gobierno de Trump en 2017.

Esos documentos contradicen los testimonios que dio Mark Neuman, el asesor del secretario de Comercio, Willbur Ross, y John Gore, un funcionario del Departamento de Justicia, quienes han declarado ante los tribunales en defensa de la inclusión de la pregunta.

El diario The New York Times fue el primero en reportar sobre los documentos encontrados. Ni el Departamento de Justicia, ni el de Comercio (el encargado de administrar el proceso de empadronamiento de la población) han respondido a la solicitud de comentarios de varios medios de comunicación.

No está claro si esta nueva evidencia podrá ser presentada ante la Corte, que ya escuchó los argumentos de las partes el pasado 23 de abril y que se prepara para dar su sentencia a finales de junio. En esa sesión muchos analistas interpretaron que los jueces considerados conservadores -la mayoría en la corte- parecieron ser más comprensivos con la posición del gobierno.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una moción para “sancionar y otros alivios que la corte considere apropiados, ante el testimonio aparentemente engañoso” que habrían dado los funcionarios del gobierno a lo largo del proceso legal, dijo Dale Ho, abogado que presentó el caso ante el Supremo en representación de ACLU.

“Hemos empezado en la corte distrital porque allí es donde empezó la presentación engañosa. Estamos evaluando qué otras opciones pueden ser apropiadas”, dijo Ho reseñado por The Washington Post.

“Simplemente muestra que hubo un plan considerado por mucho tiempo para usar al censo para diluir el poder electoral de las minorías y tratar de enlentecer los efectos electorales del cambio demográfico que está atravesando este país”, aseguró Ho.

El juez Furman ordenó al gobierno que entregue una respuesta para las 10 am del viernes y convocó una audiencia sobre el caso para el próximo miércoles.

El conteo de población del censo se usa para distribuir unos 800,000 millones de dólares al año en fondos federales para atender las necesidades de residentes y ciudadanos (como la distribución de servicios públicos de educación, salud, etc.). También se usa ese conteo para dibujar los distritos electorales que determinan la representación política de los ciudadanos en el Congreso federal, las asambleas estatales o consejos municipales.

Es por eso último que muchas organizaciones que promueven el derecho al voto o que representan minorías se han opuesto a reintroducir la pregunta sobre ciudadanía: consideran que suprime el voto en zonas donde viven minorías.

Según esas quejas, el mecanismo funciona así: la pregunta inhibiría a muchos inmigrantes de responder el censo por temor a ser identificados y discriminados por las autoridades. Por lo tanto, no se contarían entre la base poblacional de la zona. Eso reduciría el número de habitantes registrados en esa área, por lo que le corresponderían menos representantes políticos: a menos habitantes, menos representantes de elección popular. Por esto, algunos distritos podrían desaparecer y terminar siendo integrados con otros (con seguridad menos diversos, es decir más blancos y potencialmente más conservadores).

Aunque no todos los habitantes voten (porque muchos pueden no ser ciudadanos con derecho al voto) los inmigrantes legales deben ser contados para poder determinarse las necesidades reales de un distrito. Las escuelas, por ejemplo, no pueden negarle educación a ningún niño por ley, sin importar su estatus migratorio.

Los documentos hallados en las computadoras de Hofeller revelan que en agosto de 2017 el estratega ayudó a escribir el borrador de una carta que envió el Departamento de Justicia y al de Comercio pidiendo introducir la pregunta. El argumento oficial a su favor era de hacer respetar la Ley de Derecho al Voto.

El meollo de la batalla judicial sobre la pregunta es de dónde surgió la idea de la pregunta sobre ciudadanía y cuál es su objetivo.

El secretario de Comercio Wilbur Ross había dicho al Congreso que la iniciativa vino del Departamento de Justicia en una carta enviada en diciembre de 2017, pero los documentos aportados por el gobierno demuestran que meses antes había sido Ross quien había promovido el asunto.

Los fallos contra la pregunta en cortes inferiores respaldan el argumento de los demandantes de que no es necesaria para reforzar la Ley de Derecho al Voto. Destacan que el secretario Ross actuó incluso en contra de las recomendaciones de la oficina del Censo de no reestablecer la preunta, precisamente porque el efecto inhibidor que tendría entre muchos encuestados desvirtuaría el conteo.