"Los nazis recibieron un mejor trato": la controvertida audiencia en la corte de apelaciones por la deportación de venezolanos a El Salvador

Una jueza de una corte de apelaciones consideró este lunes que "los nazis recibieron mejor trato" que los venezolanos expulsados a El Salvador cuando se les aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial y que fue nuevamente implementada por el presidente Donald Trump este mes.

El gobierno de Trump envió dos aviones con inmigrantes venezolanos a una megacárcel de El Salvador el 15 de marzo tras invocar esa ley de 1798, usada hasta ahora en tiempos de guerra.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite deportar a los no ciudadanos sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal. Trump emitió una orden ejecutiva en la que calificaba a la banda Tren de Aragua de fuerza invasora.

“Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que el que ha ocurrido aquí”, dijo la jueza Patricia Millett, que forma parte de un panel de jueces de la corte de apelaciones que pareció dividido este lunes sobre este caso que ha provocado una escalada de tensión con los tribunales federales y el gobierno de Trump.

El 15 de marzo, James Boasberg, juez de una corte de distrito de Washington, suspendió temporalmente las deportaciones llevadas a cabo en nombre de la ley del siglo XVIII, por ello el gobierno de Trump recurrió a un panel de tres jueces de la corte de apelaciones que escuchó este lunes los alegatos.

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Las discrepancias sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros

Durante la audiencia en el tribunal de apelaciones de EEUU para el Circuito del Distrito de Columbia, el fiscal del Departamento de Justicia, Drew Ensign, expresó su desacuerdo con los comentarios de Millett.

"Ciertamente cuestionamos la analogía nazi", dijo Ensign quien también señaló que la orden del juez Boasberg "representa una intrusión sin precedentes y enorme en los poderes del brazo ejecutivo" e impide a Trump ejercer "sus poderes en materia de guerra y asuntos exteriores".

A la jueza Millett no le pareció muy convincente este argumento. En su opinión el juez de primera instancia no pone en duda la autoridad presidencial, sino que pide que los deportados puedan defender sus casos ante un tribunal.

Los abogados de varios de los venezolanos deportados aseguran que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, ni han cometido crimen alguno. Según su versión, los han tomado como blanco por sus tatuajes.

"La gente en esos aviones ese sábado no tuvo la oportunidad de impugnar su remoción", protestó Millett, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama. "El presidente tiene que cumplir la Constitución y las leyes como cualquier otra persona", agregó en otro momento.

El juez Justin Walker, designado por Trump, también sugirió la conveniencia de vistas judiciales, pero pareció receptivo a los argumentos de que la suspensión infringe los poderes presidenciales.

Walker también presionó al abogado de los demandantes para que citara algún caso anterior en el que una orden judicial que bloqueara "una operación de seguridad nacional con implicaciones en el extranjero" sobreviviera a la revisión en apelación.

La juez Karen LeCraft Henderson, nombrada por el presidente republicano George H. W. Bush en 1990, fue la tercera juez del panel. No hizo preguntas durante la vista, que duró unas dos horas.

Por su parte, Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la organización autora de una demanda contra las deportaciones, señaló en la corte de apelaciones que el gobierno de Trump usa la ley de 1798 "para intentar eludir los procedimientos migratorios".

"Todo esto se ha hecho en secreto", dijo Gelernt.

La tensión entre el gobierno de Trump y el Poder Judicial

Sin la suspensión temporal, el gobierno probablemente reanudaría de inmediato las deportaciones en nombre de esta ley, estimó Gelernt.

"Estamos hablando de personas que son enviadas a El Salvador, a una de las peores prisiones del mundo, incomunicadas", alertó el abogado de la ACLU.

En un documento de 37 páginas el juez de distrito confirmó la suspensión de las deportaciones en nombre de la ley del siglo XVIII.

Alega que, antes de ser expulsados, los demandantes deben poder impugnar individualmente ante los tribunales estadounidenses su pertenencia al Tren de Aragua.

Boasberg también hace hincapié en la aparente falta de transparencia del gobierno de Trump porque el decreto lleva fecha del 14 de marzo y se publicó al día siguiente, aproximadamente una hora antes de la vista judicial de emergencia.

La expulsión acelerada de un extranjero en virtud de la ley de 1798 "sin darle la oportunidad de salir por su cuenta del territorio o de impugnar esa orden, es ilícita", escribió el magistrado.

Trump ha atacado a Boasberg, llegando incluso a pedir su destitución, lo que le ha valido una reprimenda pública del presidente de la Corte Suprema John Roberts.

En una declaración poco habitual Roberts dijo que "el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial".

Por ahora la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial hace temer que el gobierno de Trump ignore la suspensión.

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